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El Defensor de los Consumidores
04 | 11 | 2012
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Aumento de tarifas de la telefonía celular

Pablo Chamatropulos
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Por Pablo Chamatropulos


Las empresas proveedoras de telefonía celular aplicarán un aumento en sus tarifas que va del 9 al 16% a partir de diciembre, lo que provocó las quejas de asociaciones de defensa al consumidor.

Aumento de tarifas de la telefonía celular
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Personal, Claro y Movistar incrementarán el precio de sus servicios entre un 9 y un 16%, ajuste que para algunos clientes es el tercero en lo que va de 2012 con un acumulado de un 30% para algunos servicios.

Claro anunció que a partir del 28 de diciembre aumentará un 16% el costo de las llamadas y los mensajes de texto prepagos.

Desde ese momento el precio de cada SMS saltará de $0,60 a $0,70, y el del minuto pasará de $2,59 a 3 pesos. Movistar informó que subirá sus tarifas del 9 al 12% a partir del 4 de diciembre para clientes prepagos y de abono.

Es el tercer aumento en lo que va del año: en agosto sus abonos habían subido un 3,7%, y en febrero hubo subas del 8 al 12%.

Personal ya aplica desde el 9 de octubre una suba del 9% en promedio para sus abonos.

El servicio ‘Black Todo Incluido’ pasa de $199 por mes a $229, un 15% más caro. Hay casos en los que el precio del minuto pasó de $1,49 a $1,71, y el del SMS de $0,60 a $0,68. La última suba que aplicó la empresa fue en noviembre de 2011, cuando subió sus precios un 9,8%.

Ante los incrementos, la Red Argentina de Consumidores calificó a las subas como ‘decisiones unilaterales’ y se quejó de que las compañías ‘hacen lo que quieren’ con las tarifas. Héctor Polino, fundador de Consumidores Libres, sostuvo que el incremento es ‘un nuevo tarifazo ante el silencio cómplice de las autoridades nacionales’.

Hasta acá un relato de la realidad y algunas opiniones de los referentes de los consumidores, ahora corresponde responder si una modificación de las tarifas de los servicios de las empresas de telefonía celular es una medida que vulnera los derechos de los consumidores y que se puede hacer al respecto.

Como señalan quienes representan a los usuarios, se trata de una medida ilegítima, por varios puntos: En primer lugar no tiene un acuerdo previo con los clientes, ya que al tratarse de una medida unilateral, no es el producto de una negociación entre partes, en segundo lugar en muchos casos no hay información ‘previa’ como corresponde por ley, y en tercer lugar porque modifica las condiciones contractuales sin que existan motivos para ello. Nadie desconoce la inflación imperante en nuestro país, pero la misma es inferior a los guarismos que aplicaron las empresas por encima del 30%. El cálculo inflacionario más pesimista la ubica en torno a un 25%. Pero además hay otros aspectos importantes que destacar: La telefonía es un servicio que no insume costo por comunicación. Es decir, que tanto en telefonía fija como celular, no hay un consumo material por hablar 1 minuto ó los 43.200 que contiene el mes. En el caso de otros servicios (Agua, Gas, Electricidad, etc.) hay fluidos que se consumen concretamente que son medibles en unidades determinadas. Por esa misma razón, en muchos países del mundo se cobra un abono fijo que resulta ilimitado (se pueden hacer 1 o 1.000 llamadas). Ello no significa que el servicio sea gratuito o que la empresa no tenga costos; significa que tiene otros costos (inversión, tecnología, instalaciones, personal, etc.). Pero, para aplicar una ‘actualización’ de tarifas en forma legal deberán convocar a sus clientes, detallar adecuadamente los mayores costos que tuvieron que afrontar y avisar con debida anticipación del cambio tarifario; dando en su caso opciones al consumidor, para retirarse del sistema sin recargos o bien alternativas para reducir su gasto mensual.

Si estas condiciones no se dan, el aumento es ‘ilegal’ por violar las disposiciones de la ley de defensa del consumidor y cualquier persona puede impugnarlo en su compañía, luego ante las oficinas de aplicación de la ley, ante las asociaciones de consumidores y finalmente (en forma simultánea si quiere) ante los estrados judiciales.

Lo que centra al ámbito de legalidad o no del aumento es, si las condiciones contractuales varían o no. Dicho de otro modo: si para el consumidor representa un servicio con las condiciones de ‘costo-beneficio’ compatibles con el momento de selección del proveedor. Por ello, es innecesario el debate y la exigencia de la declaración como ‘servicio público’ por ley, que bien podría traer algunos otros beneficios tutelares para los usuarios, pero que no implica que hoy no exista un marco normativo que nos proteja. El problema no es legislativa sino de aplicación de la ley. Hay reglamentación suficiente para lograr que estas empresas no perjudiquen a sus clientes, en el aspecto tarifario y tantos otros, lo que no existe es voluntad política y probablemente idoneidad en algunos ámbitos para aplicar la ley rigurosamente y ajustar a derecho a los actores empresarios.

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