Lo que comenzó como un rumor, se transformó en un escándalo que mucho tuvo que ver con la caída de De la Rúa. Recordemos de qué manera fue cobrando cuerpo la causa que comenzó a partir de un trascendido periodístico
En su declaración ante el Tribunal Oral que definirá la causa de los sobornos en el Senado, Mario Pontaquarto comentó el argumento que el entonces jefe del bloque radical le habría dado para justificar el cohecho investigado: "Era la primera ley importante de la Alianza y podía pasar lo mismo que con la ley laboral de Alfonsín, que la perdimos en 1984 por un voto del senador Elías Sapag".

En efecto, esa fue la génesis del escándalo que puso la piedra basal de lo que terminaría siendo la caída de Fernando de la Rúa. Cabe recordar que a partir de ese episodio se produjo la renuncia del vicepresidente Carlos "Chacho" Álvarez, que debe ser tomada como un elemento clave para la debacle de la gestión aliancista. De hecho, marcó una suerte de ruptura en la alianza gobernante.

El riesgo país, que tanta atención concitaba por esos días, experimentó entonces un respingo cuando el líder frepasista dio por concluida su intervención en la investigación de los hechos de la Cámara alta anunciando su renuncia.

Hay economistas que aseguran que con la ida del vicepresidente, la Argentina perdió 2.000 millones de dólares que migraron ante la incertidumbre planteada entonces.

Pasada la instancia de Diputados, donde la Alianza tenía mayoría, en el Senado la relación de fuerzas se invertía. Los senadores del PJ rápidamente le hicieron sentir al gobierno que no tenían la menor prisa por sacar la ley, lo cual representaba una estrategia en sí misma. De entrada, le habían concedido a la flamante administración aliancista la aprobación de dos leyes, el Presupuesto y el paquete fiscal, así como también la presidencia provisional del Senado. De momento, era todo lo que estaban dispuestos a ceder, y así y todo habían hecho transpirar al Ejecutivo. Para el resto, había que negociar ley por ley, punto por punto.

De eso no tenía dudas el gobierno, que dispuso que del tema se ocupara el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique. Hábil negociador, el mendocino era uno de los dos frepasistas que tenía el gabinete de la Alianza, de la que había sido jefe de campaña. Era además el hombre de mayor confianza de Carlos Álvarez, al punto tal de haber sido su operador político.

La mecha del escándalo la encendieron unas breves líneas de un artículo dominical escrito por Joaquín Morales Solá, aunque la versión ya estaba circulando en los pasillos del Congreso. Precisamente un senador justicialista distanciado de la conducción del bloque lo había mencionado ante la prensa como al pasar, en el marco de una serie de críticas, diciendo sin margen de dudas lo que luego aparecería publicado.

Pero la clave fue la referencia periodística, que apenas había ocupado dos párrafos de la columna dominical de Morales Solá publicada en el diario La Nación el 25 de junio de 2000, potenciándose luego a niveles extraordinarios, por cierto muy distintos a los registrados a la hora de su propia edición.

Los senadores justicialistas acababan de darle al gobierno una nueva lección, desnudando la fragilidad del manejo político aliancista, al bocharle el decreto de ajuste con el que esa administración pretendía poner en caja el monumental déficit. En su análisis, Morales Solá definía a los miembros de la bancada peronista como "los únicos dirigentes de ese partido en condiciones de postrar a la administración", tras haber disparado la primera gran crisis política y económica del gobierno aliancista.

Los párrafos clave de esa nota fueron los siguientes: "Incluso, habrían existido favores personales de envergadura a los senadores peronistas -para sorpresa de algunos-, después de que estos aprobaran la reforma laboral; esas concesiones fueron conversadas y entregadas por dos hombres prominentes del gobierno nacional. La puerta que se abrió es un precedente arriesgado, en el que el intercambio de favores reemplazaría a la política. ¿Qué línea prevalece? ¿La de aquellos favores a cambio del voto para una ley, o la del vicepresidente Carlos Álvarez, que viene denunciado a los senadores peronistas y a la corporación senatorial por el uso que ésta hizo de los recursos de la Cámara?".

El escándalo no estalló de inmediato tras la publicación del comentario, lo que más de uno interpretó como la intención de "no hacer olas". No contaban con la ira del senador Antonio Cafiero, quien le dio verdadero impulso a la denuncia. El veterano legislador quiso hablarlo con el presidente de su bloque, Augusto Alasino, quien en un error del que nunca alcanzará a arrepentirse lo suficiente, lo ignoró olímpicamente. Ante ello, Cafiero aprovechó la sesión del 13 de julio para presentar en el recinto una cuestión de privilegio referida al artículo periodístico en cuestión, que aclaró que no iba contra su autor, sino para investigar su entrelínea. Fue mostrar la soga en la casa del ahorcado; la mayoría del auditorio quedó petrificada y tensa.

Según confesó Cafiero, luego de pronunciar esas palabras que dejaron pasmados a su auditorio percibió el mayor grado de soledad que hubiera experimentado hasta entonces. Arrojada la piedra, Chacho Álvarez fue quien más potenció la difusión del escándalo, pero Cafiero se encargó de recordar siempre que al principio aquel no había actuado de igual manera, ya que el vicepresidente de la Nación también había sido una escala previa a la difusión pública de su inquietud por el tema. Y entonces la había pasado por alto, con un convincente "en eso no me meto".

Todo esto era matizado en tanto con un anónimo que circuló por esos días en el que se detallaba puntillosamente el trámite de las supuestas coimas, distribuyendo generosamente nombres, actitudes y montos pactados. En el marco de una investigación de esas que difícilmente llevan a buen puerto si no existe un arrepentido, la Justicia se tomó de ese anónimo para llevar adelante una investigación en la que no parecía creer demasiado.

Fue el mismo Chacho Álvarez quien se encargó de dar impulso a lo que sus pares calificaron de "libelo", al leerlo durante una reunión de Labor Parlamentaria. Más allá de anticipar que no tomaba demasiado en serio el contenido del panfleto, su difusión en ese ámbito virtualmente lo oficializó como denuncia.

Pero las sorpresas no acababan, y cuando nadie daba un peso por la aparición de un arrepentido, surgió una voz que confirmó los hechos desde el anonimato del off the record. Un senador justicialista le contó a la periodista del diario La Nación María Fernanda Villosio cómo habían sido los hechos. La periodista mantuvo reserva de la fuente, pero horas después de difundida la nota, el justicialismo convocó a una conferencia de prensa en la que el titular del bloque, Augusto Alasino, denunció intenciones golpistas.

"Detrás de este operativo de desprestigio del Senado y de sus integrantes se advierte también el propósito de desestabilizar al Poder Ejecutivo, a través del ataque o menoscabo de la figura del Presidente y de sus colaboradores más cercanos", dijo, flanqueado por varios de sus lugartenientes, entre ellos Emilio Cantarero.

Por tratarse de un hombre de perfil bajo, la presencia de este último en ese estrado lo vinculaba con la nota de La Nación, sin necesidad de que nadie hubiera mencionado su nombre. Terminó de enterrarse Cantarero cuando al cabo de la conferencia tomó el micrófono y desmintió lo publicado.

Considerándose librada del off the record, la periodista publicó al día siguiente la confirmación del senador salteño como su fuente anónima. Fue palabra contra palabra y si bien no prosperó la querella que el senador le entabló, tampoco esos dichos sirvieron para esclarecer la causa de los supuestos sobornos. Eso sucedería años después, con la aparición de Mario Pontaquarto ratificando ese episodio. De hecho, la causa que condujo al juicio se denomina "Cantarero, Emilio Marcelo y otros s/ cohecho".

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