El nuevo esquema implica una división entre estratos de poder adquisitivo (para el agua) y estratos de nivel de consumo (para el gas) y, a partir de tal segmentación, establece distintos porcentajes de reasignación del subsidio.

El último jueves se anunció el redireccionamiento de subsidios de los servicios públicos de gas de red y agua corriente.

En resumidas cuentas, el nuevo esquema implica una división entre estratos de poder adquisitivo (para el agua) y estratos de nivel de consumo (para el gas) y, a partir de tal segmentación, establece distintos porcentajes de reasignación del subsidio.

Favorece enteramente a los sectores más postergados, quienes no sufrirán ninguna reducción en su porcentaje actual de subvención.

Por lo tanto, puede afirmarse que la medida es puramente una política de corte redistributivo, en el sentido de que no busca el fortalecimiento de las arcas públicas, vía la eliminación de un gasto del Estado, sino tan sólo su redireccionamiento hacia otro programa con fines progresistas.

Haciendo un poco de historia, para entender la lógica de los subsidios debemos remitirnos a la crisis política del gobierno de la alianza en 2001, y la posterior salida del régimen de convertibilidad en el año 2002.

En tal momento, las tarifas de los servicios públicos, tanto energéticos como los transportes públicos, se encontraban plenamente liberalizadas.

El precio de estos servicios, esenciales para el desarrollo vital, estaba valuado en dólares y aumentaba periódicamente.

Esto generaba un fuerte impacto en los salarios de los trabajadores lo cual, sumado a la profunda crisis económica y la inexistencia de paritarias, deprimía los niveles de ingreso disponible de las clases más bajas y, por ende, los niveles de consumo interno.

Con la llegada del kirchnerismo, la situación cambió radicalmente. Desde el inicio, el proyecto político planteó la importancia de gestar un esquema amplio de inserción de las bases populares.

Se congeló el valor de los servicios públicos y, a partir de la creciente recomposición de los salarios y demás estipendios proporcionados por el Gobierno Nacional, se logró reducir la proporción del peso del gasto en agua, gas, electricidad y transporte dentro del presupuesto de las familias.

Este esquema perduró hasta la actualidad; el Gobierno mantuvo su apuesta a pesar de que a través de los años fue creciendo el peso del esfuerzo fiscal sobre las finanzas públicas.

Ahora bien, en un contexto de prioridad del sostenimiento del progreso económico, se concibió un nuevo esquema de segmentación de subsidios, a aplicarse desde el mes de abril.

En términos sintéticos, el adicional monetario de la medida para más de la mitad de los hogares, en el monto de su tarifa de gas, será menor a un alza de $ 1,5 por día mientras que, en el caso del agua, será de $ 2 por día.

Este incremento es marginal para sectores que tienen una holgura salarial significativa, sin obviar el hecho de que ninguna tarifa fue enteramente liberalizada ya que, como máximo, la reducción de subvenciones para el estrato social más acaudalado es del 80%.

Por esto, el núcleo es la pregunta: ¿Por qué esta reasignación de recursos es una medida de neto corte nacional, popular e impronta progresista? Entre otras razones, por lo siguiente:

* Mejora la focalización de la asistencia entre quienes más la necesitan. Al excluir del aumento a todos los beneficiarios de la AUH y a los trabajadores que perciban sueldos inferiores a $ 5.200, entre otros, se logra que ningún sector vulnerable vea aminorados sus ingresos. Se pasa a subsidiar la demanda, que es controlable y no la oferta, qué puede dar lugar a especulaciones por parte de los capitales privados.

* Promueve el ahorro de recursos no renovables como el gas, en el marco de buscar involucrar a las personas en un consumo responsable. Esto es sumamente importante, ya que se verificaba en las prácticas habituales de muchos hogares, de sectores de altos ingresos, una fuerte propensión al derroche en el uso del gas natural o el agua potable, que para un habitante de la zona central del país puede resultar un servicio diario casi natural, mientras que muchos compatriotas en algunas zonas del interior aún no disponen de ellos.

* Las industrias quedarán exceptuadas de la reasignación tarifaria. Esto es esencial para el sostenimiento de la actividad económica, así como de los puestos de trabajo.

A su vez, la medida propicia la mejora en la balanza comercial energética a partir de una futura reducción en los requerimientos de importaciones, en particular de gas natural.

A las claras, esta reestructuración tarifaria está enmarcada en el perfil ideológico redistributivo propio del Gobierno Nacional.

Es una medida de tono heterodoxo, o sea, alejada de los crudos planes de ajuste propuestos por los economistas opositores, que priorizan la moderación en el progreso de los sectores populares.

Se espera que el sustancial ahorro fiscal que se genere, estimado en un piso de $ 5.000 millones, se destine a reforzar el apoyo social que brindan los programas Progresar y la asignación universal por hijo, verdaderos pilares de esta década ganada.