Un fiscal pidió investigar a una banda que hace un negocio de la ocupación en Villa 31, ubicada en el barrio porteño de Retiro. También reclamó el inicio de un censo para saber cuántas familias viven en el asentamiento
La superpoblación y los riesgos en la construcción en la Villa 31, ubicada en la ciudad de Buenos Aires, son una cuestión irresuelta y una investigación apunta al origen del problema: las bandas que se apropian de los terrenos, los venden y se hacen incluso de los subsidios que entrega el Estado.

Una investigación en manos de la Justicia intenta dar con una organización que se apropia de terrenos ocupados del ferrocarril Belgrano Cargas y de la Administración General de Puertos.

El fiscal federal Patricio Evers pidió al juez federal Sebastián Casanello investigar a una organización, a la cual identificó, dedicada a usurpar esos terrenos y ponerlos a la venta, en su mayoría a familias de escasos recursos, aunque las fuentes consultadas pidieron reserva de sus nombres para no frustrar la pesquisa.

Según indica el requerimiento presentado por el fiscal, esa organización incluso se hacía de los subsidios que el Estado suele otorgar a quienes liberen aquellos terrenos ocupados, para lo cual contaría con el apadrinamiento de varios punteros políticos de la ciudad de Buenos Aires.

El ingreso a los terrenos, esto es la ocupación, se hace en forma clandestina ante el riesgo que implica que sigan ingresando materiales de construcción al lugar, por obras que correrían algún peligro de derrumbe.

Según organizaciones vecinales, hay un incumplimiento de las autoridades en el control del ingreso de materiales y por eso se tramita un expediente en la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal.

En la causa a cargo de Casanello, donde se investiga concretamente el accionar de las organizaciones que hacen un negocio de la ocupación, el fiscal Evers pidió que se hagan tareas de inteligencia para dar con la banda. Además, Evers pidió que se ordene un censo poblacional en la Villa 31 para tener contabilizado el número de familias que ya se encuentran habitando en el predio tomado.

En la causa, el juez Casanello ya procesó a cinco personas por el delito de usurpación e interrupción de las comunicaciones en el marco de la ocupación clandestina e ilegal de un predio ubicado en la intersección de la salida de la Autopista Illia y la avenida Ramón Castillo, zona de Retiro.

La investigación está en manos de la Justicia que intenta dar con la organización delictiva.

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