Oficialmente se explicó la tardanza en la organización de audiencias públicas en el interior del país, realizadas con el fin de federalizar el debate del proyecto. En realidad parecía haber sido frenado por el gobierno debido a temas que generaron controversias. Y quedó para 2013.
Entre las razones que motivaron las sucesivas postergaciones se habló de un supuesto "castigo" de parte del Ejecutivo hacia el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, producto del enojo por el fallido 7D, primero, y el fracaso de la reforma judicial después. La manera retribuirle sendos desaires habría sido entonces el cajoneo del proyecto auspiciado por Lorenzetti.
Las cosas parecieron encarrilarse hacia fin de año y el 28 de noviembre de 2013 finalmente el Senado le dio media sanción. En la oportunidad, el radicalismo abandonó el recinto molesto por los cambios introducidos al proyecto. Tampoco se mostró muy convencido el oficialismo, cuyo presidente de bloque, Miguel Pichetto, dijo en su discurso de cierre que esperaba que "haya un proceso de reflexión, de aquí al año que viene, para que en la Cámara de Diputados se puedan procesar las diferencias que seguramente surgirán de este debate. A lo mejor en el tiempo pueda lograrse la unificación de criterios en muchos de los temas, y luego vuelva al Senado con ese debate más consolidado, más avanzado, y podamos ratificar o sostener nuestra votación".
Sin embargo el tema no volvió a tratarse en el Congreso hasta que súbitamente se anunció que iría al recinto de Diputados para ser convertido en ley. Sin la "unificación de criterios" que sugirió Pichetto, y debatido como una nueva muestra de que lo que ordena el Ejecutivo se cumple a rajatabla.
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