Pese al rechazo opositor y tras cuatro horas de debate, los diputados convirtieron en ley el proyecto

La Cámara de Diputados aprobó y convirtió en ley el proyecto que estipula la estatización de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo, en medio de un fuerte rechazo de la oposición.

Tras más de cuatro horas de discusión, la votación arrojó 132 respaldos, 87 rechazos y 5 abstenciones, correspondientes a Facundo Moyano, Víctor De Gennaro, Claudio Lozano, Antonio Riestra y Alcira Argumedo.

La iniciativa crea el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo como unidad funcional dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con sede en la Ciudad de Buenos Aires.

Los principales bloques de la oposición cuestionaron duramente la estatización y relacionaron la universidad con la causa judicial por el desvío de fondos públicos del programa de viviendas Sueños Compartidos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Al cerrar el debate, la presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, apuntó duro a la oposición por rechazar la norma: "Las Madres no han sido cooptadas por la dictadura y ustedes creen que un partido político puede cooptar la dignidad de las Madres. Es vergonzoso que lo digan, lo dicen de izquierda a derecha, tienen el mismo discurso. Es de una subestimación ofensiva de las Madres".

Por la UCR, el jefe de la bancada radical, Mario Negri, se preguntó: "¿Cuáles son los pasivos que va a tener que afrontar el estado? ¿Qué pasa con la investigación de la Fundación frente a la Justicia?".

A su vez, el mendocino Julio Cobos evaluó que "este proceso pretende ocultar hechos sospechados de corrupción y malversación de fondos públicos".

El diputado del Frente Renovador, Adrián Pérez, afirmó que su bloque "respeta la historia de las Madres", pero consideró que la estatización busca "tapar lo triste que fue el Sueños Compartidos".

La líder del GEN, Margarita Stolbizer, catalogó de "engendro legislativo" el proyecto y dijo que está "plagado de contradicciones". La diputada nacional indicó que la iniciativa también tiene "implicancias políticas", ya que está relacionado a "uno de los casos más resonantes de corrupción de la década". "Al Gobierno le importa un pito los sectores que esperaban las viviendas" de Sueños Compartidos, enfatizó.

En el mismo sentido, el legislador de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, evaluó que "esto nada tiene que ver con los derechos humanos, es para tapar una gran maniobra en nombre de los derechos humanos".

En la otra vereda, el diputado oficialista y nieto recuperado, Horacio Pietragalla, apuntó a quienes relacionaron el proyecto con las denuncias por corrupción y sostuvo que el ex apoderado de la entidad, Sergio Schoklender, "ensució la Fundación Madres con sus prácticas enfermizas".

"Nos cuesta escuchar ciertos términos que se sueltan a la ligera sobre la política de derechos humanos de este gobierno", afirmó Pietragalla y agregó: "Me extraña que todavía no puedan ver que cuando Néstor asumió en 2003 era otra la percepción y el conocimiento que gran parte de la sociedad argentina tenía sobre lo que pasó en la dictadura".

El Senado había cumplido con su parte el 28 de mayo de este año, cuando aprobó la medida.


Fuente: NA

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