Vecinos y un concejal de Florencio Varela denunciaron irregularidades en el servicio de recolección de residuos que brinda la municipalidad local y cuestionaron a la vez su deficiente prestación.
Barrios repletos de basura, vecinos que deben pagar a cartoneros para que se lleven las bolsas y una defraudación al fisco municipal que sólo el año pasado superó los 2 millones de pesos son algunas de las irregularidades que caracterizan al servicio de recolección de residuos de Florencio Varela. El malestar de los vecinos por la mugre acumulada en algunos barrios, donde el camión compactador sólo pasa tres de los seis días que establece la concesión, alcanza al gobierno municipal de Julio Pereyra que no controla el servicio y que podría prorrogar en las próximas semanas cuatro años más la cuestionada concesión.

Así lo denunció el concejal Dardo Ottonello (Frente Renovador) al remarcar que "existe un sinnúmero de irregularidades desde el momento mismo en que la empresa ganó la concesión: desde que no tenía la cantidad necesaria de camiones (40) y los antecedentes. Ahora sabemos que la flota tiene más de 20 de antigüedad -hay una unidad de la década del '50- y que prácticamente la firma se creó para hacerse cargo del negocio". Ese dato no es menor para el edil que considera que Pereyra hace la vista gorda en un claro incumplimiento en la gestión.

La licenciataria comenzó con el servicio el 1ª de mayo de 2014 con el nombre "Cooperativa 31 de mayo Ltda" pero meses después cambió la razón social a "Cooperativa de Provisión Los Idóneos". Para el concejal massista "son los mismos socios. Y facturan por quincena las 11300 cuadras -sólo 4600 asfaltadas, que están obligadas a recorrer de lunes a sábado. En las reuniones con vecinos nos dicen que en los barrios alejados del centro sólo trabajan tres días de semana y en zonas como Rocío Sur -detrás de la Pepsi- directamente no aparecen. Y la gente debe llevar la basura cuando va a trabajar".

En cambio en otros barrios con calles de tierra -aseguró Ottonello- "los vecinos al no contar con el servicio deben pagar a los carros entre $50 y $60 por mes para que trasladen las bolsas hasta una calle asfaltada o bien las abandonen en algún terreno donde se forman los basurales, como en avenida Hudson llegando al arroyo Las Conchitas".

Otra de las irregularidades constatadas es que se han facturado más días que los declarados en los que se prestó servicio. Para Ottonello entre mayo y diciembre de 2014 la Comuna sufrió una defraudación de $2.100.000 pesos.


Avanza la causa por lavado al intendente de Hurlingham

En el marco de una causa en la que se investiga por evasión y lavado al intendente de Hurlingham, Luis Acuña y a su familia, un juez de Morón libró oficio al Congreso de la Nación para que envíe copia de la declaración jurada de la diputada María Azucena Ehcosor, esposa del jefe comunal.

El magistrado también envió oficios a la Municipalidad de Hurlingham para saber si los hijos de Acuña (Fabrizio Miguel y Luis Emiliano), "desempeñan funciones en esa intendencia".

Según la resolución judicial, a la que tuvo acceso este medio, el Ejecutivo municipal deberá informar desde cuándo prestan servicios los hijos de Acuña, así como enviar las declaraciones juradas patrimoniales tanto de ellos como del propio intendente.

Como informara Diario Popular, la denuncia se haya caratulada como "causa Nº 65.095/14 c/Fasiem SRL por evasión de impuestos por ocultamiento de bienes al fisco nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", un delito que prevé una de pena de prisión de 2 a 6 años.

Los imputados son el propio intendente Acuña, su esposa y sus hijos diputada nacional por el Frente Renovador, Azucena Ehcosor, los hijos de ambos, Luis Emiliano Acuña, Fabrizio Acuña, María Silvina Acuña y los cónyuges de éstos, Analía Joaquín y Matías Liott.

La causa tramita en el juzgado federal Número Uno de Morón, a cargo del juez subrogante, Juan Pablo Salas, Fiscalía a cargo del Dr. Basso y Secretaría Penal del Juzgado a cargo del doctor. Germán Cancela.

La investigación tuvo su origen en una denuncia formulada el año pasado ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), en la que se dio cuenta de la posible existencia de numerosos bienes inmuebles y vehículos sin declarar a nombre de la sociedad Fasiem SRL integrada por Acuña y sus familiares.

Tras la denuncia, el juez Salas decidió imputar a todos los socios de Fasiem y con fecha 25 de marzo y ante las sospechas de que los imputados posean también bienes muebles o inmuebles tanto en Brasil, libró exhortos internacionales.

El juez de Morón intenta saber si esos bienes fueron ocultados al fisco, eludiendo el pago de los impuestos correspondientes.

El delito por el que se encuentra acusado Acuña, su esposa, sus hijos y cónyuges de estos, es el previsto en el art. 1 de la Ley 24769, que castiga con pena de 2 a 6 años de prisión a aquellos que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional, al fisco provincial o al de la ciudad autónoma de buenos aires.



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