Los profesionales ofrecían “certificados de retención” con los que defraudaron al fisco por 160 millones de pesos. Además, la maniobra les permitía encubrir a 500 empleados no declarados.

La AFIP desbarató una banda integrada por abogados y contadores que ofrecía "certificados de retención" declarados por otras empresas para ser computados contra declaraciones juradas como pagos a cuenta de impuestos, y así evadió más de 160 millones de pesos, denunció el organismo.

 De esta manera, los "compradores" de este producto redujeron los montos adeudados y lograron financiaciones más convenientes de las que permiten las normas impositivas entre evasión previsional e impositiva, detalló el ente recaudador.

La AFIP explicó que como parte de la maniobra, también utilizaban una "Cooperativa de Servicios", a través de la cual encubrían a más de 500 empleados no declarados y las obligaciones previsionales evadidas superarían los 100 millones de pesos.

La operatoria se desactivó gracias a una investigación de la administración federal y luego de allanar 6 domicilios en Entre Ríos y Buenos Aires, donde se secuestraron mails y documentación que describen en forma detallada los servicios ofrecidos, los honorarios cobrados y detalle de los "usuarios" (clientes) que adquirieron este "producto", de acuerdo con información oficial.

 Además, la AFIP indicó que las órdenes de allanamiento fueron libradas por el Juzgado Federal de la ciudad de Paraná, y a partir de ello se pudo secuestrar "valiosa documentación que permitirá determinar impuestos y aportes previsionales que venían siendo investigados en el marco de una causa penal anterior".

"La misma asociación ilícita, se encuentra involucrada con una empresa de transporte y una cooperativa de servicios que simulaba relaciones de dependencia bajo la figura de asociados de la cooperativa.

Estas contrataciones no declaradas involucran un promedio de 500 empleados durante los últimos 5 años", resaltó el organismo. Y añadió que por la maniobra, los responsables podrían recibir entre 6 y 9 años de prisión por el delito de "Simulación dolosa de pago" por la evasión de los 60 millones de pesos.


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