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13 | 11 | 2015
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La Justicia falló a favor de los trabajadores de La Litoraleña

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Determinó que los 115 trabajadores de la fábrica de tapas de empanadas y tartas que denuncian el vaciamiento de la empresa no están usurpando el lugar, y que el dueño es quien está incumpliendo con sus responsabilidades

La Justicia falló a favor de los trabajadores de La Litoraleña
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La fiscal de primera instancia Verónica Andrade, de la Unidad Fiscal Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, determinó que los 115 trabajadores de la fábrica de tapas de empanadas y tartas La Litoraleña que denuncian el vaciamiento de la empresa y permanecen en el lugar al resguardo de las máquinas no están usurpando el lugar, sino que lo que existe es un incumplimiento por parte del dueño, Rodolfo Conti.

La respuesta enviada remarca que "no se vislumbra la existencia de conducta penal denunciada por Conti. Según surge de lo actuado por personal policial, el objeto de la presunta ocupación del inmueble habría sido un reclamo gremial por salarios".

Los 115 trabajadores de La Litoraleña, ubicada en Girardot 345, en el barrio de Chacarita, llevan cuatro meses sin percibir sus salarios. El viernes 30 de octubre, después de una reunión con el dueño en la que le plantearon un plan de pago por lo adeudado para volver a producir, Conti despidió a 29 empleados, la mayoría con más de 30 años de antigüedad.

La empresa, que funciona desde hace 45 años, pidió la apertura de concurso de acreedores y denunció un pasivo de 84 millones de pesos, repartidos en deudas a la AFIP (alrededor de 17 millones), a los aportes y contribuciones a la seguridad social (8 millones), a un banco (2,5 millones) y a distintas financieras, entre otras.

Conti había presentado una denuncia por usurpación, pero fue desestimada. "La fiscalía manifestó que la conducta no constituye un delito, que es una acción gremial que debe ser dirimida en esa instancia", explicó el abogado de los trabajadores Ataliva Dinani. Y agregó: "Es un avance para la lucha que vienen llevando, teniendo en cuenta que lo que quiso hacer el propietario es penalizar el reclamo salarial. Por suerte la fiscalía entendió que era un artilugio más para evitar cumplir con los derechos de los trabajadores".

En tanto, Luis Baini, delegado de la fábrica, expresó: "Nosotros queremos conservar nuestra fuente de trabajo y somos víctimas de esta situación desde hace meses. Después de tantos meses de incumplimiento, queremos conformar una cooperativa con la ayuda de FACTA (Federación de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados) para gestionar la empresa en caso de que vaya a quiebra".

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