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Política
03 | 12 | 2015
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Cómo hace Macri para echar a funcionarios heredados

José Di Mauro
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Por José Di Mauro


Son gente que trascenderá a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y cuya permanencia es resistida por el futuro gobierno. En algunos casos sus desplazamientos son accesibles, pero en otros son bastante difíciles.

Cómo hace Macri para echar a funcionarios heredados
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Fue en agosto pasado cuando el entonces candidato presidencial Mauricio Macri dejó claro, en un almuerzo que compartió con empresarios del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, que no pensaba convivir con el actual titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, si ganaba la presidencia. En ese mismo encuentro celebrado en el Alvear Palace Hotel, incluyó a la procuradora Alejandra Gils Carbó.

Para la jefa de fiscales, la remoción se hace más dificultosa: ahí sí o sí el presidente electo necesita una mayoría legislativa que hoy no tiene, y choca con la resistencia de la procuradora. En el caso de Vanoli, el camino es más sencillo, de ahí que se de por segura su salida, a pesar de que es un secreto a voces que, como los otros funcionarios con estabilidad, habría recibido órdenes para "resistir".

Sin embargo el plan para forzar su renuncia ya está en marcha, por si no entra en razones. Se asienta en la denuncia impulsada por el futuro ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, y los diputados Mario Negri y Federico Pinedo, por incumplimiento de deberes de funcionario público por las millonarias operaciones de dólar futuro. Atento a la "dilapidación" de las reservas, se apelará al artículo 14 de la Carta Orgánica del Banco Central, que señala que las reservas no pueden usarse indiscriminadamente.

El mandato del titular del Central es de seis años, por lo que al haber asumido en octubre de 2014 se extendería hasta 2020. En base a lo que establece la Carta Orgánica del BCRA, un presidente opositor simplemente podría apelar a la falta de "independencia" de Vanoli por su afinidad con el kirchnerismo, aunque ello no implicaría su inmediata remoción. Aquí entra en juego el Congreso. De acuerdo con el artículo 9 de la Carta Orgánica, la remoción de cualquier miembro del directorio de la entidad monetaria debe contar "con el previo consejo (vinculante) de una comisión del Honorable Congreso de la Nación".

La misma será presidida por el presidente de la Cámara de Senadores e integrada por los titulares de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía de la misma y por los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara de Diputados.

La tradición parlamentaria indica que las comisiones de Presupuesto y Hacienda del Senado y de Diputados son presididas por el partido de gobierno como forma de garantizarle "gobernabilidad" al jefe de Estado. Si esto se respeta, el nuevo oficialismo vería allanado el camino para remover a Vanoli, incluso si las comisiones de Economía del Senado y de Finanzas de Diputados recayeran en un partido opositor. Esto es, porque en caso de empate el vicepresidente y titular del Senado inclinaría la balanza a favor del Poder Ejecutivo.

En el caso de la procuradora general de la Nación, como dijimos, el tema es más complicado. Aquí no alcanza con los votos de los presidentes de comisiones.

El artículo 18 de la Ley 24.946 establece los mecanismos de remoción correspondientes para el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, quienes "sólo pueden ser removidos por las causales y mediante el procedimiento establecidos en los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional".

El artículo 53 de la Constitución dice que solo la Cámara de Diputados "ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de Gabinete de Ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes".

Esta norma incluye el cargo del procurador general de la Nación. Y el citado artículo 59 le otorga al Senado la capacidad de juzgar en juicio político a los acusados por la Cámara de Diputados.

Según el artículo 13 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, goza de estabilidad "mientras dure su buena conducta y hasta los 75 años de edad". Ya lo dijo la ministra de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco la última semana: "El cargo de Gils Carbó es para quedarse. Es vitalicio como es el de ministro de la Corte", y en ese sentido aclaró que "el juicio político es la única vía para sacarla del cargo". O bien, como deslizó Diana Conti esta semana, "modificando la Ley de Ministerio Público". Más accesible, pero también imposible hoy por hoy para el próximo oficialismo.


Otros cargos con estabilidad

No son los únicos funcionarios que el macrismo quiere desplazar. Uno de los más importantes es el del titular de la AFIP, quien va por su segundo período de mandato, pues el primero lo inició en 2008. Pero ya Ricardo Echegaray anticipó que se irá, y hasta tiene cargo asegurado: presidirá la AGN.

Los mandatos al frente de la AFIP son por cuatro años, según establece el decreto 1399, firmado por Fernando de la Rúa en noviembre de 2001. El artículo 7º posibilita su remoción por parte del PEN, "en caso de incumplimiento sustancial del Plan de Gestión Anual durante 2 años consecutivos de acuerdo con lo que establezca la reglamentación, teniendo en consideración la evaluación realizada por el Consejo Asesor", como así también "constituirá justa causa de remoción el mal desempeño en el cargo, que deberá ser resuelta previo dictamen de una comisión integrada por el procurador del Tesoro de la Nación, que la presidirá, el secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación y el síndico General de la Nación".

Como se ve, se puede proceder a su remoción a través de un simple decreto, lo que explica la disposición de Echegaray para correrse.

Otro cargo que trascenderá el mandato de Cristina Kirchner es el del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella. Ese es uno de los funcionarios que más cuestionamientos ha motivado de parte de la oposición, y cuenta con mandato hasta 2018.

Este economista platense fue designado por Cristina el 10 de enero de 2010, y ratificado el año pasado por otros cuatro años al frente del organismo encargado de la lucha contra el lavado de activos. Según establece la Ley 26.683 en su artículo 9º bis, "el Poder Ejecutivo podrá remover al presidente y vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) de su cargo cuando incurrieren en mal desempeño de sus funciones o en grave negligencia, cuando resultaren condenados por la comisión de delitos dolosos o por inhabilidad física o moral posterior a su designación".

Esto es, el titular de la UIF no está "a tiro de decreto", pero cuenta con una batería de denuncias que lo podrían hacer pasible de un eventual desplazamiento.

Empero, Sbatella por ahora no ha sido mencionado como objetivo por el futuro oficialismo, como sí sucedió con el titular de la AFSCA, Martín Sabatella, o el presidente de Radio y Televisión Argentina, Tristán Bauer.

El artículo 14 de la Ley 26.522 establece que el presidente y los directores de la AFSCA "sólo podrán ser removidos de sus cargos por incumplimiento o mal desempeño de sus funciones o por estar incurso en las incompatibilidades previstas por la Ley 25.188 (de Etica de la Función Pública). La remoción deberá ser aprobada por los dos tercios (2/3) del total de los integrantes del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, mediante un procedimiento en el que se haya garantizado en forma amplia el derecho de defensa, debiendo la resolución que se adopta al respecto estar debidamente fundada en las causales antes previstas".

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