domingo 11.12.2016 - Actualizado hace
Política
29 | 12 | 2015
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Desde el FpV exigen nombres de políticos ligados al narcotráfico

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Los legisladores bonaerenses de ese partido, encabezados por José Ottavis y Magdalena Sierra, le reclamaron a la gobernadora que revele a quiénes se refería cuando dijo que la política estaba “penetrada por el narcotráfico”

Desde el FpV exigen nombres de políticos ligados al narcotráfico
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Dos horas después de la conferencia de prensa convocada por María Eugenia Vidal, los legisladores bonaerenses del FpV le reclamaron a la gobernadora que diga "quiénes son los políticos" que se relacionan con el narcotráfico.

Encabezados por los presidentes de ambas bancadas, José Ottavis y Magdalena Sierra, los diputados y senadores del FpV pidieron puntualmente que "dé los nombres" de los miembros del Servicio Penitenciario y de los políticos que han sido "penetrados" por el narcotráfico.

"El narcotráfico no está solamente involucrado con una parte del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) o con distintas instituciones del Estado, el narcotráfico ha penetrado en la política y ustedes y yo y todos lo sabemos; también quiero decirlo muy claramente, nosotros no somos parte de eso, no vamos a mirar para otro lado, y cualquiera que sea parte de eso, de cualquier partido o sector, nos va a tener en la vereda del frente", había dicho Vidal minutos antes.

Ottavis no descartó que la fuga esté vinculada a "una devolución de favores por parte de un sector político" en virtud de lo que definió como la "operación política" en la que participó uno de los evadidos, Martín Lanatta, contra Aníbal Fernández.

La "situación de emergencia" en la que está el SPB "no es nueva", dijeron los legisladores del FpV, por lo que consideraron que la gobernadora "tendría que haber tomado ciertos recaudos".

Por último, adelantaron que presentaron un pedido de informes para que los ministros de Seguridad y de Justicia den cuenta sobre diversas cuestiones vinculadas a la fuga y solicitaron que la declaración de emergencia del SPB se complemente con una Comisión Bicameral de la que además participen organismos de derechos humanos y de familiares de personas privadas de la libertad.


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