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Policiales
11 | 01 | 2016
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Inseguridad: buscan avanzar en ley de patrocinio gratuito

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El Consejo Asesor del Centro de Protección de los Derechos de la Víctima (CPV) de la Provincia analizó la marcha de las gestiones para que los familiares tengan un patrocinio gratuito en caso de no tener defensor particular.

Inseguridad: buscan avanzar en ley de patrocinio gratuito
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El Consejo Asesor del Centro de Protección de los Derechos de la Víctima (CPV) de la provincia de Buenos Aires impulsa una iniciativa para la creación de un patrocinio gratuito para familiares de personas damnificadas por hechos de inseguridad y si bien reconocen que existen normas en tal sentido, pretenden generar un espacio "más específico y que funcione de manera automática", tal como ocurren con aquellos imputados en delitos que, en caso de no contar con un abogado particular, son asistidos por un defensor oficial.

Durante una de sus últimas reuniones, celebradas en la Casa de la Provincia, los integrantes del CPV analizaron "la marcha de las gestiones" para lograr avanzar en la ley de Patrocinio Gratuito, precisando que "si bien existen convenios con algunos colegios de abogados de departamentos judiciales bonaerenses y existe una norma, que depende de la defensoría oficial del Ministerio Pública y no se encuentre debidamente difundida, se necesita de una herramienta práctica. Algo más específico para el patrocinio de la víctima, así como el imputado tiene por derecho propio un defensor para que lo asista".

Creado hace más de tres años y dependiente del Ministerio de Justicia bonaerense, este Consejo Asesor es coordinado por Carlos Barrios y tiene como miembros titulares a Roberto Almeida, Nelly Arata, Inés Casse, Leónidas Matheu, Walter Miralles, Karina Muñoz y Ramona Ruíz Díaz, entre otros familiares que perdieron sus hijos o parientes en episodios de inseguridad, tales los casos de Gustavo Melmann y Viviana Ayala. Tiene entre sus facultades, la de elaborar leyes, organizar talleres, impulsar jornadas de debate, articular en congresos sobre la temática y fundamentalmente, "ser el nexo entre las víctimas y el Estado en sus necesidades". Al respecto, ya han adherido a su funcionamiento, municipios como los de Ituzaingó, Lomas de Zamora y partido de La Costa.

Además, se aguarda por la aprobación de un proyecto de ley de Protección e Inclusión a la Víctima, que ya fue elevado a ambas cámaras y también a consideración de la gobernadora María Eugenia Vidal. "Propicia el establecimiento de los derechos que asisten a las personas, que son víctimas de delitos en la Provincia, y determinar las obligaciones que asume el Estado, orientadas a garantizar el acceso a la Justicia, evitar la revictimización y favorecer la reconstrucción de un proyecto de vida. El reconocimiento y el respeto irrestricto de todos los derechos de las personas son condiciones indispensables para su desarrollo individual y para el funcionamiento de una sociedad más justa, solidaria y pacífica", se indica.

En tal sentido, desde el Consejo Asesor del CPV manifiestan que "las situaciones de violencia deberán ser evaluadas desde la perspectiva de la protección integral de la dignidad humana y el valor máximo de la vida, configurándose sobre los fundamentos de lo que denominamos "principios básicos". A saber: Proteger la integridad de la víctima y de la familia frente al agresor. Articular procedimientos lo suficientemente rápidos como para conseguir la verificación de las circunstancias de hecho y las consiguientes medidas de protección, las que deben provocar de una manera integral la protección de la víctima de una sólida vez y de manera automática. El juez debe utilizar la orden de protección de la víctima siempre que lo considere necesario, con independencia de que el supuesto de violencia constituya delito. Lograr la articulación de un procedimiento sencillo, como para que sea accesible a todas las víctimas de violencia y nunca perder de vista que toda persona tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público, como en el privado".

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