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El juez Griesa rescata a un gobierno que venía en zigzag

Gabriel Profiti
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Por Gabriel Profiti


Las urgencias políticas dentro de un contexto económico agitado por una inflación que se mantiene en niveles muy altos mantenía en tensión a la actual administración, que terminó la semana aliviado por el guiño del veterano magistrado norteamericano.

El juez Griesa rescata a un gobierno que venía en zigzag
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Los vaivenes habían marcado el rumbo del Gobierno en la última semana en cuestiones clave y vinculadas entre sí como los cambios en Ganancias, la postura oficial ante las paritarias y la reorganización del Indec, hasta que el juez Thomas Griesa dio un aval a la política económica macrista.

En los últimos días la administración de Mauricio Macri tuvo que volver sobre sus pasos o aclarar tres decisiones muy celebradas originalmente: el nombramiento como número dos del Indec de Graciela Bevacqua; la oferta a los gremios docentes nacionales, y la mejora en el impuesto a las Ganancias.

En todos los casos primó un mismo patrón de conducta: las urgencias políticas dentro de un contexto económico agitado por una inflación que se mantiene en niveles muy altos. "Lamentable". De ese modo, fuentes vinculadas a la política económica definieron la decisión oficial de volver remover a Bevacqua, un ícono de la transparencia estadística tras haber sido echada por Guillermo Moreno durante el kirchnerismo.

El 14 de enero pasado, luego de su primera conferencia de prensa en el Indec, la especialista había fijado un plazo de ocho meses para recuperar una medición confiable de inflación (el Índice de Precios al Consumidor, IPC) y desde ese momento desató todas las tormentas en el Gobierno.

La prensa y la oposición comenzaron a hablar de "apagón estadístico", metáfora que equiparaba al comportamiento actual con el de la administración de Cristina Kirchner.

Para apaciguar las críticas, el ala política del nuevo gobierno -incluido el director del Indec, Jorge Todesca- decidió tener un índice más rápido. Ahora bien, esa premura seguramente le restará credibilidad al nuevo IPC y quizá genere mayor costo político que haber esperado algunos meses más como pedía Bevacqua.

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Paritarias sobre brasas

El Gobierno también comenzó a buscar herramientas provisorias para controlar la inflación -se anunció la publicación online de los precios de supermercados- pero las soluciones no son inminentes y la meta de 25% para 2016 parece difícil de alcanzar.

Al galope de precios y al vendaje sobre las estadísticas se le sumó el anuncio oficial de actualizar las tarifas de la energía eléctrica, sobre todo en el área metropolitana, y el cóctel amenazaba con desmadrar las discusiones paritarias.

Una de esas negociaciones centrales es la de los docentes. En ese contexto, la Casa Rosada buscó avanzar rápido en un acuerdo con los gremios nacionales, que actúan como referencia para las provincias, para lograr que las clases comiencen el 29 de febrero como está previsto, pero luego debió recular.

El ministro Esteban Bullrich ofreció elevar el sueldo inicial de 6.060 a 8.500 pesos en dos tramos, incluyendo un aporte de Fondo de Incentivo Docente (FONID), pero la lectura de que se trataba de un incremento del 40% envalentonó a los gremios provinciales y también a los de otras ramas de actividad.

Viendo las repercusiones, Macri volvió sobre la premisa de sugerir un techo del 25% de aumento salarial para los docentes y Bullrich anunció que la oferta nacional quedaba suspendida porque "entorpeció" las negociaciones distritales.


Menos ganancias

Para enfriar las demandas en paritarias, el Gobierno anticipó la suba del mínimo no imponible de Ganancias. También amplió y mejoró la distribución de las asignaciones familiares.

La elevación del piso desde el que se paga ganancias -fijada previamente en 15.000 pesos no es menor- pero la reacción positiva inicial se vio algo opacada cuando se avanzó sobre la letra chica del anuncio.

De los salarios de bolsillo dejarán de tributar ganancias los casados con dos hijos que ganen menos de 25.000 pesos y los solteros que estén por debajo de 18.800, pero serán alcanzados aquellos que habían quedado exceptuados porque cobraban menos de 15.000 pesos hasta agosto de 2013. Aquella disposición del gobierno de Cristina Kirchner había provocado serias distorsiones.

Además, un día después de hacer el anuncio Macri postergó hasta 2017 los cambios en las escalas del impuesto que son tan distorsivas como la base modificada.

El Gobierno atribuyó estas limitaciones a tratar de paliar "uno de los peores déficits fiscales de la historia".

De hecho, "la herencia" será una parte sustancial del discurso de Macri ante la Asamblea Legislativa, antes de dar paso a las iniciativas que promoverá para el año parlamentario.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, buscaron en las últimas semanas afanosamente conseguir acuerdos políticos con sectores de la oposición para dar obtener aval a esas iniciativas, pero los éxitos fueron parciales y los resultados se verán en la cancha.

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Guiño de Griesa

Entre las propuestas que requerirán consenso parlamentario están la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, que impiden negociar con los holdouts. Esa movida, que ya se anticipaba, cobró valor adicional porque activaría el principio del fin del default técnico de la Argentina.

La derogación fue pedida por el juez neoyorquino como condición para volver a permitir que la Argentina pague su deuda reestructurada en 2005 y 2010 y cumpla con los bonistas que aceptaron la última oferta del macrismo a los "holdouts".

Con esa decisión el juez dio un guiño a la Argentina luego de muchos años: aislará a los fondos buitre NML y Aurelius, entre otros, que rechazaron la generosa oferta de la nueva administración con una quita de hasta 30% de los montos establecidos por el cuestionado fallo inicial de Griesa.

Más allá de los montos comprendidos o de la sensación de injusticia, la administración de Mauricio Macri entiende que hay un fallo que cumplir y considera central cerrar este pleito para alimentar su decisión de conseguir financiamiento internacional a tasas razonables para encarar obras de infraestructura. La decisión del veterano magistrado sintoniza con el giro de 180 grados en la política exterior argentina, plasmada en la próxima visita al país de Barack Obama, la primera de un presidente estadounidense luego de once años.

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