La dirigente podría quedar en libertad merced a un dictamen de un tribunal porteño que considera que “hay persecución política” en el hecho.

El juez Daniel Rafecas resolvió que sea la Justicia federal jujeña resuelva pedido de excarcelación de la dirigente de Túpac Amaru, Milagro Sala detenida por varios hechos desde el 16 de enero pasado. Fuentes judiciales informaron a NA que así lo resolvió el juzgado en coincidencia con lo dictaminado por la fiscal federal de la Capital Federal Paloma Ochoa, y a raíz de un planteo del abogado peronista Emiliano Villar quien denunció persecución política detrás de la detención de Sala.

Además, la fiscalía no descartó que por ser parlamentaria del Mercosur, la dirigente de Túpac Amaru tenga fueros: "toda vez que los parlamentarios del Mercosur deben ser asimilados a los diputados nacionales en el derecho interno, y considerando que Milagro Sala poseería aquella calidad, cabe concluir que su rol de sujeto pasivo de los hechos denunciados motivaría la competencia federal", según Ochoa.

Luego que el juez provincial de Jujuy rechazara la excarcelación de Sala, el abogado Villar reclamó la intervención de la Justicia porteña al considera que existe persecución política y discriminación en contra de Sala.

En una primera intervención, el juez Rafecas declinó competencia y determinó que todo debía resolverse en Jujuy, donde está radicada la causa contra Sala por asociación ilícita a raíz del manejo de fondos públicos que recibió la Túpac Amaru, y por instigación a cometer delitos y tumulto a raíz de una protesta frente a la casa de Gobierno provincial. "Ponderamos a partir de lo sostenido por el denunciante, en cuanto asevera, la convergencia del Poder Ejecutivo y Judicial de Jujuy como responsables de lo que define como la privación ilegal de la libertad que puso en conocimiento, conducen a no poder descartar la posible violación al principio Republicano de Gobierno", según la fiscalía.

Rafecas se apartó de parte de lo de Hotesur

El juez federal Daniel Rafecas se declaró incompetente en un tramo de la causa Hotesur, aunque dispuso una pericia contable por el alquiler de habitaciones del Alto Calafate, propiedad de la familia Kirchner, por parte de Aerolíneas Argentinas.

Rafecas se declaró incompetente y declinó la investigación en manos de su colega Julián Ercolini, al entender que se trata de parte de los mismos hechos que se investigan en la causa que, por "asociación ilícita", se inició por una denuncia de la diputada Elisa Carrió en 2008 contra Néstor Kirchner, Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros. En esa denuncia, ampliada en 2009 y 2010, se hicieron expresas referencias a presuntas prácticas de lavado de activos a través de las firmas "Hotesur" y "Los Sauces", propiedad del matrimonio Kirchner.

Respecto al tramo de Aerolíneas Argentinas, Rafecas dispuso avanzar en la causa al disponer una pericia contable por parte de los peritos de la Corte Suprema, para determinar cantidad y montos por el alquiler de habitaciones en el hotel "Alto Calafate", propiedad de la familia Kirchner, pagados por la empresa estatizada entre 2007 y 2015.

En una resolución de cien páginas, Rafecas dio cumplimiento a lo ordenado por la Cámara Federal en la causa, de establecer cuáles son los hechos que se investigan y de resolver en consecuencia.

Así, el magistrado concluyó que tres son los hechos que se investigan: en primer lugar, "irregularidades en la tramitación del legajo societario de la firma Hotesur en la Inspección General de Justicia", en segundo "una presunta trama de vínculos comerciales y mutuos beneficios económicos entre el matrimonio Kirchner y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Juan Carlos Relats, que abarca negocios hoteleros y sociedades.

En tercero, Rafecas se refirió a las "inconsistencias varias en las declaraciones juradas patrimoniales de Cristina Fernández de Kirchner correspondientes a los años 2011-2013".

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