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Policiales
07 | 03 | 2016
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Llega a juicio muerte de un joven dentro de un calabozo

Néstor Llido
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Por Néstor Llido


Tras nueve años de investigación llena de irregularidades, la muerte de Gabriel Blanco dentro de un calabozo de una seccional de Isidro Casanova llega a juicio con cinco policías imputados, tres de ellos detenidos.

Llega a juicio muerte de un joven dentro de un calabozo
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La muerte de un joven en el interior de un calabozo de una comisaría de la localidad de Isidro Casanova, que la "versión oficial" atribuyó a un suicidio y que siempre fue denunciado por los familiares de la víctima como un caso de violencia institucional, llega a juicio oral y público con cinco efectivos de la Policía Bonaerense como imputados, tras nueve años de una investigación plagada de irregularidades, de una trama de encubrimiento que garantizó cierta impunidad y de intimidaciones a dirigentes de organismos de derechos humanos que hasta fueron demandados penalmente por los abogados de los acusados.

Gabriel Blanco, de 21 años, vivía en el barrio Borgward, había conseguido un trabajo, con el que intentaba mantener a su pequeño hijo y asistía a un tratamiento de recuperación de adicciones, luego de un tiempo de turbulencias, que pretendía dejar atrás. No obstante, por ese "pasado" era hostigado por "brigadas policiales que apretaban a los pibes para que salieran a robar para ellos en zonas liberadas", denunció su padre, apenas conocido su deceso, presuntamente colgado en su lugar de encierro en la seccional policial de San Carlos (Isidro Casanova), en la jornada del 1 de marzo de 2007. 

La intención de cerrar el expediente, de averiguación de causales de muerte, como alguien que se quitó la vida, chocó contra la postura de la familia de un descreimiento primario, en una sospecha que se vio reforzada cuando en el velatorio notaron una serie de marcas en el cuerpo y el faltante de varios dientes. Entonces, como paso inmediato, se solicitó una segunda autopsia, cuyo informe pericial dejó a la hipótesis del suicidio casi en ridículo y la posterior acusación por "torturas, seguida de muerte" recayó contra un grupo de policías, más otros que resultaron imputados por "encubrimiento agravado".

Más de cinco años tuvieron que pasar para que el subcomisario Rubén Darío Suárez, el suboficial Ariel Emiliano Gómez y el oficial Pablo Balbuena fueran procesados con prisión preventiva por el juez de Garantías de La Matanza, Raúl Alí, quienes quedaron detenidos, mientras que los otros implicados son el comisario inspector Claudio Horacio Ilundayn y el capitán Daniel Omar Dos Santos se mantuvieron en libertad, aunque en todos los casos fueron separados de la fuerza.

Los defensores de los policías apelaron dicho procesamiento, que fue desestimada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial de La Matanza y al mismo tiempo, denunciaron a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza y a la Comisión Provincial por la Memoria, quienes apoyan a Teófilo Blanca (padre de Gabriel) por una supuesta "extorsión", al sostener que desde estos organismos se ofrecieron "beneficios" a los presos, quienes declararon en contra de los acusados en el expediente.

El hostigamiento hacia quienes respaldaron el reclamo de la familia de Gabriel Blanco se tradujo en difamaciones públicas (pintadas y pasacalles en la zona de San Justo, donde funcionan los tribunales) y hasta agresiones en la calle, al mismo tiempo que allegados a la víctima recibían amenazas.

Esta situación dio lugar a una denuncia aparte, pero si bien se abrió una investigación, al poco tiempo fue archivada. Y en este contexto, se expresó que "criminalizar a los organismos de derechos humanos y a sus militantes, tanto como difamarlos, es el camino que siguen quienes persiguen la impunidad de la violencia institucional".

Además, el último 22 de diciembre de 2015, antes de las fiestas, el Tribunal Oral Criminal Nro. 5 de La Matanza (que tendrá a cargo el juicio que se inicia el próximo miércoles 16) anuló la prisión preventiva de los tres principales acusados y les otorgó la prisión domiciliaria. También, argumentando cuestiones técnicas, se declaró nula la pericia de la reconstrucción del hecho, efectuada por expertos de Gendarmería Nacional. Sin dudas, una serie de determinaciones que colocan una señal de alerta en lo que pueda ocurrir en el debate.

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