Michetti anunció que esta semana se conocerán los resultados de la auditoría sobre las contrataciones de personal en el Senado de una comisión revisora y evaluó que habrá “1.500 o 1.600” bajas.
La vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti se refirió ayer a la situación en la Cámara de Senadores, donde se está realizando una auditoría a cargo de una comisión revisora compuesta por todos los bloques "con el objetivo de esclarecer la situación contractual de unos 2.000 empleados que fueron cesanteados meses atrás".

Al respecto, la vicepresidenta explicó que la decisión tomada en diciembre se debió a que "si no hacíamos inmediatamente una cesación de esas personas, se cumplía un año de actividad y se hacía difícil sacarlas" de sus puestos, dado que deberían haber apelado a "sumarios y con la justicia en el medio".

Michetti aseguró que el pase a planta de estos trabajadores se realizó mediante "decretos secretos, que nunca fueron publicados" y que llevaban la firma de Amado Boudou, que generaron que "se haya duplicado la planta permanente de empleados", situación que "si pasa en una empresa, se funde".

"Estos decretos nos disparaban el presupuesto al doble y no íbamos a poder pagar los sueldos este año" precisó la presidenta de la Cámara Baja e indicó que el trabajo preliminar de la comisión "nos da unas 1600 personas" que serán despedidas, quienes "no cumplían tareas, eran planta política y que pasaron a ser permanente", aunque señaló que el número definitivo "lo vamos a dar a conocer cuando termine el trabajo".

Respecto del anuncio de la desvinculación de más de 300 empleados realizado esta semana, la vicepresidenta aseguró que "no se trató de despidos, sino de llamados de atención a gente que integraba la planta política y que debería haber renunciado".

En otro orden, la diputada nacional del Frente para la Victoria Cristina Álvarez Rodríguez remarcó ayer que por la "naturaleza" del peronismo, el "rol" que les toca como opositores es el de "confrontar" con el gobierno nacional, al que acusó de abrir aún "más la grieta" que decían "querer cerrar".

"Por nuestra naturaleza y la defensa de los intereses que representamos, vamos a confrontar", adelantó, al tiempo que señaló que "es nuestro rol. Para eso nos eligió la gente".

Por otra parte, la legisladora cuestionó el protocolo de actuación contra manifestaciones en la vía pública que dispuso recientemente el Ministerio de Seguridad y advirtió que "poner trabajadores contra recientes desocupados es querer abrir más la grieta que decían querer cerrar".

"Siempre me parece mejor abrir la base de sustentación a la elección democrática y plural. Hoy el adversario es Macri que está gobernando con 70 mil despidos, con subas de tarifas al 500 por ciento, con techo de paritarias. Sentimos que la discusión que demos acá tiene que ser representativa de casi el 50 por ciento del país que nos acompañó para seguir con las transformaciones de los últimos 12 años y de 70 años de historia", remarcó.



Unos 10.000 despidos en municipios del país

La Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina (CTM) denunció ayer el despido de unos 10.000 empleados municipales en todo el país en los últimos meses y declaró el estado de alerta y movilización del gremio en defensa de las fuentes de trabajo.

Asimismo, el consejo directivo nacional de la CTM facultó a su secretario general, el dirigente Rubén "Cholo" García, para que "a la mayor brevedad convoque a las federaciones y sindicatos adheridos a elaborar un plan de lucha nacional que ponga fin a las medidas que afectan la vida y la dignidad de los trabajadores municipales argentinos".

Las resoluciones planteadas por esta organización nacional, que nuclea a los sindicatos municipales de todo el país, fueron volcadas en un documento elaborado este fin de semana en base a informes de los secretarios generales de las federaciones de cada provincia tras un encuentro que se desarrolló este viernes en Avellaneda.

El documento califica a las políticas instauradas en el país a partir del 10 de diciembre pasado como "de corte neoliberal" y, en este sentido, considera que "implican un verdadero deterioro de la democracia y de las libertades públicas con el control de la protesta social, incluidas las amenazas y detención de dirigentes sociales y sindicales".

En este marco, la CTM se solidariza y compromete "con los trabajadores que fueron afectados por los despidos masivos producidos en los municipios de varias provincias argentinas" y repudia "la represión a la protesta social".

Tras señalar que "las políticas neoliberales vuelven a mostrar sus efectos antiobreros y antipopulares", el pronunciamiento denuncia la supuesta interferencia del gobierno nacional en las negociación colectiva, al sostener que "con amenazas de pérdidas de puesto de trabajo limita la discusión de paritarias libres". "Además, pretende ponerle techo para impedir la recuperación del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores", subraya.

En otro tramo del texto se advierte que en varias provincias "se ha intentado suspender de facto las negociaciones colectivas, reducir salarios, alterar las condiciones laborales, sosteniendo un acoso permanente sobre los puestos de trabajo informal, como también sobre la estabilidad laboral garantizada por la Constitución Nacional".

Por otra parte, la CTM instó a "todas las centrales sindicales nacionales a gestar una auténtica unidad entorno a la defensa irrestricta de los supremos intereses de la clase trabajadores" y exigió "el rechazo a todo acuerdo social que no tenga como condición previa la inmediata reincorporación de los despedidos, la recuperación del salario y el cese de la represión a los trabajadores".

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