Durante ocho horas expusieron ante los diputados diversos invitados respecto del proyecto para acordar con los holdouts. Salvo el kirchnerista Roberto Feletti, los economistas apoyaron el arreglo.

Economistas expresaron ayer su apoyo al proyecto de ley que habilita el pago de la deuda a los holdouts y fondos buitre por considerar que facilitará la llegada de inversiones al país y el endeudamiento a tasas más bajas, aunque especialistas del kirchnerismo, como Roberto Feletti, advirtieron la posibilidad de nuevas juicios contra el Estado.

Los economistas expusieron sus puntos de vista sobre la Ley de Normalización de la Deuda Pública y Acceso al Crédito Público durante el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara de Diputados.

En ese marco, el ex presidente del Banco Central Mario Blejer afirmó que "el acuerdo así como está es infinitamente mejor que continuar afuera del sistema financiero internacional", porque "lo que costó a la Argentina este conflicto excede cualquier mejora posible que podía hacerse en los márgenes del acuerdo".

"Apoyo totalmente la derogación de las leyes (Cerrojo y de Pago Soberano) y el propósito del acuerdo en forma general, pero aclaro que quizás no sea el mejor acuerdo", se atajó Blejer, presidente del Banco Central durante unos meses, en la presidencia de transición del peronista Eduardo Duhalde.

El economista se preguntó cómo hará la Argentina para no perder competitividad sin acceso al crédito internacional y subrayó que el país se viene endeudando con los organismos internos, como el Banco Central, porque se venía gobernando con un fuerte déficit del 5%, 6% o 7% del PBI. "El desendeudamiento no es una virtud y el endeudamiento no es un pecado. Todo depende qué se hace con los recursos. Esta operación es como que la Argentina recibe nuevamente una tarjeta de crédito. Ahora, depende de cómo se la usará", planteó Blejer.

Sobre el final de la jornada de entrevistas, que duró ocho horas, el economista Guillermo Nielsen, que como secretario de Finanzas negoció el canje de la deuda de 2005 cuando el ministro de Economía era Roberto Lavagna y el presidente, Néstor Kirchner, valoró el acuerdo con los buitres y señaló que "si no es el mejor está muy cerca de ser el mejor".

"Todo esto empieza por la declaración de default de (el ex presidente interino Adolfo) Rodríguez Saá. Es probable que se esté cerrando un ciclo que tuvo demasiados claroscuros", dijo. Nielsen destacó "el hecho de que se pague al contado" a los holdouts y que "lo más destacable es que la Argentina retomó el lugar que nunca debió dejar en la mesa de negociaciones".

Al respecto, cuestionó que el país "se haya retirado" de la negociación y haya dejado a los buitres como "única voz" durante los últimos cuatro años. En particular, dijo que la gestión económica del último gobierno de Cristina Kirchner se manejó "con un espíritu de estudiantina y superficialidad extrema un caso muy difícil", como el de la deuda en default.

También destacó "que haya habido una quita", de entre el 35% y el 38%, lo cual a su criterio "no es menor".

Por su parte, el economista radical Javier González Fraga expresó su "apoyo total" al pago a los holdouts porque a su criterio esa operación abrirá la puerta del mercado financiero para que el país pueda tomar créditos destinados a reducir el déficit y bajar la inflación y la pobreza.

El ex presidente del Banco Central entre 1989 y 1991 dijo que para apoyar el acuerdo alcanzaría con reconocer que la Argentina sustituirá una deuda que está costando el 11% o mucho más para algunos bonos, por otra deuda que cuesta la mitad, lo que "significa un desendeudamiento".

Indicó que también es muy importante la sustitución de acreedores que se hará, porque la Argentina se sacará de encima "aunque no del todo por ahora", a "acreedores chantajistas, inescrupulosos, demasiado astutos y codiciosos". Y aseguró que la eliminación de la Ley Cerrojo es de por sí un acierto, dado que esa norma fue un "gravísimo error" porque redujo a la mínima expresión el valor de los bonos, lo que convirtió a los títulos en "una carroña que atrajo a los buitres".

En cambio, el ex viceministro de Economía del kirchnerismo Roberto Feletti cuestionó el preacuerdo, al afirmar que el pago puede generar litigios de acreedores de la deuda pública que sí aceptaron los canjes de 2005 y 2010. "Un holding recibió aproximadamente 65 dólares cada cien y con este acuerdo un fondo buitre recibirá 520 y un holdout, 135", comparó Feletti durante su exposición y aunque señaló que "era lógico que cualquier gobierno que asumiese el 10 de diciembre tenía que llevar una propuesta a los holdouts, el tema es cuáles son los objetivos".

Para el ex presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, con este preacuerdo con los holdouts y fondos buitre "es lógico que un holding se vaya a sentir tentado de reclamar".

En cambio, Juan Carlos Fábrega, ex presidente del Banco Central durante el gobierno de Cristina Kirchner, afirmó que "un acuerdo con los buitres es necesario", aunque señaló que "hay que tomar recaudos por lo que representan los holdings".

Empresarios destacaron los beneficios de acordar con los fondos buitre

Empresarios manifestaron ayer su apoyo al gobierno respecto de la decisión de cerrar un acuerdo con los fondos buitre, al argumentar que facilitará el acceso a las inversiones internacionales.

La Cámara Argentina de Comercio resaltó ayer su "satisfacción" por los avances de las negociaciones con los tenedores de títulos de deuda que quedaron fuera de los canjes efectuados en 2005 y 2010. Consideró que se trata de "un arreglo positivo con los acreedores" y sostuvo que "aboga por una pronta aprobación parlamentaria de la denominada 'Ley de Normalización de la deuda pública y acceso al crédito público', que implica la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, la autorización del pago a los holdouts y la emisión de nueva deuda".

"El apoyo al arreglo se basa en que la Cámara Argentina de Comercio entiende que los términos acordados son razonables, dada la situación en la que se encuentra el país en los tribunales norteamericanos", sostuvo, en un comunicado.

Por su parte, el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, subrayó: "No hay que pensar cuánto nos cuesta acordar, sino cuánto nos cuesta no acordar, pero no sólo en materia económica, sino en materia de política mundial".

En el Anexo C de la Cámara de Diputados, donde los legisladores de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas escuchaban a economistas y directivos de empresas sobre la ley para habilitar el pago a los holdouts, Gabbi señaló que "la decisión de acordar o no con los holdouts es política, no económica ni financiera".

"Si la decisión hubiese sido financiera, cualquier acuerdo hubiese sido mejor que soportar los costos de tasas punitorias vergonzosas a las que está sometida la deuda", enfatizó.

"Ese 12% o 13% anual no se podía comparar con países que con el mismo riesgo que el nuestro conseguían dinero en el mundo al 4% o 5%", resaltó y evaluó que "eso es prueba cabal de la desconfianza que los mercados mundiales han tenido con la Argentina".

En tanto, el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, evaluó que "es muy importante que el gobierno nacional, transcurridos poco menos de 90 días de la asunción, haya cerrado un preacuerdo con el 85% de los tenedores de la deuda no reestructurada, holdouts o buitres o como se los quiera llamar".

En un artículo publicado en ámbito.com, analizó que se trata de "un muy buen trabajo de los funcionarios involucrados", mientras destacó: "Ahora es la oportunidad del Congreso de la Nación para estar a la altura de las circunstancias".

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, consideró que "la necesidad de un acuerdo es indispensable para que nuestro país vuelva a tener acceso a los mercados financieros internacionales".

"La quita del 25% que acordó el gobierno con estos fondos especulativos me parece razonable por cómo había evolucionado el juicio y sus consecuencias previas", apuntó. "El cierre de esta disputa no sólo va a repercutir en el sector PYME de comercio, industria y economías regionales que yo represento, sino en toda la economía argentina", sostuvo en una columna de opinión.

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