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SurUrbano
08 | 03 | 2016
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Detenidas en comisaría de San Vicente denunciaron torturas sistemáticas

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Aseguraron haber sufrido abuso sexual, golpes y distintos tipos de tormentos. Tras una inspección de la Comisión Provincial de la Memoria, intervino la Justicia y fueron trasladadas a La Plata.

Detenidas en comisaría de San Vicente denunciaron torturas sistemáticas
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Cinco mujeres, detenidas en una comisaría de San Vicente, denunciaron haber estado sometidas a torturas sistemáticas por parte de agentes policiales en los últimos meses, informó la Comisión Provincial de la Memoria (CPM). Golpes, tormentos físicos, verbales y psicológicos, y abuso sexual figuran entre las prácticas más habituales narradas por las víctimas.

El organismo, presidido por Adolfo Pérez Esquivel, intervino para "garantizar un inmediato traslado y evitar la profundización del estado de vulneración". Además, recalcó que "éste no constituye un caso aislado, es un síntoma más de todo un sistema de encierro donde la tortura se ha constituido como práctica sistemática".

Las víctimas, de entre 20 y 30 años de edad, permanecían alojadas todas juntas en una celda pequeña, con sólo dos camas de cemento y un baño. Dormían en el piso sobre colchones que sus familiares les habían traído. No tenían acceso a cuidados médicos de ningún tipo ni recibían alimentos. Sólo comían lo que sus familiares le alcanzaban diariamente. Permanecían encerradas las 24 horas, en aislamiento extremo".

Ayer denunciaron que en los últimos meses fueron víctimas de torturas sistemáticas por parte de los policías encargados de su cuidado, todos agentes varones, pese a tratarse de una dependencia destinada únicamente a mujeres. A las condiciones antes descriptas, se sumaron las agresiones físicas, psicológicas y verbales; abuso sexual y hostigamiento permanente por su condición de mujer.

Un equipo del Comité contra la Tortura de la CPM inspeccionó el jueves pasado el lugar e intervino para garantizar un rápido traslado que permita salvaguardar la integridad de las mujeres. "Al ingresar a la celda donde permanecían detenidas, se percibió rápidamente un clima de hostigamiento y violencia que las obligaba a permanecer en silencio", se detalló.

Tras la inspección intervino la Fiscalía de Brandsen que constató las graves condiciones de detención y del Juzgado de Garantías Nº 1 de La Plata que dispuso el traslado de las mujeres a la Alcaidía Nº 3 de La Plata.

Audiencia con Ritondo

En ese marco, integrantes de la Comisión Provincial de la Memoria se reunió con el ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, y expresó su preocupación por las prácticas sistemáticas de las policías que atentan contra los derechos humanos y constituyen una política criminal selectiva que se orienta, principalmente, contra los sectores más pobres de la sociedad.

La CPM le entregó un documento con seis líneas de trabajo en materia de seguridad y, en el marco de la denuncia realizada por torturas y abuso sexuales que sufrieron cinco mujeres detenidas en una comisaría de San Vicente, exigió que se tomen las medidas necesarias para sancionar los responsables del hecho.
 
"Debemos avanzar en la implementación de una política de seguridad democrática que respete los derechos humanos", declaró Adolfo Pérez Esquivel luego de la audiencia. Junto al presidente de la CPM, estuvieron los integrantes del organismo Mauricio Tenembaum, Roberto Cipriano García, Susana Méndez, Víctor De Gennaro, el coordinador del área de Justicia y Seguridad Rodrigo Pomares y la directora general de Áreas Sandra Raggio.
 
En virtud de este diagnóstico, la CPM le entregó al ministro Cristian Ritondo un documento con los seis puntos centrales para el diseño de políticas públicas de seguridad democrática que permitan revertir la grave situación de los derechos humanos en la Provincia.
 
Entre los temas expuestos, se expresó la preocupación por la habilitación de los calabozos de comisarías como lugares de detención que "ha sido y es una condición de posibilidad para la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes".
 
El organismo también denunció el uso letal de la fuerza por parte de los funcionarios policiales y las serias falencias en materia de control de las armas de fuego, municiones y otros materiales controlados; particularmente grave es el déficit en el control de las armas bajo custodia estatal.

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