Inspectores de la AFIP realizaron operativos de control fiscal en la sede del Casino de Buenos Aires, en el barrio porteño de Puerto Madero, y en el Banco Finansur, ambos propiedad del empresario Cristóbal López.

Inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizaron un operativo de control en el casino flotante Buenos Aires, propiedad del empresario Cristóbal López, con el fin de recabar documentación en el marco de una causa por presunta evasión.

Los inspectores controlaron la cantidad de personal, el pago de aportes a la seguridad social, realizaron un arqueo de cajas en el momento y controlaron el movimiento de cheques superiores a los cien mil pesos, revelaron voceros cercanos al operativo.

La AFIP requirió también al Banco Finansur la documentación sobre la compra del 70 por ciento de su paquete accionario por parte de Entertaimen Grup, del Grupo Indalo propiedad también de López, según las fuentes consultadas.

Dos años y dos meses después de concretada esa compra por parte de Indalo, en marzo del 2012, el Banco Central aprobó la venta del Banco Finansur, que pasó oficialmente así de manos de la familia Sánchez Córdova al control de Cristóbal López. Para aprobar ese traspaso el gobierno debió designar en comisión a nuevos directores en el BCRA, durante la gestión del ex ministro Axel Kicillof.

López viene siendo denunciado por funcionarios del gobierno y recibiendo denuncias judiciales por su accionar como empresario en los últimos años.

Fue denunciado por una supuesta retención indebida de aportes provisionales de empleados de sus varias firmas y la evasión ascendería a alrededor de 300 millones de pesos.

En la lista de empresas que adeudarían aportes a la Seguridad Social figurarían entre otras la constructora CPC, Oil MS, Alcalis de la Patagonia, Paraná Metal, Olivares del Sol, Promet, La Salamandra e Ideas del Sur, la productora de Marcelo Tinelli, entre otras.

El gobierno nacional intervino la semana anterior la concesión de la ruta Ezeiza-Cañuelas, que manejaba López, por presuntos "incumplimientos de obligaciones" con el Estado nacional y anuló contratos de obras de varias rutas nacionales que estaban a cargo del empresario cercano al kirchnerismo.

También trascendió, la AFIP, a través de planes de pago financió una deuda por más de 8 mil millones por evasión a la ley de combustibles.


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