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Política
18 | 04 | 2016
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Moreno, al borde del juicio oral y público por la campaña "anti Clarín"

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La Cámara Federal confirmó el procesamiento por el uso indebido de fondos públicos para la compra de merchandising en contra del multimedio. Le imputan delito de peculado, aunque lo sobreseyeron por incitación a la violencia colectiva

Moreno, al borde del juicio oral y público por la campaña anti Clarín
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La Cámara Federal confirmó hoy el procesamiento del ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno por el uso indebido de fondos públicos para la compra de merchandising en contra del Grupo Clarín en actos políticos.

Fuentes judiciales informaron a NA que así lo resolvió la Sala II de la Cámara Federal con las firmas de los jueces Horacio Cattani y Martín Irurzun. De esta forma, Moreno quedó al borde del juicio oral y público por este caso.

En el mismo fallo, los magistrados confirmaron los procesamientos del presidente del Mercado Central Carlos Alberto Martínez, del vicepresidente Fabián Enrique Dragone, y del gerente general Guillermo Rubén Consentino.

Los jueces confirmaron el procesamiento de Moreno por el delito de peculado, pero lo sobreseyeron por incitación a la violencia colectiva, por el cual también era investigado, tras ser imputado en primera instancia por el juez Claudio Bonadio.

 Según el fallo de la Cámara al que accedió NA, del Mercado Central salieron los fondos para la compra del cotillón, como ser globos, banderas y otros elementos que se utilizaron en distintos actos políticos. Además, tuvieron en cuenta que los fines de la compra no eran los de la entidad y que Moreno los mostró en actos políticos y también en el "Congreso de la Nación, en aviones usados para viajes oficiales e incluso en su propio despacho".

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"Es notorio que la finalidad aquí asignada a esos fondos de origen estatal -plasmados en una campaña pública de desprestigio contra una empresa privada, ejecutada en diferentes espacios institucionales- nada tuvo que ver con los objetivos para los que legítimamente podían ser utilizados, pues por el tenor de la operación solventada con sumas del erario público y, en especial, los lugares específicos donde se exhibió, es inviable trazar el vínculo alegado por la defensas con algún objetivo legítimo del ente", señaló el Tribunal.

En la resolución, la Cámara entendió no obstante que no existió incitación a la violencia colectiva, pues ello implica el "empleo de fuerza física por parte de un conjunto al menos relativamente indeterminado de personas; es decir, se debe incitar a la violencia grupal".

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