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Política
04 | 05 | 2016
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Volverán a allanar las propiedades de Báez en 10 días

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Personal de Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura, Gendarmería y AFIP comenzaron el operativo retorno a Buenos Aires.

Volverán a allanar las propiedades de Báez en 10 días
Marijuan se retira de una de las estancias de Báez.
Foto:

Los efectivos de las fuerzas federales que participaron durante la última semana del operativo judicial en Santa Cruz ordenado por el juez federal Sebastián Casanello en el marco de la causa por lavado de dinero que involucra a Lázaro Báez finalizaron la primera etapa de allanamientos y emprendieron el regreso a Buenos Aires.

Personal de Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura, Gendarmería y AFIP comenzaron el operativo retorno a Buenos Aires, aunque fuentes judiciales dejaron trascender que dentro de 10 días podrían retornar a esa provincia para continuar las tareas de investigación. Este lunes fue la última jornada de allanamientos en Santa Cruz, con tareas en terrenos propiedad de Báez dentro del Parque Nacional Los Glaciares de El Chaltén, un predio de unas diez hectáreas ubicado dentro de tierras fiscales, que el empresario logró escriturar a título personal y que ahora podrían ser expropiadas por el Estado.

Tras iniciar el operativo el martes 26 de abril, la Justicia encontró propiedades que no habían sido declaradas e incautó cerca de 90 mil dólares y 15 vehículos entre autos de alta gama y de colección, cuatriciclos y motos de las distintas propiedades del empresario.

Los procedimientos

Los procedimientos estuvieron a cargo del fiscal del caso Guillermo Marijuan, luego de que Casanello los ordenara a partir de la declaración del testigo protegido Leonardo Fariña, quien amplió su testimonio inicial con una presentación manuscrita y allí aportó nuevos datos sobre las actividades de Báez. Ahora que finalizaron los allanamientos en Santa Cruz, el fiscal buscará determinar a cuánto asciende el patrimonio del dueño de Austral Construcciones, detenido por esta causa, al igual que su contador, Daniel Pérez Gadín. Sin embargo, no se descarta la realización de nuevos operativos en la provincia patagónica, en la que se llevaron a cabo en total unos 50 allanamientos en distintas localidades.

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Demoras en causas contra familia Kirchner

El presidente de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra, confirmó que "a raíz de una inspección realizada en el juzgado de Río Gallegos se dispusieron de una serie de medidas administrativas porque aparecían causas ostensiblemente demoradas", entre ellas las vinculadas con investigaciones a la familia Kirchner.

Leal de Ibarra explicó que "esto nace de una visita de rutina que realizó la Cámara al juzgado de Río Gallegos porque forma parte de nuestra jurisdicción, a raíz del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el nombramiento de varios jueces subrogantes que no tenían acuerdo del Senado".

Entre esos casos estaba como juez subrogante en Río Gallegos, capital de Santa Cruz, Andrea Askenazi Vera, que cesó en sus funciones en febrero. "La visita realizada tenía por objetivo hacer una inspección, saber cuál era el estado de ese juzgado para lo cual se delegó en la secretaria de la cámara, la doctora Ana Cecilia Álvarez, la realización de un informe y que revise expediente por expediente", detalló el camarista. Agregó que "de ese informe surgió la aparente demora en algunas causas y eso a su vez generó una acordada para iniciar un sumario administrativo que está en marcha". Askenazi Vera se hizo cargo del juzgado sobre fines de mayo de 2013 luego de salir sorteada para el cargo entre una lista de abogados elaborada por el gobierno de Cristina. Leal de Ibarra aclaró que "todo comenzó por esta visita de rutina y por el informe que elaboró la secretaria Ana Cecilia Álvarez a raíz de la separación de Askenazi Vera".i

Pidieron la indagatoria de Sbatella

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria del ex jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbatella por "inacción", ante reportes de operaciones sospechosas que implicaban al ex gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta y a Daniel Muñoz, ex secretario presidencial durante el kirchnerismo.

En 2011, la ahora diputada Elisa Carrió había hecho una denuncia contra los dos y Carolina Pochetti, esposa de Muñoz, por presuntas maniobras de lavado de dinero.

Según el pedido de indagatoria, la UIF había recibido reportes de operaciones sospechosas de distintas entidades bancarias el 21 de febrero de 2013 y recién las judicializó el 4 de junio de ese mismo año.

Durante ese lapso, el organismo antilavado solo efectuó una medida, que fue la consulta de la base de datos para "establecer la existencia de otros reportes" de las personas denunciadas. Incluso, surgió un reporte de operación sospechosa por la compra de dos camiones con acoplado por la suma de un millón de pesos figurando como adquiriente la firma "DS Mayer SA" integrada por Muñoz y Gregorio Ludman.

Pero este último reporte databa del 15 de marzo de 2011 y recién fue acumulado en el expediente de la UIF el 4 de junio de 2013.

"La demora en la remisión de las actuaciones administrativas a conocimiento de la Justicia por parte del entonces titular de la UIF surge palmaria de la compulsa de la causa", destacó Marijuan en su pedido de indagatoria.

Las actuaciones sobre Muñoz, Peralta y Pochetti, habían sido reclamadas por el juez federal Luis Rodríguez cuando investigaba los dichos de la ex secretaria presidencial Miriam Quiroga, quien hizo referencia a que el ex secretario presidencial en una oportunidad le había dicho que llevaba bolsos con dinero en efectivo hacia Santa Cruz.

En el marco de esa causa, el juez había pedido a la UIF los expedientes sobre Pochetti, Muñoz y Peralta, pero tampoco le fueron enviados directamente, sino que el organismo se los derivó al entonces jefe de la PROCELAC, Carlos Gonella, y éste al fiscal Ramiro González. "Desde el año 2011, Sbatella ya conocía actividades sospechosas de Peralta, Muñoz, Pochetti y pese a tramitar un expediente, súbitamente frenó su actividad en febrero de 2013", destacó Marijuan.

Para el fiscal, durante ese lapso solo se hizo en la UIF "una medida de relleno", como fue la consulta en la base de datos".

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