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Política
17 | 05 | 2016
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AFIP denunció penalmente al grupo Báez por retención de aportes

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La denuncia es por más de 223 millones de pesos y corresponde a la apropiación indebida de los aportes correspondientes a los trabajadores de 16 empresas.

AFIP denunció penalmente al grupo Báez por retención de aportes
Lázaro Báez. Foto: NA
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El empresario Lázaro Báez, a quien ya se le detectaron bienes por 748 millones de pesos, quedó hoy más complicado, al sumar una nueva denuncia por irregularidades en la compra de un terreno que perteneció al Parque Nacional Los Glaciares, mientras la AFIP demandó ante la justicia a 16 de sus empresas por la retención indebida de aportes por 223 millones de pesos y pidió embargos. El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió abrir una investigación para determinar si hubo maniobras ilegales en la venta de cinco hectáreas que pertenecían al Parque Nacional los Glaciares a Báez, quien desde el 5 de abril pasado se encuentra preso por otra causa relacionada con lavado de activos.

Pollicita presentó un requerimiento de instrucción y solicitó las primeras medidas de prueba para avanzar en la denuncia que también apunta a funcionarios de Parques Nacionales, de la Gobernación de Santa Cruz y de la localidad de El Chaltén.

El terreno ubicado en la localidad de El Chaltén pertenece a una de las chacras allanadas en los operativos que el fiscal Guillermo Marijuan llevó adelante en la provincia de Santa Cruz en el marco la causa por lavado de dinero contra el propietario de Austral Construcciones, a cargo del juez federal Sebastián Casanello.

En su dictamen presentado ante el juzgado federal 2, que encabeza Sebastián Ramos, Pollicita pidió investigar si "Lázaro Báez y autoridades de administración de Parques Nacionales, del Parque Nacional Los Glaciares, de la gobernación de Santa Cruz y del Concejo Deliberante de El Chaltén y su Municipalidad", pudieron haber cometido un delito en esa transacción.

Según la denuncia las cinco hectáreas en El Chaltén, "habrían sido cedidos por la administración de Parques Nacionales a la provincia de Santa Cruz y, posteriormente, vendidos a Lázaro Báez mediante una medida de excepción aprobada por el Concejo Deliberante" de esa localidad santacruceña. En tanto, el fiscal federal Guillermo Marijuan quien continuó ayer con los operativos que viene realizando desde el lunes en las ciudades chubutenses de Trelew y Rawson, aseguró que el monto de los bienes allanados en el marco de la investigación por supuesto lavado de dinero del detenido empresario Lázaro Báez asciende a "748 millones de pesos" y que, si bien el embargo decidido por la Justicia es de 100 millones, "se puede ampliar"

En los allanamientos encabezados por Marijuan el lunes se descubrieron otras 26 propiedades del empresario que se vincula al kirchnerismo.



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"Existen distintos supuestos delictuales dentro de la investigación", y uno de ellos "tiene que ver con un supuesto de lavado de dinero a partir de la adquisición de activos", manifestó Marijuan en declaraciones a la radio local LU20.

Y añadió: "Estamos tratando de reconstruir y conocer el patrimonio de todos los imputados y esto nos llevó a solicitar información a distintas provincias". Según trascendió, el fiscal se habría reunido con el radical Mario Cimadevilla, quien fue testigo y denunciante por la causa de coimas en la renegociación del contrato de Pan American Energy.

En un nuevo revés para Báez, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) demandó ayer ante la justicia a 16 de sus empresas por la retención indebida de aportes por 223 millones de pesos y pidió el embargo preventivo de los bienes.

La maniobra "se detectó en diversos períodos comprendidos entre enero de 2010 a la fecha, donde las firmas en cuestión retuvieron los aportes sobre los sueldos abonados a los empleados sin depositarlos a la AFIP", informó la dependencia oficial a través de un comunicado de prensa.Ley Penal Tributaria y Previsional prevé la aplicación de penas de prisión de 2 a 6 años por este tipo de hechos.i

Se habló de que acepte ser "arrepentido"

El fiscal Guillermo Marijuan contó que habló con los abogados de Báez sobre la posibilidad de que el empresario se acogiera a la figura del "arrepentido", aunque aclaró que en esos diálogos el tema se trató "no profundamente". "Es una decisión del imputado, que no puede sugerirse", remarcó el funcionario judicial y, al respecto, completó: "Ellos ya saben que el beneficio es para ellos, y también hay que ver si pueden hacer uso de él porque además existen determinadas pautas y condiciones para hacerlo". Según trascendió, hace dos semanas, el fiscal federal Guillermo Marijuan esperaba escuchar a un Lázaro Báez arrepentido.

Pero el empresario de la obra pública necesitaba más tiempo. Por eso, se presentó ese día ante el juez federal Sebastián Casanello y pidió una prórroga para su segunda indagatoria. Como se recordará, ante la negativa del juez y del fiscal, Báez presentó un escrito reforzando su ya conocida versión de los hechos, que lejos están de admitir haber cometido algún hecho ilícito en lo que popularmente es conocido como "la ruta del dinero K"

Echegaray negó que no haya investigado a Lázaro Báez

El ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray negó ayer ante el juez federal Sebastián Casanello que no se hayan investigado a las empresas que proveyeron de facturas apócrifas al empresario Lázaro Báez, detenido por presunto lavado de dinero.

Ante el juez federal presentó un escrito y contestó preguntas, en las que explicó que quien tenía competencia directa en la investigación era la Dirección General Impositiva (DGI), no él que cumplía un rol de "recaudador" de impuestos por el organismo que conducía. Según Echegaray, cada dirección tiene su propia estructura y es la que dirige las investigaciones, y que por ello está además de la DGI, la Aduana y la Dirección de Seguridad Social, y él tenía la función de cumplir con la "meta de recaudación".

Echegaray fue indagado a raíz que existen sospechas que protegió a las empresas de Báez, Austral Construcciones, así como las que radican en la ciudad de Bahía Blanca, grupo Penta SA, Calvento SA, y Constructora Patagónica Argentina SA, entre otras, y que habrían proveído a aquel de facturas apócrifas.

Según la acusación sobre Báez, el lavado de dinero por el cual fue procesado tiene como delito precedente en el uso de facturas apócrifas.

La regional Bahía Blanca

Además, en la indagatoria el juez Casanello le preguntó como sospecha de protección el porqué dispuso Echegaray el cierre de la regional Bahía Blanca, a lo que el empresario contestó que fue ante un conflicto gremial que arrastraba desde el 2010 esa sede de la AFIP por los empleados que resistían una "unificación de horarios" de trabajo. El ahora titular de la Auditoría General de la Nación fue acompañado por los abogados Arslanián y Martín Arias Duval, ex Director Nacional de Migraciones y ex Subsecretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Junto con un escrito de descargo acompañó un pen drive con un video de una teleconferencia en la cual él instaba a distintos directores regionales a continuar con las investigaciones, y en especial a aquellas que proveían facturas apócrifas.

El juez también le preguntó sobre el viaje que realizó el entonces titular de la DGI, Rubén Toninelli, en 2012 junto con Lázaro y Martín Báez en un avión propiedad del empresario, desde San Fernando a Río Gallegos, y luego de regreso. Echegaray dijo desconocer en su momento ese viaje de Toninelli, quien tiene fecha de citación mañana ante Casanello. Por último, Echegaray recordó que por los mismos hechos por los cuales hoy fue indagado, el ex juez federal Norberto Oyarbide le archivó una denuncia similar y que el fiscal Guillermo Marijuan, también interviene en el caso de Báez, no apeló para que se siga investigando.



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