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Política
23 | 05 | 2016
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Oficializaron el veto a la ley antidespidos

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A través de un decreto de, el presidente Mauricio Macri cumplió con su intención de anular la ley que había sido votada por la oposición el pasado jueves.

Oficializaron el veto a la ley antidespidos
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El presidente Mauricio Macri oficializó este lunes su decisión de vetar totalmente la ley de emergencia ocupacional que fue aprobada por el Congreso de la Nación con la intención de prever  la suspensión de despidos por 180 días e reinstaurar la doble indemnización.

En los considerandos de la medida, dispuesta en el decreto 701/2016 publicado este lunes en el Boletín Oficial, se advierte, entre otras cuestiones, que "su aplicación congelará los empleos, mantendrá en la misma situación a los miles de argentinos que hoy trabajan en la informalidad e incrementará la pobreza, como sucedió en los últimos años".

Para explicar su rechazo la norma, el Poder Ejecutivo arranca sosteniendo "que uno de los grandes objetivos propuestos por el Gobierno es avanzar hacia la pobreza cero, y que para lograrlo se encuentra realizando acciones y políticas para crear millones de puestos de trabajo, a los fines de que la mayor cantidad posible de habitantes de la República Argentina tengan trabajo".

En ese marco, añade que "ello incluye a los trabajadores registrados actuales -que son los que contempla la norma sancionada- pero también a los trabajadores informales, a los futuros trabajadores y a los miles de jóvenes que deberían ser incorporados al mercado de empleo".

Asimismo, indica "que, por otro lado, la no diferenciación de la modalidad contractual que impone el artículo 2° del proyecto de ley sub examine importa desconocer las particularidades de los distintos tipos de contrataciones que se utilizan en las relaciones laborales, como por ejemplo las celebradas a plazo fijo, eventuales, por equipos, o las previstas para la industria de la construcción, entre otras, afectando los principios de igualdad y de razonabilidad".

También, subraya que "el Gobierno está adoptando las medidas necesarias para generar confianza y que se concrete un período de expansión de la inversión y crecimiento económico y, por lo tanto, de generación de empleo genuino".

"Por otro lado, son una realidad los diversos planes en materia de obra pública, en sus diversas modalidades contractuales para generar las obras de infraestructura, ferrocarriles, rutas, puertos y energía que hacen falta en nuestro país, tanto en el ámbito nacional como provincial y municipal", completa, y afirma que "ello se vincula además con la nueva situación de la República en lo que hace a sus relaciones con el mundo, su reinserción en el sistema financiero internacional y la normalización de las variables de su economía".

En ese sentido, afirma que "dicha situación viene generando que tanto la Nación, como así también las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puedan concretar diversas iniciativas, contando para ello con la opción de obtener diversas fuentes de financiamiento, tanto en el orden nacional como internacional", y asevera que "igual situación se replica en el ámbito privado, donde también se manifiestan nuevos accesos al financiamiento y expansión de créditos".

Por lo tanto, sostiene "que en lugar de mejorar las condiciones para generar nuevos empleos, el proyecto de ley que aquí se analiza importa una propuesta limitada, que no acompaña el contexto actual en el que la enorme mayoría de las empresas nacionales y extranjeras han manifestado su vocación de crear puestos de trabajo en lugar de reducir personal, porque confían en el potencial de la República Argentina en esta nueva etapa, y apuestan por el país".

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Al igual que como ya lo hicieron en declaraciones públicas el Presidente y distintos funcionarios, el decreto remarca que "contrariamente a lo fundamentado en la propuesta normativa bajo examen, su aplicación congelará los empleos, mantendrá en la misma situación a los miles de argentinos que hoy trabajan en la informalidad e incrementará la pobreza, como sucedió en los últimos años".

También advierte que "el pesimismo y la desconfianza que fundamentan el proyecto en análisis se basa en la idea de que en nuestro país no se puede generar trabajo, de que estamos condenados a conformarnos con la situación crítica en la que nos dejaron luego de 5 años en los que el empleo no creció".

En otro párrafo, recuerda que "respecto de las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan más de 70% del empleo privado en el país, se han propiciado una serie de medidas para reducir su carga fiscal y financiera".

En ese sentido, se detallan "la creación de un Régimen de Fomento de Inversiones para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas; el pago a cuenta en el Impuesto a las Ganancias por Inversiones Productivas; un Bono de Crédito Fiscal por Inversiones en Bienes de Capital y en Obras de Infraestructura, un tratamiento impositivo especial para los sujetos que se encuadren en la categoría de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, un Régimen de Financiamiento para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que se encuentran en estudio en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación".



El Parlamento tiene diez días para opinar sobre el veto

El presidente de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, el senador nacional de Cambiemos Luis Naidenoff, informó ayer que el Parlamento tiene diez días para expedirse sobre veto presidencial a la ley antidespidos y aseguró que la iniciativa "no tiene posibilidades" de ser debatida nuevamente en el ámbito legislativo. Si bien desde el sindicalismo y desde algún sector del peronismo en el Congreso dejaron entrever la alternativa de insistir con la discusión en el Parlamento, ámbito que tiene facultades de rechazar el veto del presidente Mauricio Macri, fuentes de Cambiemos y del propio Frente para la Victoria evaluaron como "prácticamente inviable" la reapertura de ese debate.

El senador Neidenoff, quien encabeza la comisión bicameral de Trámite Legislativo, precisó que la Jefatura de Gabinete tiene un plazo de diez días para enviar a esa comisión el decreto de veto para su análisis y que, luego, ese órgano cuenta con otros diez días para rechazar o avalar la medida, que quedó oficializada ayer con su publicación en el Boletín Oficial. En este marco, Neidenoff aseveró que la comisión bicameral no tiene previsto "adelantar los tiempos" pautados para el tratamiento de un decreto presidencial. "Una vez que llegue el decreto a la comisión se analiza si se ajusta o no a los requisitos sustanciales que debe tener", añadió el senador, y evaluó como poco viable que se pueda insistir con la Ley de Emergencia Ocupacional nuevamente en el Parlamento ya que la oposición debería reunir los dos tercios de los votos para una nueva aprobación en cada cámara.En la misma sintonía se había expresado la semana pasada un sector del FPV en el Senado y el presidente provisional de la Cámara alta, Federico Pinedo.

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