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25 | 05 | 2016
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Jueza frenó el aumento de tarifas de luz en una clínica

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La decisión beneficia al Hospital Privado Nuestra Señora de la Merced, de la localidad de Martín Coronado, cuyos directivos habían efectuado el reclamo a la Justicia tras recibir la factura con los incrementos.

Jueza frenó el aumento de tarifas de luz en una clínica
Para Bussetti, la suba de tarifas pone en peligro la actividad económica.
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La jueza federal de San Martín Martina Isabel Forns dispuso una medida cautelar que frena el aumento de la tarifa de la luz, ante un reclamo presentado por el Hospital Privado Nuestra Señora de la Merced, ubicado en la localidad bonaerense de Martín Coronado.

La magistrada hizo lugar a la medida cautelar solicitada y ordenó la suspensión de la aplicación de los incrementos dispuestos por las resoluciones 6 y 7/2016 del Ministerio de Energía y Minería, y 1/2016 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

También ordenó a la distribuidora eléctrica EDENOR que devuelva en las próximas facturas los incrementos que eventualmente haya cobrado al mencionado hospital y que no incluya nuevos aumentos por el término de tres meses.

En sus considerandos, la jueza consideró que "no resulta razonable, prima facie, que un ciudadano o empresario se encuentre de la noche a la mañana con que sus costos -en este caso, el consumo de energía eléctrica- se han multiplicado por cinco, seis o más veces".

En ese sentido, tras afirmar que la magnitud del incremento "atenta contra todas las reglas de razonabilidad", la jueza se preguntó retóricamente "por qué no se ha recurrido a un criterio de gradualidad si lo que se pretende es volver a un supuesto equilibrio macroeconómico".

En su escrito de 17 hojas, Forns entendió que estos aumentos "resultan no sólo desproporcionados e irrazonables -excesivamente onerosa- con todas las demás variables económicas a tener en cuenta, especialmente, la inflación, los salarios de la población y demás costos actuales, sino que tales medidas de ajuste debieron ser consultadas, expuestas en una nueva audiencia pública".

La decisión judicial tomó en cuenta "la inobservancia de la audiencia pública y el riesgo para la actividad de la clínica, la salud y la vida misma de sus afiliados y pacientes", por lo cual afirmó que amerita "una protección especial no sólo garantizada constitucionalmente sino a nivel de los tratados internacionales de los Derechos Humanos".




"Mal irreparable"

Con respecto a la decisión judicial el titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), Pedro Bussetti, le dijo a DIARIO POPULAR que "los usuarios, pequeños industriales, comerciantes y entidades de salud como la que pidió la medida cautelar, están frente a una medida predatoria que pone el riesgo el pago de la factura".

Según señaló Bussetti, frente a ese panorama adverso que enfrentan "recurren a la justicia para evitar un mal inminente e irreparable".

El dirigente de los consumidores consideró que "estamos frente a aumentos extraordinarios del 700 % en la luz, del 400 % en el gas y del 700 % promedio en el agua y ante semejante magnitud los consumidores buscan toda medida que esté al alcance para defenderse".

"Estas subas ponen en riesgo la continuidad de las actividades económicas del comercio y la pequeña y mediana industria, situación que se hace particularmente grave en algunos lugares como el sur del país donde, por ejemplo la actividad hotelera, es sostén de comunidades enteras", puntualizó.

En ese contexto, Bussetti reclamó "retrotraer" las facturas a niveles razonables compatibles con la viabilidad económica de familias y empresas.

Además, pidió que "se convoque a audiencia pública como ordena la ley para fijar los aumentos de las tarifas de servicios públicos".


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La acción, dijo Miglino, "puede multiplicarse rápidamente"

El abogado Javier Miglino, titular de la ONG Defendamos Buenos Aires, explicó que la medida cautelar contra los aumentos de la luz concedida por la Justicia de San Martín, "puede multiplicarse rápidamente por todo el país".

En este sentido el letrado consideró que "hay jurisprudencia de los tribunales de toda la República, ratificada por la Corte Suprema, que dice que en tanto y en cuanto servicio público es el Estado el que tiene que justificar la razonabilidad de la tarifa y no el usuario el perjuicio que eventualmente le puede causar".

"Estas tarifas así como se aplicaron carecen de razonabilidad porque se anuncian de un día para el otro, sin intervención de los consumidores y sin establecer cuáles son los costos que justifican la suba", señaló Miglino.

Por otra parte, el referente de la organización vecinal puntualizó que si bien existe una tarifa social, el 15 % puede acceder a ella, pero sólo el 4 % accederá efectivamente".

"Es decir, es una tasa intrascendente respecto de las necesidades de la población y por otra parte es el estado el que interviene como juez y parte en el otorgamiento del beneficio", advirtió.

Miglino aclaró que "la vía más apta para efectivizar el reclamo es el amparo y dentro de el pedido de una medida cautelar que deje sin efecto el aumento y se reintegre lo pagado".

En tanto, Defendamos la República Argentina junto a otras asociaciones de consumidores, productores, comerciantes, industriales y otros convocó a un cacerolazo en contra de los aumentos de luz, gas, agua, teléfonos, telefonía celular y otros servicios.

"La citas e para hoy a partir de las 19.00 horas", especificó en un comunicado la entidad.

'Según encuestas de organizaciones de comerciantes, consumidores y consultoras especializadas, han cerrado entre un 10 y 20 por ciento de todas la PyMEs de la República Argentina", indicó Defendamos.

"Se trata de negocios familiares e incluso de autoempleo que han sido destruidos por la terrible inflación que no da descanso y que al asumir el gobierno el presidente Mauricio Macri se había comprometido a eliminar entre sus primeras decisiones", dijo Miglino.

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