"El pasado jueves 19/5 por la mañana quienes integramos el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) en Rosario
sufrimos un megaoperativo de 9 allanamientos simultáneos, violentos y en condiciones totalmente irregulares en el centro comunitario del Barrio Itatí y en 7 viviendas de compañeras y compañeros activistas de nuestra organización, por parte de la policía de investigaciones (PDI) local en una clara criminalización de la pobreza en el marco de una disputa territorial del poder político y las fuerzas de seguridad con el presunto objetivo de realizar un proyecto urbanístico que incluye el desalojo de varias familias ligadas a nuestra Organización, familias que residen allí desde hace más de 30 años y que han sido censadas y son beneficiarias en el marco del Programa Proyecto Itatí del Servicio Público de la Vivienda y Hábitat", asegura el movimiento social en un comunicado.
Luego, en el mismo, detalla: "
La policía ingresa con el rostro tapado y en principio sin mostrar orden judicial en un claro gesto intimidatorio y sin dejar constancia de la misma luego de finalizado el operativo. Todos los allanamientos presentaron las mismas características irregulares (la no presentación de orden judicial al momento de la irrupción al interior de la vivienda, la lectura de acta informal sin dejar copia al finalizar, testigos que mantuvieron fuera de las viviendas allanadas durante el procedimiento, violencia física y verbal hacia adultos y niños, situaciones sumamente humillantes, denigrantes y de gran peligrosidad generadas por parte del personal policial) y en la supuesta búsqueda de armas
les apuntaron a la cabeza a niños de 4 años con itakas y no encontraron nada más que ollas y utensilios de cocina, para servir en el comedor".
A su vez, en el texto, señalan: "Denunciamos que este no es un hecho aislado, sino que
venimos sufriendo hostigamientos por parte de punteros que quieren controlar el barrio y que manejan un "centro comunitario" ligado a la UCR (Consejala María Eugenia Schmuck), lugar donde supuestamente debería funcionar un merendero y que hace más de 4 años que no sirve un plato de comida -según nos fue manifestado diferentes vecinos del barrio. La larga lista incluye amenazas de incendio, amenazas de muerte a menores de 12 años, tiroteos a la fachada de nuestro centro social y persecución a nuestras compañeras y compañeros, demostración concreta de tenencia de armas de fuego con el fin de amedrentar, difamación e injurias mediante falsa información sin permitirnos en el Diario La Capital el derecho a réplica a la nota escrita por el periodista policial Baron, esto mismo sucede en el barrio en el que se nos apunta como ladrones siendo continuamente testigos de no estar, nosotros mismos, participando en ningún hecho delictivo, por estar, por ejemplo, participando de una asamblea en el momento en que dirigen a una persona que ha sido robada hacia nuestro centro comunitario con el pretexto de que hemos sido los autores del hecho".
Por último, expresan en su comunicado: "
Denunciamos una disputa por el territorio con un total nivel de impunidad de las fuerzas de seguridad, vinculado al poder político. Exigimos a las autoridades de la alianza UCR-PS que frenen la persecución a organizaciones sociales y se dediquen a encontrar a las mafias, que ellos bien conocen. Exigimos la protección para nuestras familias trabajadoras, que se garantice su seguridad y
hacemos total y absolutamente responsables al gobernador, intendenta y a la concejal mencionada si sucede algo más".
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