Tuvieron respuesta positiva de parte del gobierno los cuestionamientos expresados por sus socios de la UCR y la Coalición Cívica, respecto de no excluir a funcionarios del blanqueo.
El presidente Mauricio Macri finalmente parece haber cedido a la exigencia formulada por la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, y el radicalismo, y los funcionarios públicos del blanqueo de capitales que establece el proyecto de ley, en el que también se determina el pago de la deuda histórica a los jubilados.

"Reitero lo manifestado públicamente: los funcionarios públicos no pueden participar de ninguna ley de blanqueo. Deben estar excluidos", dijo el presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, quien además es el jefe del interbloque oficialista, Cambiemos.

Negri realizó este comentario un día después de que visitara la Casa Rosada para presentarle al Presidente la postura del partido de rechazo a la posibilidad de que los funcionarios públicos puedan ingresar a este régimen de blanqueo de capitales.

Mientras se esperaba que la iniciativa gubernamental fuera girada al Congreso, trascendió que quedarán fuera del blanqueo los integrantes del Poder Ejecutivo, tales como el Presidente, los ministros, los secretarios y los subsecretarios.

En tanto, la decisión de excluir del texto de la ley también a diputados nacionales y senadores y a los magistrados quedará en manos del Congreso.

"En principio, no estoy de acuerdo con el blanqueo", había afirmado el sábado Carrió en declaraciones radiales y agregó que apoyará la iniciativa "siempre que tenga penalidades, un destino específico y que no comprenda a funcionarios públicos y a determinados empresarios que han compartido negocios con el Gobierno, ni a los testaferros".

Con esta cesión de Macri, la diferencia en el seno del oficialismo habría quedado superada.

Carrió y el radicalismo fueron muy críticos de los blanqueos ejecutados por Cristina Kirchner en 2008 y en 2013, por señalar que con estos regímenes se buscaba beneficiar a los empresarios cercanos al matrimonio Kirchner Lázaro Báez y Cristóbal López.

El lunes por la noche, el jefe del bloque PJ-FpV de la Cámara alta, Miguel Angel Pichetto, cuestionó también que los funcionarios pudieran tomar parte del blanqueo, recordando que en los casos de la exteriorización de bienes impulsadas por el kirchnerismo no fue así.

"En el de 2008 y 2013, los funcionarios estaban excluidos", recordó el senador rionegrino por la señal de cable TN, y advirtió: "No creo que sea conveniente excluir por actividad".

El proyecto ingresó por la Cámara baja

El proyecto de ley ómnibus que contempla el pago de las sentencias a los jubilados, solventado con el blanqueo de capitales y el Fondo de Garantía Sustentable, fue enviado anoche por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados y comenzará a ser debatido mañana en un plenario de comisiones.

La iniciativa, que fue presentado ante la Mesa de Entradas de la Cámara baja a las 21.15, se comenzará a analizar este jueves en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión Social con las presencias del titular de la Anses, Emilio Basavilbaso; del titular de la AFIP, Alberto Abad; del viceministro de Economía, Pedro Lacoste, y del secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana.

Finalmente, y pese a que durante el día se barajó también la posibilidad de que ingresara por el Senado, el proyecto comenzará a ser tratado por la Cámara baja.

El texto contempla el pago a los jubilados que tienen sentencia firme y la recomposición de los haberes mal liquidados en los últimos años, lo que beneficiará a más de dos millones de ciudadanos de la clase pasiva, y la creación de una pensión universal de vejez.

Para solventar este pago el gobierno utilizará los intereses que se cobren por el pago al blanqueo de capitales, y las utilidades del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que genera unos 75.000 millones de pesos anuales.

Este fondo está integrado por el 15 por ciento de la coparticipación que se les retiene a las provincias, que será devuelto en los próximos tres años, y las acciones que tiene el Estado en empresas privadas -Clarín, bancos, Techint, Siderar, entre otras- como consecuencia de la estatización de las AFJP.

En declaraciones a la prensa el secretario de Coordinación Ministerial de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana, dijo confiar en contar con el apoyo de gobernadores con los que el Ejecutivo negoció en los últimos días.

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