El ex funcionario fue procesado por el juez Ariel Lijo por “administración fraudulenta” en perjuicio de la administración pública, a raíz de una denuncia impulsada por el actual titular del organismo, Carlos Regazzoni

Luciano Di Cesare, ex director del PAMI, fue procesado por el juez Ariel Lijo por "administración fraudulenta" en perjuicio de la administración pública, a raíz de una denuncia impulsada por el actual titular del organismo, Carlos Regazzoni.

En la investigación, el magistrado acreditó que Di Cesare defraudó al Estado Nacional por la suma de 1,3 millón de pesos, al liquidarse las vacaciones del año 2004 al 2012, de las cuales no tenía derecho a percepción por encontrarse "vencidas", y le trabó embargo sobre sus bienes por la suma de 2 millones de pesos.

En ese sentido, Lijo sostuvo que el ex funcionario se aprovechó del cargo que detentaba como máxima autoridad del organismo para cobrar ese dinero a través de una transferencia generada desde la cuenta oficial a la suya personal, como resultado del proceso en el que solicitó el 9 de diciembre de 2015 la liquidación de las vacaciones no gozadas, que se le pagaron al día siguiente, al momento de dejar su cargo.

Según señaló el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, el requerimiento fue materializado en un expediente administrativo que fue "intencionalmente creado" y "sin tener derecho a su cobro por encontrarse vencidas", según lo estipulado por la Ley de Contrato de Trabajo.

Para ello designó a la entonces titular de la Gerencia de Recursos Humanos, María Alejandrina Arrouzet, que no solía intervenir en las liquidaciones, para que cumpliera con su pedido en el término de 24 horas.

El juez también probó la participación del subgerente de Administración Personal de la Gerencia de Recursos Humanos, Carlos Galdo, quien emitió un dictamen para autorizar el requerimiento.

Al momento de dictar el procesamiento de los tres imputados, Lijo no sólo tuvo en cuenta el incumplimiento de la normativa laboral, sino un conjunto de irregularidades en el proceso administrativo que demostraron la maniobra llevada a cabo por Di Cesare.

Entre ellas, la tramitación de la liquidación en un expediente de otra persona que se encontraba archivado, el desdoblamiento de la liquidación para su ocultamiento, la intervención de dependencias que no solían hacerlo, la celeridad del proceso de liquidación ante el cambio de gestión y la efectivización del pago en el término de 24 horas.

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