"Todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión", señala el primer párrafo del artículo, antes de definir las modalidades internas del divorcio.

El artículo 50 está incluido en el Tratado de Lisboa, concluido en 2007 y cuyo objetivo era mejorar el funcionamiento de la Unión Europea, que acababa de experimentar unos años antes, en 2004, la mayor expansión de su historia incorporando a diez nuevos países, la mayoría del este europeo.

En su momento hubo ásperos debates sobre este artículo ya que, recuerda Robert Chaouad, doctor en ciencias políticas, incluirlo en un tratado "cuestionaba la esencia misma del proyecto europeo y su carácter ineluctable". Es decir, lo inimaginable: la salida de un país de la Unión.

El artículo no se extiende en consideraciones jurídicas, es relativamente corto y no da detalles concretos sobre cómo se procederá al divorcio.

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Pero deja claro que el país que desee partir es el que tiene que iniciar el proceso, sin fijar sin embargo un calendario para que lo solicite.

Y este punto ya es fuente de disputa entre los 27 y el Reino Unido.

La decisión de los electores británicos de salir de la Unión obliga al gobierno británico a notificar ese deseo a sus 27 socios.

El primer ministro británico, David Cameron, que anunció su dimisión, adelantó que dejaría a su sucesor la tarea de negociar la salida de Reino Unido de la Unión.

Sin embargo, el próximo jefe de gobierno ocupará en principio el número 10 de Downing Street a partir del otoño boreal.

Para acotar la incertidumbre que reinará durante el proceso de ruptura, la Unión Europea insiste en iniciar "lo antes posible" el divorcio.

"Los Tratados dejan de aplicarse al país que realiza la solicitud, desde la entrada en vigor del acuerdo o, a más tardar, dos años después de la notificación de la retirada", especifica el artículo.

Durante estos dos años, los 27 y el Reino Unido deben negociar un divorcio ordenado pero extremadamente complejo, fruto de más de 40 años de armonización legislativa y reglamentaria en todos los sectores.

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