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Política
29 | 06 | 2016
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Todos los gobiernos desde el 83 tuvieron su blanqueo

José Di Mauro
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Por José Di Mauro


A partir de su aprobación en el Senado, Mauricio Macri contará con una herramienta que buscaron todos los gobiernos desde el 83. Salvo el de Néstor Kirchner (pero su esposa impulsó dos) y el de De la Rúa, que no tuvo tiempo.

Todos los gobiernos desde el 83 tuvieron su blanqueo
El equipo económico de CFK al presentar el blanqueo del año 2013.
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El Senado convertirá en ley hoy la "reparación histórica" a los jubilados, pomposa definición que incluye en el texto del proyecto un blanqueo de capitales que el gobierno considera clave para su destino. Pero esto no es algo que haya usado solo esta administración; tarde o temprano cada gobierno desde 1983 impulsó una ley de esas características, con mayor o menor eficacia.

Algunos lo intentaron demasiado tarde, como De la Rúa, cuando el poder se le escurría de las manos y andaba a los manotazos para ver cómo mantener la convertibilidad.

Hubo excepciones como Néstor Kirchner, que en sus cuatro años de gestión no tuvo necesidad de impulsar una norma de esas características, pero su esposa compensó al promover dos blanqueos, uno por cada período de gobierno que tuvo.

La historia en materia de blanqueos desde la recuperación democrática se inicia obviamente con Raúl Alfonsín, quien además de tener que lidiar con militares aún jóvenes y levantiscos, tuvo que vérselas con una economía en crisis, producto de una herencia calamitosa, una deuda externa colosal, y errores propios, claro está. La primavera alfonsinista alcanzó para superar con éxito las elecciones de 1985, con el Plan Austral como punta de lanza.

Cuando los problemas acuciaban, se decidió impulsar una ley de blanqueo de capitales, resistida en un principio incluso por el propio ministro de Economía Juan Vital Sourrouille, quien desbordado por los desequilibrios presupuestarios y la urgencia de recaudar fondos para atender el déficit del Tesoro y mantener vivo el Plan Austral terminó accediendo.

La Ley 23.495 fue aprobada el 11 de febrero de 1987 y preveía la normalización de impuestos a las Ganancias, sobre los beneficios eventuales, los capitales, al patrimonio neto; al impuesto al valor agregado y un régimen de condonación de sanciones y remisión de intereses.

Cuando para el blanqueo de 2013, diputados del Frente para la Victoria marcaron similitudes entre el proyecto impulsado entonces con la ley sancionada en tiempos de Alfonsín, su hijo Ricardo diferenció en el recinto ambos casos, por cuanto el de su padre, dijo, no era un blanqueo sino "una normalización tributaria". Aclaró que "no se permitía blanquear ningún fondo proveniente de una actividad que fuera ajena a la empresa que se estaba regularizando; es decir, contenían normas que claramente impedían que se incluyeran recursos que no provenían de la empresa que se regularizaba". Por otra parte, "se establecía una penalización, a diferencia de lo que ocurre con este proyecto que los premia pagándoles tasas de interés. Se los obligaba a pagar el 11% del total de lo que rectificaban en las declaraciones juradas".

El presidente que sucedió a Alfonsín también tuvo su blanqueo. Fue en 1992, cuando transitaba la mitad de su mandato de 6 años. Carlos Menem impulsó ese blanqueo de capitales a través de su ministro de Economía, Domingo Cavallo, y supo ser comparado con el blanqueo de fondos que en 2013 se impulsó durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, por cuanto los fondos no declarados quedaban exentos de penalidades tributarias.

A principios de la convertibilidad, Cavallo promovió aquel blanqueo de activos a través de avisos en los medios. En los diarios se proclamaba la consigna: "Tráigala de vuelta... y póngala a producir". Sugería el retorno al país de ahorros en moneda extranjeras y depositarlos por un mínimo de 180 días en el Banco Nación, u otra entidad financiera que adhiriera expresamente a destinar esos fondos a créditos para la actividad productiva. Podía blanquearse además la tenencia de divisas en el país, siempre y cuando se tratara de valores iguales o inferiores a 500 mil pesos, y en esos casos tampoco era necesario declarar el origen de esos fondos.

El plan estuvo vigente hasta 1994, y tenía como condición que cuanto más se tardara en repatriar el dinero, más caro resultaba para quien lo hiciera. Según los especialistas, aportó entre 1,9 y 2,4% de la recaudación total durante esos años. A cifras de hoy, hubieran sido entre cinco y seis mil millones de dólares.

Promovido como "repatriación de capitales", el impulsado en 2009 terminó siendo prácticamente un blanqueo de fondos que ya estaban en el país. Es que apenas el 4,3% de los 18.113 millones de pesos que fueron declarados por los argentinos en el marco de ese acuerdo fiscal correspondían a dinero y bienes que se encontraban en el exterior.

Fue impulsado por el gobierno de Cristina Kirchner hacia fines de 2008, ya concluida la crisis con el campo y presentado en el marco de un paquete de medidas anticrisis que incluían cuestiones tributarias y laborales. Quienes blanquearan fondos sin repatriarlos, deberían abonar una tasa del 8% sobre el monto, en tanto que los que trajeran el dinero al país deberían pagar una alícuota del 6%. Si los invertían en compra de títulos públicos, la tasa bajaba al 3%, pero ascendía al 5% si se hacía en un plazo mayor a los tres meses, pero menor a los 24. Si se destinaba el dinero a inversiones industriales, inmobiliarias o agropecuarias, la alícuota bajaba al 1%.

Le costó bastante al gobierno de CFK aprobar ese blanqueo, debilitado como había quedado tras la guerra con el campo. El 11 de diciembre consiguió darle media sanción tras más 10 horas de debate y con polémica por la metodología de votación. Varios aliados no apoyaron la iniciativa y algunos kirchneristas no asistieron. Sin embargo, el FpV superó ese día los fantasmas de la resolución 125.

Cuando el kirchnerismo quiso poner en marcha un nuevo blanqueo, ya en el segundo período de Cristina Kirchner, gozaba de amplias mayorías que no impidieron las críticas, pero sí consiguieron aprobaciones holgadas.

El proyecto impulsado por el entonces ministro Hernán Lorenzino autorizaba al Ministerio de Economía a emitir el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE) y el Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico, que estaban denominados en dólares. Se autorizaba además al Banco Central a emitir lo que se conoció como el Certificado de Depósitos para Inversión (CEDIN) en dólares, endosable como un medio de pago para cancelar obligaciones en moneda estadounidense. El anuncio fue hecho el 7 de mayo en una conferencia de prensa brindada por el ministro de Economía Hernán Lorenzino, su viceministro Axel Kicillof, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray y la presidenta del BCRA Mercedes Marcó del Pont.

"La idea es transformar ahorros en nuevas inversiones", sostuvo entonces Lorenzino, mientras que Kicillof indicaba que "la poca confianza en la moneda ha llevado a atesorar fortunas no declaradas en dólares" y que la intención era "encauzar (esos ahorros) hacia el activo más rentable de nuestra economía, que es la inversión en energía y en construcción".

Ese mismo día el diputado de la CC Alfonso Prat-Gay salió al cruce de la medida afirmando que el gobierno estaba dando otra señal de que el modelo y el relato se estaban desmoronando. "Busca amortiguar la fuerte caída de reservas de U$S 8.000 millones desde el inicio del cepo cambiario, tentando a los ahorros en negro", manifestó, advirtiendo que se trataba del segundo blanqueo de capitales del kirchnerismo y, sugestivamente, "lo anuncian en medio de crecientes escándalos por presunto lavado de dinero de gente muy cercana al poder".

Desde ese mismo partido, pero por entonces en la Legislatura porteña, Fernando Sánchez recordaba entonces que "ya en el 2008, siendo diputado nacional, miembro informante de la Comisión de Lavado de Dinero, anticipé en la discusión del Congreso que este Gobierno iba a hacer una ley que sólo facilita la impunidad a los corruptos y que carga al pueblo argentino con la degradación moral que esto significa". Y concluía: "Lázaro Báez y Cristóbal López le van a agradecer al Congreso por el favor que les hagan".


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El 22 de mayo de 2013 el proyecto recibía media sanción del Senado, en un debate en el que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Aníbal Fernández, afirmaba que el proyecto permitiría al país "seguir en la senda del crecimiento y la generación del empleo".

Apenas siete días después el proyecto fue convertido en ley en Diputados. "No es una ley que busca recaudación fiscal ni que aumenten las reservas", aclaró en esa sesión que se extendió por casi doce horas el presidente del bloque K, Agustín Rossi.

La oposición volvió a advertir que quienes blanquearan sus dólares gozarían de exenciones impositivas y no estarán obligados a informar a la AFIP el origen de los fondos. "Se le está otorgando un traje a medida a los evasores, más atractivo (que el blanqueo de 2008), porque es sólo para los que tienen dólares y no le pedimos nada a cambio", arguyó el ex presidente del Banco Central, Alfonso Prat-Gay, y añadió que "al que esté fuera de la ley se le pone la alfombra roja para que no pague impuestos a la AFIP".

Ahora ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay puso fin a ese blanqueo el último día hábil de 2015. Lo hizo al cabo de nueve prórrogas y un magro resultado. De los 4.000 millones que se había propuesto conseguir el gobierno, apenas lograron captarse 2.022 millones de dólares en CEDIN y 349 millones de dólares en BAADE.

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