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Opinión
09 | 07 | 2016
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El Gobierno espera una mano de la corte suprema

José Di Mauro
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Por José Di Mauro


El llamado a audiencias públicas hubiera evitado la argumentación con la que la Justicia volvió a frenar un aumento en los servicios. El gobierno apuesta a que la Corte resuelva de una vez la cuestión, pero necesita que sea ya.

El Gobierno espera una mano de la corte suprema
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Quiso el destino que el aumento de tarifas del gas coincidiera con el mayo más frío de los últimos 60 años. Así, por más que los usuarios hayan querido ahorrar, lo más probable es que por el contrario resultaran penalizados por haber consumido más que el año anterior. Un aporte más para hacer escalar la ira ante la magnitud del tarifazo, que allá por el verano se anticipaba más suave. Recordar que con el aumento de la luz en marcha, las autoridades aclaraban que en el caso del gas el incremento no sería tan excesivo, pues el kirchnerismo sí había hecho algunos reajustes allí y el atraso no era tan grande. O no estaban bien informados, o pensaron que minimizando podrían morigerar las reacciones.

Una transición tan breve y desordenada como la que tuvo el gobierno, con una herencia cargada de presentes griegos, debe haber contribuido en tamaña imprevisión. ¿No se hubiera moderado el golpe aplicando el aumento en el verano? Tal vez solo hubiera demorado las reacciones, pero hubiera amortiguado el impacto para la llegada del frío, y los amparos chocaban con el hecho consumado.

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En cambio se tomaron su tiempo, y hubiera sido deseable que con ello se organizara mejor la aplicación de la tarifa social, o dimensionado el impacto diferenciado según las regiones. Pero decidido como estaba el gobierno a la quita de subsidios, hubiera sido conveniente que para blindar legalmente los tarifazos en los servicios se cumpliera con la ley que exige la realización de audiencias públicas previas a la modificación de las tarifas. Desde este mismo espacio anticipamos en su momento que los tarifazos más anunciados de la historia podrían toparse con amparos como los que tuvieron los anteriores gobiernos. No fue solo capricho mantener prácticamente inmovilizadas las tarifas desde 2001. En mayo pasado advertimos que el peligro de la judicialización de esas reactualizaciones era concreto, a la luz de la experiencia: los amparos frenaron la actualización que quiso aplicar Eduardo Duhalde en 2002, pasado el cimbronazo de la megadevaluación; ante las trabas judiciales, decidió que ya tenía suficientes problemas y que era preferible dejarle el tema a su sucesor, el cual a su vez en lugar de abordarlo decidió asumirlo como bien preciado del 'modelo': tarifas bajas en función de la política 'pro-consumo' que decidió aplicar. Cuando tras su reelección, Cristina quiso aplicar la 'sintonía fina', la tragedia de Once puso fin a la experiencia. Igual, hubo ciertas actualizaciones que aplicaron los Kirchner, que también generaron amparos, por lo que no podía esperar otra cosa el actual gobierno.

Ya en enero, el ex jefe de Gabinete de Néstor y Cristina, el ahora escrachado Alberto Fernández, anticipaba que el aumento de tarifas anunciado por el ministro Aranguren sería frenado por la justicia, atento a 'la jurisprudencia establecida' en la era kirchnerista con anteriores aumentos.

Ahora la última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia, que ya desde la época de los Kirchner tiene un caso testigo sobre el cual resolver -de la firma Camuzzi, correspondiente al año 2014-, en el que la procuradora Alejandra Gils Carbó emitió un dictamen favorable a convalidar el aumento. El gobierno apuesta a una pronta respuesta del Tribunal Supremo; esto es este mismo martes, en su última acordada antes de la feria judicial. De no ser así, el tema se pospondría hasta agosto, agregándole más incertidumbre a las medidas del gobierno y empañándole el inicio del tan esperado segundo semestre.

Hay quienes no están tan seguros de un fallo de la Corte esta semana, pues afectaría el derecho de la parte demandante a brindar sus argumentos. Con todo, el tema exige una urgente definición, pero recordemos que el Tribunal Supremo no tiene tiempos para expedirse. Ahora son cuatro los miembros y justamente el más nuevo, Horacio Rosatti, dijo tras asumir que la cuestión debe ser resuelta 'en el corto plazo'.

Inmediatamente pasada la feria se incorporará Carlos Rosenkrantz. ¿En ese caso deberían esperar a que se empapara del caso para poder votar él también, demorando? En el gobierno se agarran la cabeza de solo pensar tener que aguardar hasta bien entrado el mes de agosto.

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No se le puede reprochar a la oposición que haga hincapié en el tema de las tarifas para pegarle al gobierno. El massismo y Margarita Stolbizer han vuelto a coincidir, reclamando retrotraer la medida acatando el fallo de la Cámara Federal platense; el presidente del Consejo Nacional Justicialista, José Luis Gioja, pidió lo mismo, poniendo el 'clima del Bicentenario' como argumento para volver hacia atrás. Pero el kirchnerismo es el más entusiasmado en sacar partido de semejante coyuntura. El tema fue uno de los ejes tratados por la ex presidenta con Héctor Recalde y María Teresa García -principales espadas del bloque K en Diputados- cuando los recibió el jueves en el Instituto Patria. Hablaron del gobierno y de las medidas que deben ser usufructuadas en la confrontación. Esa misma noche, la conducción del bloque anunció que pedirán una sesión especial para frenar el tarifazo. Previsiblemente la medida no va a prosperar, pero le sirve al bloque FpV-PJ para tratar de influir en la agenda legislativa, como sucedió con la ley antidespidos, cuando logró encolumnar al Frente Renovador y el resto del peronismo.

Mientras tanto, el bloque FpV sigue su proceso de desintegración. Palabra extrema, pero difícil de refutar si se tiene en cuenta que desde las elecciones de octubre al presente ha perdido casi el 30% de sus miembros en la Cámara baja. Esta última semana trascendió la inminente salida de dos entrerrianos, camino al bloque Justicialista. Se trata de Lautaro Gervasoni y Carolina Gaillard, muy cristinistas ellos, pero que finalmente estarían cediendo al imperativo de responder a su gobernador, Gustavo Bordet, de buena sintonía con la Casa Rosada.

No por nada la Cristina Kirchner dedicó buena parte de su retórica a quejarse de los gobernadores peronistas, que tan fieles -o sumisos- le fueron durante su gestión, y hoy se muestran dispuestos a hacerle el juego a Macri, al menos atendiendo sus necesidades legislativas. Otra de las airadas críticas que hizo Cristina en su paso por Buenos Aires -menos estridente que el de abril pasado- fue a los sindicalistas, cuya supuesta 'pasividad' criticó: 'Los mismos dirigentes gremiales que cerraron paritarias por arriba de la inflación en nuestro gobierno, con esta gestión acordaron por debajo de la inflación y en cuotas como Ahora 12', ironizó.

Esos sindicalistas cerraron la devolución de millonarios fondos retenidos a las obras sociales durante la gestión anterior. Más allá de las diatribas que le dirijan al Ejecutivo, los gremialistas tienen razones de peso y de pesos para mantener una racionalidad que el Presidente valora y reconoce en privado. Tanto ellos como los gobernadores encuentran en Cambiemos un interlocutor más dispuesto a atender sus reclamos, a diferencia del pasado reciente.

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