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Política
14 | 07 | 2016
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Piden indagar a la esposa de López y a una monja

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La solicitud la realizó la fiscalía que investiga al detenido ex secretario de Obras Públicas; en la misma, Federico Delgado reclama que se cite a los mencionados como acusados.

Piden indagar a la esposa de López y a una monja
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La fiscalía que investiga al detenido ex secretario de Obras Públicas, José López, pidió ayer que se cite como acusados a una monja del convento de General Rodríguez donde el ex funcionario kirchnerista intentó esconder casi 9 millones de dólares y a un contador y un empresario vinculados a la obra pública. Además, en su dictamen, el fiscal federal Federico Delgado, concluyó que López se enriqueció ilícitamente a raíz de delitos cometidos con la adjudicación de obra pública bajo control del área a su cargo e incluyó en sus pedidos de indagatorias a la esposa del ya procesado ex funcionario, María Amalia Díaz según el texto al que accedió Télam.

Ahora, el juez de la causa, Daniel Rafecas, deberá resolver si ordena lo pedido por Delgado aunque antes el juzgado requirió a la fiscalía el envío de toda la prueba, los documentos y el video completo en que basó su dictamen, explicaron a Télam fuentes del caso.

Es que, al formular las nuevas imputaciones y reclamar las indagatorias, el fiscal sostuvo su argumentación con lo visto en el video que trascendió el martes a través del canal Telefé, en el que se ve a López acercando los bolsos con el dinero y un arma, y a religiosas ayudándolo desde adentro del monasterio, entre otras pruebas. A esas imágenes se suma información relativa a 34 llamados hechos por López y su esposa en las 14 horas previas al episodio del dinero, ocurrido en la madrugada del 14 de junio pasado. También aludió a documentación sobre los vínculos del ex funcionario con el contador Andrés Galera y el constructor Eduardo Gutiérrez, y, al pedir sus indagatorias, sostuvo que ambos habrían actuado como cómplices del enriquecimiento ilícito de López, delito que prevé hasta seis años de prisión.

En tanto una de las monjas que colaboraron esa madrugada con el ex secretario de Obras Públicas, Celia Aparicio -la "hermana Inés"- fue acusada por Delgado de ayudar a López en tanto la encargada del convento, Alba Día de España Martínez Fernández - conocida como la "madre Alba"- también quedó vinculada pero se pidió que sea sometida a estudios médicos por su avanzada edad para determinar si puede enfrentar una causa penal.

Las monjas "fueron quienes colaboraron con López para ocultar los rastros del delito", concluyó el fiscal y les imputó encubrimiento, un delito para el que el Código Penal estipula una pena de hasta tres años de cárcel.

"No se limitaron a monitorear la llegada de López al convento, también lo recibieron y ayudaron a ingresar el dinero a la casa. Se manejaron con mucha tranquilidad teniendo en cuenta que a centímetros de la puerta había un fusil apoyado en el piso de la galería", remarcó.

El dictamen fiscal fue más allá del día en que López escondió el dinero en el convento y apuntó al origen de ese dinero que, sostuvo, podría estar relacionado con ilícitos en la adjudicación de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

"Confluyen dos personajes clave que han acrecentado su fortuna por sus lazos estrechos con el Ministerio de Planificación Federal y la Secretaría de Obras Públicas: Andrés Enrique Galera y Eduardo Ramón Gutiérrez, quienes junto a López conformaron un verdadero triángulo en el cual se confunden sus patrimonios", acusó el fiscal Delgado.

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En base a documentos hallados en una lujosa casa en la zona de dique Luján en Tigre donde vivían López y su esposa, el fiscal concluyó que el real dueño de esa propiedad es el detenido ex funcionario, quien simulaba alquilarla a Gutiérrez.

A su vez este último habría comprado el terreno a Galera en el 2010. "Eduardo Ramón Gutiérrez, es dueño del Grupo Farallón, empresa que intervino en la construcción de viviendas del Plan PROCREAR en Tigre y San Nicolás y en la pavimentación de la ruta provincial 41, proyectos que estuvieron bajo la órbita de López", advirtió. "Todo confluye en López: López no se enriqueció por casualidad, sino por el ejercicio de la función pública", concluyó Delgado.

En cuanto a la esposa de López, María Amalia Díaz, el fiscal afirmó que se comunicó desde un teléfono de uso personal registrado a nombre de su marido varias veces con la "Madre Alba" en el monasterio "Nuestra Señora de Fátima" en "pleno raid" de su esposo "con miras a ocultar los millones de dólares que tenía".

"Realizado un relevamiento del tráfico de llamadas entre esas líneas, se detectaron veintidós (22) conversaciones entre López y Díaz, entre el mediodía del 13 de junio y la madrugada del 14 de junio de 2016", detalla el dictamen al que tuvo acceso Télam. El último llamado fue a las 3.15 de la madrugada, cuando el ex funcionario ya estaba en el monasterio de General Rodríguez con el dinero."Hubo un contacto fluido "tanto personal como telefónico" entre ambos las horas previas a la detención de López y también cuando éste ocultó el dinero. Esto quiere decir que Díaz estaba al tanto que su marido intentaría borrar pruebas de su enriquecimiento espurio", concluyó el fiscal, exactamente el día en el que se cumple un mes de la detención de López.

En el Parlasur esperan el descargo de López

José López, el ex secretario de Obras Públicas, detenido hace casi un mes luego de ser descubierto en un convento escondiendo bolsos con 9 millones de dólares, tendrá cinco días hábiles para hacer su "descargo", previo a la sesión del Parlasur -organismo en el que es parlamentario-, luego de que se le envíe una notificación informándole sobre el procedimiento que se está realizando para requerir su expulsión en ese organismo continental.

"Tiene cinco días para contestar, y lo van a notificar en el domicilio o en la cárcel, y a través de su apoderado, por mail o como le parezca, puede hacer su descargo", explicó a Télam el parlamentario Fabián Rodríguez Simón, y consideró que, en la reunión del 8 de agosto, "lo más probable es que se lo expulse o pierda su mandato". En el plenario anterior del Parlasur, del 21 de junio, fracasó un intento de una parte de sus miembros de expulsarlo de ese cuerpo. Esa vez la mayoría especial, requerida para tratar directamente en la sesión la cuestión, no fue alcanzada y se dio traslado a la Comisión de Asuntos Internos, en donde podrá aprobarse por mayoría simple.La iniciativa había sido requerida por los legisladores de Cambiemos, Mariana Zuvic, Claudio Romero y Fabián Rodríguez Simón quienes, a pesar de que uno de los pedidos de expulsión de López habían salido de ese bloque -a través de Zuvic-, finalmente se abstuvieron de hacerlo, aunque sí votaron afirmativamente por la suspensión. La sesión plenaria del Parlasur, en la que se volvería a tratar el Caso López, iba a realizarse el 11 de julio pero, debido a los debates en el Mercosur en torno al traspaso de la presidencia pro témpore a Venezuela, fue postergada para el 8 de agosto. Ese día se realizó la reunión de Comisión de Asuntos Internos, en donde se trata el tema López.En esa Comisión, presidida por el uruguayo Daniel Caggiani, estuvieron presentes varios parlamentarios de todas las delegaciones, entre ellos brasileros, venezolanos, argentinos y paraguayos. También lo hizo el parlamentario Fabián Rodríguez Simón.

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