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Política
27 | 07 | 2016
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Amparo y denuncia a Marcos Peña por el uso de datos de la ANSES

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La causa, que recayó en el juzgado de Lijo, fue presentada por los diputados del Frente para la Victoria Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade. Desde el oficialismo alegaron que la resolución “es para mejorar el vínculo no de un gobierno sino del Estado con los ciudadanos”.

Amparo y denuncia a Marcos Peña por el uso de datos de la ANSES
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Diputados del FPV presentaron un amparo contra el decreto que permite a la Anses trasferir su base de datos a la Secretaría de Comunicación Pública y pidieron tanto la nulidad de la norma como una investigación penal contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña, que la firmó.

"Tenemos todo el derecho a sospechar que el uso de la información por parte del jefe de Gabinete será ilegal, en violación a la ley 25.236 de protección de datos personales", advirtieron los diputados nacionales Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade en su denuncia, que recayó en el juzgado federal de Ariel Lijo.

Para los legisladores, Peña incurrió en los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad", además de la "violación de secretos y de la privacidad", al pretender "utilizar los datos para hacer propaganda política, campañas de desprestigio y operaciones de manipulación de la opinión pública".

Además del ministro coordinador fueron denunciados el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso; el secretario de Comunicación Pública,  Jorge Grecco, y el subdirector ejecutivo de la Anses, Federico Braun, quienes deberán ser investigados por el fiscal Guillermo Marijuán si habilita esa imputación.

En tanto, el jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, junto a las diputadas nacionales Teresa García y Carolina Gaillard presentaron una acción de amparo de alcance colectivo a fin de que la Justicia en lo contencioso administrativo federal declare la nulidad de la Resolución 166/16.

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En su presentación ante la jueza Liliana Heiland, los legisladores pidieron la apertura de la feria judicial para tratar a la brevedad el expediente y advirtieron que se está ante una violación "del derecho a la intimidad previsto en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, como de la ley 25.326 de Protección de Datos Personales".

Ante las primeras críticas que despertó la iniciativa oficial, Peña se apuró en aclarar que el objetivo no tiene que ver con la comunicación política o propagandística: "Es para mejorar el vínculo no de un gobierno sino del Estado con los ciudadanos", señaló.

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