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El Defensor de los Consumidores
13 | 08 | 2016
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Multa a empresa de medicina prepaga

Pablo Chamatropulos
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Por Pablo Chamatropulos


Una empresa de medicina prepaga que no envió una unidad de asistencia móvil solicitada por el afiliado en un momento de emergencia fue sancionada en 2014 por la Dirección Nacional de Comercio Interior con una multa de $ 5.000.000. Ello por infracción a lo dispuesto el art. 19 de la Ley 24.240. Además, se puso a cargo de la sancionada el pago de una suma de dinero en concepto de pago directo.

Multa a empresa de medicina prepaga
Foto:

La empresa apeló y la Justicia en una de las instancias revistas confirmo la multa, con algunas consideraciones que son útil transcribir:

'...Constatado que la empresa de medicina prepaga no envió un móvil ante la urgencia domiciliaria del afiliado, cabe confirmar la sanción impuesta por infracción al art. 19 de la Ley 24.240 —en el caso, de $ 5.000.000—, pues si bien la apelante invoca que el supuesto incumplimiento no fue causa de daño alguno, la sola verificación de los hechos hace nacer la responsabilidad del infractor, más allá de la existencia de perjuicio concreto.

Que sentado lo expuesto, y para un mejor desarrollo de la problemática traída a conocimiento de esta Cámara, corresponde hacer una breve reseña de la normativa que correspondería aplicar al caso bajo examen, de confirmar la sanción aquí apelada y de la cual la demandada resulto ser autoridad de aplicación. Así, lo conveniente es comenzar por el artículo 42 de la Constitución Nacional que establece, en lo que aquí respecta, que: "(l)os consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digna. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados...".

Por su parte, el artículo 19 del Capítulo V "De la Prestación de los Servicios", de la Ley de Defensa del Consumidor, dispone: "(m)odalidades de Prestación de Servicios. Quienes presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos".

Que en el plano de la doctrina, respecto de la razonable interpretación que cabe realizar del artículo 19 de la Ley de Defensa del Consumidor, en punto a lo que debe entenderse por prestación de servicios, se ha interpretado que: "...contrato de servicios es aquel negocio jurídico que tiene como prestación característica o nuclear un hacer inmaterial, económicamente relevante en el mercado de consumo, que puede incluir obligaciones secundarias de dar por la creación o entrega de un bien material y que puede ser oneroso directa o indirectamente o gratuito. Con respecto al sujeto que contrata la prestación de un servicio, desde la legislación consumerista, es un usuario, y no un consumidor. Podríamos enmarcar al usuario como aquel que utiliza un servicio, como sujeto que carece de conocimiento para brindarse por sí mismo el servicio y que por lo tanto contrata la prestación a su favor. A partir de esto surge que lo que diferencia a ambos sujetos contratantes es el conocimiento, la tecnología, generándose la debilidad del usuario a partir de la "brecha informativa" que los separa. De esta manera se da la relación del experto y el profano, donde aquél aporta el know how y que se basa en la apariencia y la confianza"

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Continuando con lo expuesto, en torno a las previsiones del artículo 42 de nuestra Carta Magna se ha entendido que: "(l)a defensa del consumidor se abre en dos campos: el de los derechos patrimoniales -la seguridad de no sufrir daño-; los intereses económicos; la libertad de elección; el trato equitativo y digno; la mayor protección cuando en la relación de consumo se constituya en la parte más débil y el de los derechos personales: la protección de la salud y la seguridad de no sufrir menoscabo en aquella o en la vida. Por otra parte, el derecho a una información adecuada y veraz resguarda -como la seguridad- tanto los derechos patrimoniales como los personales, a la vida y a la salud".

Es decir que: "...la Ley de Defensa del Consumidor llenó un vacío existente en la legislación Argentina, pues otorga una mayor protección a la parte más débil en las relaciones comerciales -los consumidores- recomponiendo, con un sentido ético de justicia y de solidaridad social, el equilibrio que deben tener los vínculos entre comerciantes y usuarios, que se verían afectados ante las situaciones abusivas que se presentaban en la vida cotidiana.

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