La presentación contra el ex intendente de Merlo la hizo el fiscal federal Guillermo Marijuan ante el juez federal Ariel Lijo. La denuncia la hizo el actual jefe comunal de Merlo, Gustavo Menéndez.

El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó ayer al ex intendente de Merlo Raúl Othacehé por presuntas maniobras de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Lo hizo ante el juez federal Ariel Lijo, a cargo de la causa en la que se investiga al ex intendente y a su familia por posibles estafas al Estado con la construcción de viviendas y el lavado esos fondos a través de sociedades fantasma.

La denuncia la hizo el actual intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, quien acusó a su antecesor por defraudación, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y fue acompañada por el legislador porteño y referente de La Alameda, Gustavo Vera.

Según la denuncia, que se hizo eco de una previa hecha por un particular, Othacehé cometió irregularidades con tres planes de vivienda financiados por el Ministerio de Planificación Federal, y por los que se debían construir 700 casas en su distrito que no se finalizaron.

De acuerdo a la presentación, un anticipo financiero por dicho plan preveía el pago directamente a la empresa Canning CISA, sin depositarse en cuentas del municipio.

Al pedir abrir una investigación contra el ex intendente, quien permaneció 24 años en la comuna de Merlo, el fiscal solicitó varias medidas de prueba, entre ellas pedidos de informes a organismos oficiales sobre los bienes del ex mandatario.

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La denuncia apunta también contra la esposa del ex intendente, Mónica Arnaldi; sus hijos Martín, Hernán, Guillermo y Pablo; a sus cuñados Ernesto Arnaldi y Ana María Ferreyra; y los sobrinos Mariano y María Fernanda Arnaldi, entre otros.

La familia es investigada por ser presuntos testaferros del ex intendente, tal cual lo pidió el fiscal al impulsar la causa para investigar el destino de esos fondos públicos girados por la Nación.

Menéndez y Vera indicaron en su presentación que estaba prevista la edificación en Merlo de 700 viviendas a través de varias etapas y que si bien ya "llevan varios de desarrollo, por lo que el Estado nacional ha transferido cuantiosas cantidades de dinero", las casas "nunca han sido finalizadas".

De acuerdo a la denuncia, los convenios establecían que los fondos otorgados por el Estado eran un "financiamiento no reintegrable" y que durante su mandato, Othacehé licitó cada uno de los proyectos y las obras comenzaron a ejecutarse.

Sin embargo, la nueva administración de Menéndez realizó un relevamiento que arrojó que los casi 10 millones de pesos girados por el Estado nacional "no eran depositados en ninguna cuenta del municipio, sino que eran cobrados directamente por la empresa constructora de manos del Ministerio de Planificación Federal".

Por esa razón Vera y Menéndez dudan si el dinero ingresó en su totalidad a las arcas de la empresa constructora o sufrió algún desvío porque el contrato "estableció que la obra debía finalizarse en 24 meses, pero a varios años de haberse iniciado la edificación de los barrios eso aún no ha ocurrido", señalaron.

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