Una empleada de la Municipalidad de Córdoba, que trabaja en el Cementerio San Vicente de esa ciudad denunció que en el lugar se comercializa cadáveres y se realizan cremaciones que no son registradas, razón por la cual el municipio solicitó una auditoría general.
Clara Rosa Martín, quien se desempeña en el cementerio, decidió llevar su acusación a la justicia a través de su abogado Carlos Nayi. El letrado afirmó que "toda la sociedad ha escuchado y todos hablan del comercio de huesos, de cráneos, de estructuras esqueléticas".
Asimismo, detalló que al día siguiente de que muchas familias entierran a sus seres queridos, hay una banda que extrae el cuerpo, se queda con los elementos de valor y finalmente comercializa el cabello y toda la osamenta. "Es algo realizado de manera cotidiana", afirmó.
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Paralelamente, Nayi fue tajante al asegurar que en las cremaciones solamente "pasa a la parte informática el cinco o el siete por ciento de los cuerpos que son incinerados" y que los empleados ofrecerían a los familiares realizar el procedimiento por un monto menor, que se quedarían ellos.
El abogado aseguró que los cadáveres y los restos óseos sustraídos "van a estudiantes de medicina, de odontología, compran dientes, cráneos" y que se realizan simulaciones de las cremaciones y se les entrega a los familiares "los restos de diferentes cosas, desde cenizas de otros difuntos hasta basura o restos de animales".
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