Calificó el ministro de Justicia de “muy grave” el testimonio de la magistrada María Servini de Cubría, quien dio a entender que había “presiones” en Tribunales durante la gestión de Cristina.

El ministro de Justicia Germán Garavano aseguró ayer que el gobierno sólo dialoga con los jueces por temas de impacto "institucional" y no sobre "cuestiones políticas", al tiempo que calificó de "muy grave" el testimonio de la magistrada María Servini de Cubría quien dio a entender que había "presiones" en Tribunales durante la gestión de Cristina Kirchner.

"No es el perfil del gobierno consultar a los jueces sobre el estado de las causas, pero sí hay muchas veces cuestiones institucionales como temas de cooperación judicial con otros países que nos llevan a hablar con los jueces", expresó Garavano.

"Se trata de causas que tienen impacto institucional y no porque afecten políticamente al Gobierno o a alguna persona vinculada al Gobierno", añadió en declaraciones a radio El Mundo.

El ministro se pronunció de esa forma al ser consultado sobre expresiones de la jueza federal María Servini de Cubría quien el lunes aseguró que desde el inicio del nuevo gobierno "nadie se acerca" a su juzgado a "presionar" y ahora los magistrados pueden "investigar tranquilos".

Al ser consultada sobre si la situación de la Justicia cambió tras la asunción del presidente Mauricio Macri, Servini subrayó: "Sí, nadie se acerca, nadie toca la puerta y estamos investigando tranquilos". El funcionario consideró que se trata de "un testimonio muy grave" y pidió a los jueces denunciar posibles presiones.

Garavano consideró que los dichos de Servini "dimensionan cómo funcionó la Justicia durante estos años", durante los cuales "se generó un manto de impunidad muy fuerte".

En este marco, el funcionario apuntó que son "los propios jueces quienes deberían dilucidar, aclarar y generar investigaciones que lleguen a juicio".

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"A la gente le produce cierta desconfianza, fastidio e impotencia que muchas veces estas cosas son referidas por los propios actores y quedan como comentarios", agregó el ministro en declaraciones al canal TN.

En la misma línea, Garavano señaló: "Si un juez sabe que un colega recibe presiones, que lo denuncie y que el Consejo de la Magistratura investigue. Si no, es una cuestión más mediática o de comentarios". Por otra parte, negó que el presidente Mauricio Macri vaya a consultarlo sobre el estado de una determinada causa judicial porque "el Presidente es muy respetuoso y ha tolerado persecuciones muy fuertes en su contra" sin alterarse.

Los juicios por delitos de lesa humanidad

La Comisión Interpoderes, dedicada a revisar la agilidad de los juicios por delitos de lesa humanidad, se reunió nuevamente y ratificó que esos procesos son "una política de Estado".

El encuentro fue convocado por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, a pedido de los organismos de derechos humanos, que querían manifestar sus "preocupaciones ante los principales problemas que afectan el avance de los juicios". "Hablamos con libertad, fuimos escuchados y la mayoría de los integrantes de la comisión coincidió con nuestro panorama y nuestro requerimiento de acelerar los procesos", informó Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo.

La Comisión Interpoderes fue creada por la Corte Suprema en 2008 con la función de acelerar los juicios por delitos de lesa humanidad, y se había reunido por última vez en agosto de 2015. Del encuentro participaron Lorenzetti y el nuevo juez de la Corte Horacio Rosatti, así como jueces de la Cámara Federal de Casación, encabezados por su presidente, Alejandro Slokar, Liliana Catucci, Ana María Figueroa, Angela Ledesma y Gustavo Hornos. También concurrió la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó; la Defensora General, Stella Maris Martínez y los referentes de la Procuraduría de Lesa Humanidad, Jorge Auat y Carolina Varsky. Por el Poder legislativo asistieron la diputada Victoria Donda y el senador Juan Manuel Abal Medina. Y por el Ejecutivo fueron el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y Mariano Friedman y Brian Schapira, miembros de esa cartera.

El abogado Pablo Llonto consideró el encuentro como "muy favorable", al tiempo que indicó: "Se ha logrado después de mucho tiempo que se reúna la comisión y que reciba a los organismos, y ha habido una coincidencia general en mantener la política de juzgamiento y en la necesidad de hablar de métodos y herramientas para acelerar los juicios como una preocupación de todos".

Por los organismos de Derechos Humanos estuvieron Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Carlos Pisoni, de Hijos; José Schullman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Diego Morales, del Cels, entre otros.

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