La Cámara también decidió que lo del venezolano sea investigado como contrabando por los casi 800 mil dólares que intentó ingresar al país el 4 de agosto de 2007. Fallaron contra Uberti.
La Cámara de Casación Penal dispuso que el caso de la valija con casi 800 mil dólares que el venezolano Guido Antonini Wilson intentó ingresar al país el 4 de agosto de 2007 sea investigado como contrabando y que se avance hacia el juicio oral y público. Fuentes judiciales informaron a NA que la sala II del Tribunal consideró que el caso debía ser investigado como contrabando, y no como lavado de activos, pues bajo esta última figura penal la causa estaba prescripta por el paso del tiempo.

"Resulta necesaria la realización del juicio oral y público, pues constituye el ámbito más propicio para que se debatan con mayor amplitud y profundidad los pormenores vinculados con la subsunción legal postulada", sostuvo el juez Pedro David, cuyo voto fue compartido por Angela Ledesma y Alejandro Slokar.

Contra Uberti

El Tribunal falló en contra de Diego Uberti, ex jefe del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), de Diego Uzcátegui Matheus, ex vicepresidente de la petrolera Pdvsa, y su hijo, Daniel Uzcátegui.

Uberti y Daniel Uzcátegui viajaron junto a Antonini Wilson en aquel vuelo contratado por ENARSA que llegó al Aeroparque Jorge Newbery a las 2.30 de la madrugada del 4 de agosto de 2007, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectó los 790.550 mil dólares que llevaba el venezolano en una valija.

La Cámara en lo penal económico había determinado que el caso debía investigarse bajo la figura de lavado de dinero, pero en función del paso del tiempo bajo esa calificación el hecho estaba prescripto.

El Tribunal hizo lugar al planteo del fiscal Ramiro Rodríguez Bosh y consideró que es contrabando, ya que Antonini Wilson primero dijo que en la valija había libros -ante la pregunta de la oficial de la PSA-, y luego cuando se descubrió el dinero, informó una suma significativamente inferior a la que se llegó a contar. "Tal como se desprende de las normas reglamentarias citadas, el dinero en efectivo puede ser importado y exportado y, por lo tanto, es considerado "mercadería" en lo que aquí interesa y puede ser objeto del delito de contrabando", sostuvo la Casación.

El contrabando

"Cabe aclarar que, en atención al estado procesal de la causa, siendo que aún se encuentra en investigación, se ha de analizar someramente si en el presente caso se puede llegar a sostener que se obró con el ardid o engaño que exige el tipo de contrabando, circunstancia que no debe ser probada en esta instancia, sino que deberá ser discutida en juicio", añadió el tribunal en el fallo al que accedió NA (más información en tema aparte).

Sobre la figura de contrabando, la Cámara señaló: "En el contexto aludido -el arribo al país en un horario en el que hay menos personal trabajando en el aeropuerto, en un avión contratado por una empresa estatal y acompañado de funcionarios públicos-, la omisión de presentar la declaración correspondiente respecto del excedente de divisas, aunado a la mentira referida por Antonini Wilson respecto a que llevaba libros y papeles, hace, en principio, plausible la posibilidad de un engaño idóneo".

"Nos encontraríamos frente al delito de contrabando agravado por el número de personas intervinientes en grado de tentativa que prevé una pena de máxima de diez años de prisión, motivo por el cual la acción penal no se encuentra prescripta", concluyó el tribunal.

Días atrás, el juez en lo penal económico Pablo Yadarola dispuso el decomiso definitivo y anticipado de los cerca de 800 mi dólares que el venezolano Guido Antonini Wilson intentó ingresar ilegalmente a la Argentina. El juez dispuso un decomiso definitivo y anticipado del dinero, ya que "ninguno de los imputados en la causa, pese a haber transcurrido casi nueve años de los hechos, reconoció ser propietario de la suma en cuestión y nadie reclamó". "La República Argentina asumió diversos compromisos internacionales que se vinculan a las acciones necesarias que los Estados deben adoptar para lograr la identificación de bienes y el recupero de activos de origen ilícito", agregó.

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