Las críticas del ministro Prat-Gay a la actitud de los bancos frente al blanqueo son una señal de la preocupación que genera la lentitud que viene observándose en el acogimiento al mismo. DiMauro.psd

Una de las grandes apuestas del gobierno es sin lugar a dudas el blanqueo de capitales. Tuvieron la habilidad de presentarlo en conjunto con la reparación histórica para los jubilados y para asegurar su aprobación se lo incluyó en el mismo proyecto, convertido en una ley ómnibus.

Como corresponde y se estila, el gobierno morigeró expectativas respecto a los resultados contantes y sonantes que podría llegar a tener la exteriorización de capitales, pero se sabe de la esperanza oficial de asegurarse un éxito resonante en la materia. “Hay miles de millones de pesos de argentinos que están en el exterior porque no confiaban en el Estado. Necesitamos decirles que nos acompañen”, expresó el propio presidente Mauricio Macri al presentar la iniciativa. Por entonces, el mandatario aseguró que se planeaban recaudar unos 20.000 millones de dólares con esa movida. Otros análisis más ambiciosos hablan de un ingreso de 60.000 millones.

El titular de la bancada de diputados del PRO, Nicolás Massot, sostuvo a poco de aprobada la norma que el resultado del blanqueo sería “15 veces mayor” al último implementado por el kirchnerismo, ciertamente con mínimos resultados. “Esperemos que sea más que 20 mil millones de dólares”, detalló luego el diputado oficialista, que calculó entonces que la cantidad de dinero argentino fuera del sistema se acercaría a un PBI: unos 400 mil millones de dólares.

Como todo el oficialismo, Massot sostuvo entonces que las expectativas favorables se fundamentaban en que “el contexto es distinto”. Hablaba del perfil social de esta medida ahora emparentada con el pago a los jubilados, pero lo cierto es que el contexto distinto tiene que ver con otro detalle clave, que es el que fundamenta las expectativas oficiales: en el futuro será cada vez más difícil mantener oculto el dinero negro. A partir del próximo año entrará en vigencia el tratado de intercambio de información tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). A través del mismo, los estados firmantes se comprometen a proceder al intercambio automático de información sobre cuentas financieras. El mismo entrará en vigencia el año que viene, con 48 países que comenzarán a compartir información fiscal. Y al año siguiente se sumará más de medio centenar.

Entre los firmantes se encuentran Suiza, Seychelles, Bahamas, Isla de Man, Islas Caimán, Bermudas... Pero hay un problema no menor. Estados Unidos, uno de los destinos preferidos por los argentinos que tienen cuentas en el exterior, no firmó ese tratado. Sucede que Washington no suele suscribir acuerdos multilaterales; tampoco bilaterales de ese tipo, a menos que les convenga a ellos. No es el caso que podría darse con nuestro país; sin embargo hubo un gesto la semana pasada, con la visita fugaz del secretario del Tesoro de EE.UU., Jack Lew, quien se vio con el presidente Mauricio Macri y luego dio una conferencia de prensa con el ministro Alfonso Prat-Gay, para confirmar que su gobierno comenzó a trabajar con el argentino en la elaboración de un acuerdo de intercambio automático de información tributaria.

Era algo que venía manejándose como posibilidad, pero a la que muy pocos daban crédito. Ahora, con semejante respaldo, suena más convincente. Pero está librado a una serie de prerrogativas. En principio, que las conversaciones llevarán unos cuatro meses, consumiéndose parte del tiempo del blanqueo; además, que el Congreso norteamericano debe aprobar ese eventual acuerdo. Con todo, también está la posibilidad de arbitrar otros mecanismos de intercambio de información que le brinden viabilidad. Lo concreto y que debe quedarles claro a los argentinos con cuentas en Estados Unidos es que algo va a haber, sino no hubiera venido Jack Lew para hacer ese anuncio.

El problema del blanqueo y que inquieta a las autoridades oficiales es que por ahora los resultados son bastante exiguos. Prueba de ello es que el ministro Prat-Gay saliera el lunes a acusar a los bancos de “dificultar” el proceso para llevar adelante el blanqueo. “No hay cooperación de parte de los bancos”, disparó el ministro de Hacienda, que agregó que “pareciera ser que quien más dificulta este proceso de sinceramiento son los mismos bancos que debieran beneficiarse”.

Las autoridades se quejan porque los bancos piden a los interesados en blanquear “papeles que nadie les pide a los bancos”. El ministro señaló que las entidades bancarias “tienen aparentemente el temor de que algún día alguien vaya a investigar más allá”. En efecto, eso es lo que piensan: que en el día de mañana otras autoridades terminen responsabilizándolos de eventuales delitos. “Lo que hay que hacer es leer la ley y lo que dice es que mientras no haya un delito diferente del de evasión, la deuda con el fisco está totalmente saldada, hay secreto fiscal y bancario”, trató de explicar Prat-Gay, que le pidió a los interesados “que insistan más allá de los bancos”.

Lo cierto es que nadie ha visto publicidad de los bancos invitando a la gente a sumarse al blanqueo.


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Otra prueba de que los resultados hasta ahora no son halagüeños y que el reloj está corriendo y preocupa es que la AFIP saliera este lunes a anunciar medidas para facilitar el sinceramiento fiscal. En buenahora.

Los optimistas sugieren que “es lógico” que los que deban blanquear esperen hasta último momento. Y suman un argumento meramente financiero. Pasa que cuando se establecieron las condiciones para los depósitos en efectivo, dijeron que para contabilizar los activos se tomaría el tipo de cambio del mes de julio, cuando salió la ley. Así, al pagar la penalidad, que difiere entre el 5, el 10 o el 15%, según la fecha elegida, más barato le saldrá al que deposite cuanto más caro esté el tipo de cambio.

O sea que corre aquí una cuestión especulativa: le conviene al depositante vender el dólar a 16. Blanquear en diciembre a muchos les resultará más rentable que hacerlo en octubre, sostienen los que adjudican a una razón financiera la decisión de esperar hasta último momento.

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