El gobierno destacó que gracias al primer Relevamiento Nacional de Barrios Populares, que se realiza en todo el país, se detectaron 7 mil chicos que no reciben ese beneficio y que podrían obtenerlo.

Luego de acercar posiciones con la CGT a través de la mesa de Diálogo Social, el gobierno se abocó a ultimar detalles con las agrupaciones de la denominada economía popular para tener un fin año en paz.

Ayer junto a entidades como la CCC, Barrios de Pie y la CTEP, los funcionarios presentaron el Relevamiento Nacional de Barrios Populares que busca asegurar el acceso de los sectores más vulnerables de AUH -se sumarán 7 mil beneficiarios tras el primer muestreo-, la jubilación universal y la tarifa social.

Sentados en una improvisada tribuna en el Museo de Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el vicejefe, Mario Quintana -que ofició de moderador-, entre otros, escucharon los discursos de los referentes sociales que, más allá de la satisfacción por la inédita iniciativa, en algunos casos hicieron un duro diagnóstico sobre la realidad social devenida del plan de gobierno.

Es decir, invitados a un acto oficial realizaron críticas. Algo que, vale aclarar, nunca ocurrió durante el kirchnerismo, donde en Balcarce 50 primaba el relato único y los aplausos de ocasión.

El objetivo del relevamiento es tener registro de cuántas personas viven en asentamientos en todo el país y zonas vulnerables, con el objetivo de hacerles llegar los beneficios sociales del estado. Se estima que un millón de niños y niñas estarían en condiciones de percibir la Asignación Universal por Hijo y que, por diversas razones, no lo hacen.

Todas las personas que tienen a cargo los relevamientos son vecinos de los barrios vulnerables y trabajan en coordinación con el gobierno y las entidades sociales desde hace meses.

Lo hacen puerta a puerta -cobrarán $40 por encuesta- y luego envían los datos por celular y, a través de la geolocalización, los organismos nacionales pueden saber cómo se componen los moradores de ese domicilio y cuáles son sus necesidades.


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Ayer por la tarde en las butacas dispuestas en la ex Aduana Taylor, volvieron las "pecheras" a la sede de gobierno: las portaban, por caso, los "relevadores" de la CTEP.

"Ha sido un año enormemente malo para todos nuestros vecinos: las familias viven con tragedias personales, como aquel que perdió el empleo o al que le impacta la inflación. Y no podemos dejar de señalar que este fin de año tengamos un ingreso mucho más generoso, pedimos un esfuerzo fiscal mayor al que han propuesto. Sé que lo están estudiando", reclamó Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, cuando le tocó hablar en nombre de su agrupación.

Juan Carlos Alderete, de la CCC, se mostró más conciliador: valoró que el relevamiento esté a cargo de las organizaciones sociales y agradeció a la intervención de la ministra Carolina Stanley por haber actuado ante amenazas sufridas y por la entrega de fondos para emprendimientos en La Matanza.

"Hay que poner el hombro para actuar ante esta realidad que siempre se escondió, tratándonos como que tenemos de rehenes a nuestros compañeros, esperemos que no se nos trate como lo hizo el gobierno anterior", apuntó al tiempo que estimó ya se censaron 72 mil familias.

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