domingo 4.12.2016 - Actualizado hace
Política
04 | 11 | 2016
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La ex presidenta deberá optar por una de sus dos pensiones

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Hasta tanto la ex presidenta decida por una de las pensiones que percibe en condición de ex mandataria y de viuda de un ex mandatario, el Estado le retendrá una de ellas.

La ex presidenta deberá optar por una de sus dos pensiones
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La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, firmó ayer una resolución que dispone la suspensión del pago de una asignación mensual vitalicia otorgada a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner debido a su incompatibilidad con el cobro de una pensión que le había sido reconocida por el fallecimiento de su esposo, Néstor Kirchner.

La ex presidenta deberá así optar por una de las dos pensiones que percibe en condición de ex mandataria y de viuda de un ex mandatario.

Hasta tanto la ex presidenta decida por una de las pensiones, el Estado le retendrá una de ellas.

La resolución indica además que "en el caso que se ejerza el derecho de opción, deberá efectuar la devolución del monto total que le fuera abonado indebidamente a partir de operada la incompatibilidad".

La ley 24.018 establece que cualquier asignación especial resulta incompatible con el goce de toda pensión o jubilación estatal y también el derecho de optar por una u otra.

En este sentido, la ex presidenta fue intimada a concretar la mencionada opción y hasta tanto ello no suceda la suspensión es procedente sobre el último de los beneficios otorgados por ser el que generó la incompatibilidad legal, de acuerdo a la resolución oficial.

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Rechazan nulidad

Por otro lado, el juez federal Claudio Bonadio rechazó un planteo de nulidad de la defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner sobre los operativos realizados en propiedades de la familia Kirchner en Río Gallegos para realizar una tasación en el marco de la causa Los Sauces.

El abogado de la ex mandataria, Carlos Beraldi, había planteado la nulidad de la resolución del magistrado que dispuso la tasación del valor de los inmuebles ubicados en las calles Mascarello 441, Mariano Moreno 882 y Alvear 391 de la capital de Santa Cruz, por entender que se trata de "una medida probatoria que impone una serie de recaudos cuya inobservancia fulmina la validez de la prueba".

Entre ellos, mencionó la falta de notificación a las partes antes que se inicien las operaciones periciales, lo que le imposibilitó "designar perito, ofrecer un temario ampliatorio, controlar la dirección de la experticia, verificar la calidad habilitante, la capacidad y compatibilidad de los peritos y, eventualmente, deducir recusación", aunque Bonadio rechazó el planteo.

"El defensor parte de un yerro el cual consiste en considerar una pericia, cuando claramente el decreto del 25 de agosto del corriente año dispone un estudio de los valores de los inmuebles y de las obras construidas en determinado lapso de tiempo, con lo cual de ningún modo puede ser considerada una pericia en que deba regirse por la normativa citada por la parte", apuntó.

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