Impulsado por las organizaciones sociales y apoyado por la CGT y la oposición, avanza en el Congreso un proyecto de emergencia social que para el gobierno resulta imposible financiar.

Mientras el Senado podría tratar la semana próxima el proyecto de emergencia social que establece un salario universal para los denominados trabajadores de la economía popular, en el gobierno admiten "preocupación" por el avance de esta medida a la que consideran de difícil financiación.

Se trata del proyecto que obtuvo dictamen la semana pasada en el Senado, que establece la "emergencia social" y que crea el "salario universal complementario", motorizado por las organizaciones sociales como Barrios de Pie, CCC y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

"Lo trataron tres comisiones: hubo algunas resistencias pero salió el dictamen y esperamos que sea aprobada. En Diputados ya hablamos con todos los bloques y nos dijeron que la van a votar. Queremos que salga antes de fin de año", sostuvo, con optimismo, Esteban "Gringo" Castro, secretario general de la CTEP que acompaña a Juan Grabois, cara visible de la organización y de estrecho vínculo con el Papa Francisco.

El próximo 18 de noviembre las organizaciones confluirán con columnas de la CGT en una marcha al Congreso para presionar para que se sancione la normativa en un año muy difícil "para el bolsillo de los trabajadores".

Según cuentan, tienen el compromiso de la Secretaría de Empleo para crear un registro para todos los trabajadores de la economía popular -recicladores, cooperativistas de "Argentina Trabaja" y planes municipales-, un paso previo para el eventual pago de una remuneración.

Y van por más: gestionan ante la Superintendencia de Servicios de Salud la creación de una obra social para los nuevos asalariados. "Marcha bien", adelantó Castro que, al mismo tiempo, contestó la chicana con la que algunos dirigentes los azuzan -"buscan una caja como la de los sindicatos"-: "Que se fijen en nuestra mutual con la que damos servicios de salud en convenio con el sindicato de ladrilleros".

La eventual sanción de la ley de emergencia social es observada "con preocupación" por el oficialismo, según confió una fuente oficial. "No cerrarían los números", se atajó. Lo cierto es que los defensores de la propuesta buscan financiarlo con un tributo adicional al juego, algo que aún se debate en el Parlamento.

El pasado lunes el senador Miguel Angel Pichetto, jefe de la bancada del PJ, se reunió en Casa Rosada con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para consensuar la agenda legislativa hasta fin de año. "Ese proyecto se conversó en la reunión. Pero no sabemos si va a salir: aún está en debate", dijo a este medio una fuente gubernamental consultada.

El peronismo acompañará la iniciativa en la próxima sesión cuando también, se descuenta, votará a favor el proyecto que establece la Participación Pública Privada (PPP) en obras públicas que tanto interesa al oficialismo.

En caso que la "emergencia social" obtenga media sanción, en el gobierno apuestan a tratar de demorar su paso por Diputados. Y, según trascendió de versiones extraoficiales, no se descartaría un veto parcial o total si llegara a convertirse en ley.


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"Algo escuchamos sobre la posibilidad de un veto parcial a la incorporación de un millón de beneficiarios al sistema. El rechazo total sería una locura y no sé cómo podríamos contener a los compañeros porque nos obligaría a salir a la protesta", concluyó el "Gringo" Castro.

La semana pasada el Papa Francisco recibió a dirigentes sociales durante el III Encuentro Mundial de Movimientos Populares, entre los que estuvo Grabois. Desde la CTEP remarcan que el Sumo Pontífice durante su discurso le dio un tácito respaldo "al salario universal" al asegurar que "todos los trabajadores, registrados o no" deberían percibir un ingreso.

En el Ministerio de Desarrollo Social, de vínculo fluido con las organizaciones sociales, ayer mostraron cautela respecto a la evolución de la iniciativa. Mañana se llevará adelante una nueva reunión con los principales dirigentes de la economía popular en la que podría anunciarse la "mejora" reclamada al bono de fin de año de mil pesos anunciado hace un mes en Casa Rosada.

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