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15 | 11 | 2016
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Encuesta | Mejor educación y leyes más duras para frenar la inseguridad

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Leyes que son blandas para con los delincuentes, la pobreza y la situación social y el accionar de jueces y policías son algunos de los puntos que los encuestados ven como explicación a tanta inseguridad en el país.

Encuesta | Mejor educación y leyes más duras para frenar la inseguridad
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La mayoría de los argentinos está de acuerdo con que la inseguridad es uno de los problemas centrales del país, pero la sociedad está dividida frente al diagnóstico y la posible solución del flagelo, ya que algunos ponen el foco en la educación, mientras que otro grupo apunta a endurecer las leyes y buscar personal idóneo para corregir errores judiciales y policiales.

Según un estudio de la consultora Opina Argentina, que entrevistó a mil personas de diversos puntos del país como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, San Juan y Neuquén, entre otros, un 56% se volcó hacia las deficiencias en lo punitivo y un 41% de los encuestados apuntó a un mix entre la situación social del país con las raíces estructurales en la falta de valores. Con una discusión que data de al menos 26 años, y en la que apenas un 3% de los encuestados decidió no contestar, los argentinos confirmaron la existencia de posturas antagónicas.

Existe un primer grupo compuesto por un 30% que considera que se da porque las leyes son muy blandas con los delincuentes y un 26% que cree que es la culpa de jueces y policías, mientras que la segunda posición cuenta con un poco menos de adhesión y está integrada por un 23% que insiste en que la problemática se produce por la pobreza y la situación social y un 18% que lo aduce a la falta de valores culturales. Esta especie de grieta se amplía cuando se habla sobre posibles medidas para acabar con el tema. Es que, prácticamente en igual proporción, un sector, que alcanza al 47% de consultados, insiste en endurecer las leyes y hacerlas cumplir con fuerzas de seguridad mejor preparadas, mientras que un 49% le pide al Estado que invierta en asistir y formar desde la temprana edad.


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Los números de la consultora indican que un 38% cree que la mejor alternativa es aumentar las penas y aplicar mano dura, mientras que un 9% habló de tener más policías y mejor equipados.

A la vez, del lado antagónico, un 35% habló de invertir más dinero en educación pública y un 14% en hacer lo propio con ayudas sociales.

En medio de este choque de posturas entre la mejora de aspectos represivos por un lado y educativos y sociales por otro, la mayoría coincide en que la primera preocupación del Gobierno del presidente Mauricio Macri y de la gobernadora María Eugenia Vidal es solucionar este flagelo y la sensación, más frecuente aún en los bonaerenses, de sentirse vulnerable ante la posibilidad de ser asaltado en cualquier horario, circunstancia y lugar.

El desafío para los Ejecutivos nacional y bonaerense será tomar medidas que combinen el pensamiento a corto y largo plazo, a fin de luchar contra el delito y, al mismo tiempo, tender a la construcción de una sociedad más integrada. Teniendo en cuenta estos aspectos, Opina Argentina consultó a la población acerca de la medida tomada por el gobierno de enviar gendarmes y prefectos a patrullar el Gran Buenos Aires, algo que fue ampliamente aceptado, ya que el 65% opinó positivamente al respecto.


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Aquel caso del ingeniero Santos inició el debate

El debate acerca de la concepción y las posibles soluciones sobre la inseguridad en la Argentina viene de larga data, ya que hace prácticamente 26 años que los ciudadanos se debaten entre la validez de la justicia por mano propia, la defensa legítima y, en contrapartida, el peligro de caer en casos de gatillo fácil. Desde la vuelta a la democracia, en 1983, esta creciente problemática se metió de lleno en la agenda pública y también la discusión sobre cómo combatirla. Por caso, en la década del 90 se produjo uno de los primeros ejemplos de justicia por mano propia, en lo que se conoce como el caso del ingeniero Santos.

Aquel hecho se produjo el 16 de junio de 1990 cuando Horacio Aníbal Santos persiguió en su auto por 20 cuadras a los jóvenes Osvaldo Aguirre y Carlos González, que le habían robado el pasacasette del auto, algo que ya le había sucedido en 11 oportunidades.

Harto de los robos, el hombre se subió al vehículo junto a su mujer y, una vez que los alcanzó, pensando que los delincuentes tenían un arma de fuego, les disparó en la cabeza y los mató, a pesar de que finalmente no estaban armados.


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Desde aquel entonces, la sociedad argentina comenzó a dividirse entre aquellos que consideraban correcta la justicia por mano propia, otros que consideraban que había actuado en legítima defensa, otros que se había excedido en esa figura y un cuarto grupo que calificó al hecho como gatillo fácil. Esa discusión no se zanjó y sigue vigente hasta hoy, sumando frecuentes episodios en los que la víctima, cansada de los constantes hechos de inseguridad, se defiende del ladrón y, en muchos casos, lo mata. 

Casos testigo, ocurridos hace pocos meses, son los del médico Lino Villar Cataldo, quien le disparó y mató a Ricardo Kabler cuando se disponía a robar su auto en el partido bonaerense de San Martín, y el del carnicero Daniel "Billy" Oyarzún, quien, en un caso similar al de Santos, luego de que dos malvivientes asalten su negocio, los siguió en su coche a fin de recuperar el dinero y los atropelló, causando la muerte de uno de ellos.


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