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Política
02 | 12 | 2016
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La Emergencia Social, lista para llegar al recinto

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La Comisión de presupuesto dio luz verde a la iniciativa acordada entre movimientos sociales y el gobierno nacional. Declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2019. Se vota el martes próximo.

La Emergencia Social, lista para llegar al recinto
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La Cámara de Diputados emitió ayer dictamen a favor de la ley que declara la Emergencia Social y que crea el Salario Social Complementario para los trabajadores de la economía informal, el que será llevado al recinto en la sesión extraordinaria del martes próximo.

Luego de varios días de trabajo en la redacción, el dictamen de mayoría fue firmado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda por casi todos los bloques, a excepción del Frente de Izquierda, que firmó despacho de minoría, y el Frente para la Victoria (FpV), que sin embargo adelantó que acompañará la iniciativa en el recinto.

"Estamos tratando de que la Argentina salga del plan social, que el Estado ponga un piso mínimo para alcanzar el Salario Mínimo, Vital y Móvil y nuclear todos los planes en el Salario Social Complementario", recalcó el jefe de bloque del Peronismo para la Victoria Leonardo Grosso.

Recordó que el puntapié inicial de este proceso "se dio en la calle", durante la marcha por el Día de San Cayetano del 7 de agosto pasado protagonizadas por la CTEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista Combativa (CCC), y más recientemente en el masivo acto que esos mismos actores y la CGT montaron frente al Congreso el 18 de noviembre. "Como consecuencia de la política económica de este año y de problemas estructurales que arrastra la Argentina, abrimos el debate para darle derechos a la economía popular e institucionalizar a los trabajadores", valoró el militante del Movimiento Evita.

De acuerdo con la hoja de ruta trazada por el oficialismo y la oposición, la iniciativa obtendría media sanción el próximo martes en el recinto, y luego tendría que ser revalidada en el Senado.

La Cámara alta ya había aprobado un proyecto del senador Juan Manuel Abal Medina que planteaba metas más ambiciosas que el gobierno no estaba dispuesto a aceptar, como la creación de un millón de puestos de trabajo vinculados a la obra pública, de modo que se consensuó un proyecto distinto, más moderado, que mantiene varias de las reivindicaciones de aquel.

El proyecto consta de doce artículos, entre los cuales se destaca la institucionalización de la actividad de los trabajadores informales, que conforman un tercio de la población económicamente activa del país, al estipular la creación del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social y del "Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP)".

El Salario Social Complementario, equivalente a la mitad del salario mínimo, vital y móvil, será fijado por el Consejo de la Economía Popular.

El diputado del PRO Eduardo Amadeo remarcó que "lo que se está discutiendo es muy importante políticamente", porque "este proceso que empezó con movilizaciones masivas permitió que ahora pudiéramos estar sentados acá con la maravilla del diálogo político, que -advirtió- puede ser un inicio y no un final".

Amadeo sostuvo además que es necesario "agregarle calidad, tecnología y sustentabilidad" a los sectores de la economía popular "para que los planes se conviertan en trabajo, porque allí está la dignidad".

La propuesta se basa en la reasignación de partidas por 25 mil millones de pesos en los próximos tres años para financiar la emergencia social, con la opción de reforzar con 5.000 millones adicionales en caso de que al 31 de diciembre del 2018 ya haya sido agotada la ejecución de esa cantidad de recursos.

La diputada del Peronismo para la Victoria Lucila de Ponti celebró el acuerdo interpartidario para avanzar con el dictamen de mayoría, en el marco de "un paradigma nuevo que pone el foco en reconocer a un nuevo sujeto social, que se visibilizó en la calle con mucha fuerza". "No podemos quedarnos en una visión sesgada que nos lleva a sacralizar la relación salarial clásica como la única relación salarial posible. Tenemos que pensar en los sectores más desprotegidos", subrayó y resaltó la importancia plantear una "normativa del siglo XXI de acuerdo a las características que tiene hoy en día la clase trabajadora".

En la misma frecuencia, la diputada de Libres del Sur Victoria Donda opinó que "en la sociedad moderna no se le puede garantizar trabajo a todos", y que la alternativa obligada es que el Estado "garantice a todos un piso mínimo de derechos y de libertades ciudadanas".

La diputada progresista apuntó contra la izquierda y contra el kirchnerismo duro, que en la última semana cuestionaron el acta firmada por las organizaciones sociales con el gobierno con el argumento de que no ataca las causas de fondo que generan la emergencia social y que a cambio de un paliativo negocian gobernabilidad y suspensión del conflicto social.

"Lograr un Consejo donde se reconozcan a los trabajadores informales es un triunfo y los triunfos no se regalan. Los derechos se consiguen luchando", afirmó Donda, que criticó la lógica trotskista del "cuánto peor, mejor".

A su turno, el diputado del Partido Obrero Néstor Pitrola adelantó que su bloque firmaría un dictamen en minoría, al manifestarse en disidencia con la propuesta mayoritaria por considerar que naturaliza la "precarización" del trabajo. "Esto es la precarización de la precarización. No estamos de acuerdo", arremetió el dirigente de izquierda, que puso el ejemplo de muchos municipios que utilizan el régimen de planes sociales para encubrir relaciones laborales precarias.

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Los del Partido Obrero no quieren ninguna tregua

Militantes del Polo Obrero cortaron ayer la avenida 9 de Julio a la altura del Obelisco en el marco de una jornada lucha nacional "contra el ajuste del gobierno de (Mauricio) Macri y por trabajo genuino".

Con una bandera con la inscripción "Ninguna tregua a los ajustadores", un centenar de militantes de esa agrupación de izquierda reclamaron por "un seguro al desocupado y contra la precarización laboral de quienes revistan en planes sociales". Además exigen que los programas sociales se nivelen con el Salario Mínimo, Vital y Móvil y reclaman el pase a planta permanente de los cooperativistas.

La organización piquetera, que responde al PO, rechaza "el acta de paz social firmada entre la ministra de Desarrollo Social de la Nación Carolina Stanley y Barrios de Pie, la CCC y CTEP, que establece el cese de cualquier acción de lucha a cambio de bonos por única vez.

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