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El Defensor de los Consumidores
04 | 12 | 2016
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Multa contra empresa de alarmas

Pablo Chamatropulos
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Por Pablo Chamatropulos


El negocio de la 'seguridad privada' crece de manera directamente proporcional al crecimiento de los índices de 'inseguridad públicos', y en afán de obtener algo de protección los ciudadanos recurren a la contratación de sistemas de alarmas, de monitoreos, de cámaras de TV, etcétera. Y por lo tanto las empresas del sector amplifican sus publicidades y sus estrategias de coptación de clientes.

Multa contra empresa de alarmas
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Más allá de varias precauciones que hay que tener con relación a los sistemas ofrecidos y su fiabilidad es oportuno recordar que los consumidores tienen que estar muy atentos a la publicidad engañosa o a la forma de contratación.

En el caso que ejemplifica nuestra columna de hoy un cliente reclama ante la autoridad de aplicación porque le debitaron el costo de la instalación de la alarma (que para colmo de males nunca le instalaron) en 6 cuotas en lugar de las 12 convenidas.

La autoridad de control de la ley le aplicó una multa de $ 50.000 a la empresa la que fue confirmada por la justicia y cuya lectura de los párrafos más importantes de la sentencia pueden brindarnos información importante sobre nuestros derechos.

Causa Nº 54004/14 'ADT Security Services SA C/ DNCI 'por disposición Nº 241/2014 de fecha 19 de agosto de 2014 la Dirección Nacional de Comercio Interior impuso a la firma ADT Security Services S.A. una multa de cincuenta mil pesos ($ 50.000) por infracción al art. 19 de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, por haber incumplido los términos, condiciones y modalidades del servicio de monitoreo de alarma convenido, liquidando el mismo en la tarjeta de crédito de la denunciante en seis (6) cuotas en lugar de las doce (12) cuotas oportunamente convenidas.

Asimismo ordenó publicar la parte dispositiva de dicha resolución de acuerdo a lo establecido por el art. 47 de la Ley 24240, bajo apercibimiento de hacerlo la Autoridad de Aplicación a costa del infractor.- La infracción al art. 4º de la ley 24.240 se refiere la falta de información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de las cosas que se comercializan o los servicios que se prestan, y el vocablo veraz utilizado por la norma quiere decir fiel a la verdad.

Además, corresponde precisar que, en la especie, se trata de 'infracciones formales' en las cuales la verificación de los hechos hace nacer, por si, la responsabilidad del infractor. La infracción se configura por la sola omisión o el incumplimiento de los deberes u obligaciones a cargo de los prestadores de bienes y servicios y no requiere la producción de un daño concreto; pues basta la conducta objetiva contraria a la ley (conf. 'Viajes Ati SA -Empresa de viajes y Turismo-c/DNCI ' del 10/3/09; 'ITG SA C/ EN-SCI-Disp 391/08', del 2/9/10 'Circulo de inv. SA de Ahorro para fines Determ. c/DNCI s/ Recurso Directo' , del 20/11/12, entre muchos otros.). En tal sentido, corresponde puntualizar que no se requiere un daño concreto a los derechos de los consumidores, sino la posibilidad de la existencia de tal daño, pues las normas legales imponen pautas y conductas objetivas que deben ser respetadas, bajo apercibimiento de las sanciones previstas en la norma (conf. Sala V 'José Saponara y Hnos c/Sec. de Comercio' del 25/6/97 y 'Banco del Buen Ayre S.A.-RDI c/DNCI-DISP. 618/05' del 6/2/07).

El agravio de falta de fundamento planteado por la recurrente, no puede ser admitido en razón de que se advierte que en la resolución recurrida, para determinar la cuantía de la multa, el Director Nacional de Comercio Interior hizo mención a la posición en mercado de la infractora, el informe de antecedentes y el criterio jurisprudencial según el cual las multas del derecho penal económico, no son puramente retributivas, sino sanciones ejemplificadoras e intimidatorias.

Ello es así desde que el adecuado funcionamiento del mercado tiene como pilar fundamental una información clara y disponible en todo momento para los consumidores, la que debe ser proporcionada en forma amplia por los proveedores de bienes y servicios.- Se resuelve: confirmar la resolución Nº 441/14 de la Dirección Nacional de Comercio Interior. Las costas se imponen a la actora conforme al principio objetivo de la derrota sentado por el art. 68, 1ª parte del CPCC).



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