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Política
21 | 12 | 2016
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Desde el ‘83, todo presidente tuvo un primer año azaroso

José Di Mauro
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Por José Di Mauro


Los problemas que embargaron al actual gobierno en su primer año de gestión son una constante, si se echa un vistazo a los antecedentes, donde hay una excepción que confirma la regla.

Desde el ‘83, todo presidente tuvo un primer año azaroso
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El gobierno transcurrió buena parte de la primera mitad del año anticipando las mieles que esperaban en el segundo semestre. Corría el riesgo de que se lo facturaran ni bien arrancara el mismo, pero igual lo tomó. La apuesta salió mal: la segunda mitad del año fue claramente peor que la primera. En lo político, con peleas imprevistas y fracasos legislativos que no había tenido en el primer semestre; y en lo económico, con una crisis que lejos estuvo de alejarse, indicadores que siguieron negativos, y un panorama internacional que imprevistamente se opacó con el triunfo inesperado de Donald Trump.

Con todo, las encuestas marcan una esperable baja del gobierno en la consideración pública -menor a lo previsible, según la magnitud de la crisis-, pero la esperanza sigue cotizando alto de cara al segundo año, electoral para más datos. Hay además un activo al que se puede echar mano: los antecedentes. A todos los gobiernos desde la recuperación democrática les fue bastante mal, sobre todo en la economía, en el primer año.

A Raúl Alfonsín muchos lo recuerdan como el padre de la democracia. De su gestión se ponderan muchas de las medidas que impulsó en sus primeros tiempos, como el decreto 157, que firmó a los tres días de haber asumido y en el que disponía el juicio a los ex comandantes de las tres juntas militares del Proceso, por su responsabilidad en los homicidios, torturas y detenciones ilegales perpetradas entre 1976 y 1983.

Pero el karma del radicalismo en el poder fue la economía, con una deuda externa monumental que le dejaron los militares y un contexto internacional que se complicaba además por la suba de los intereses de la deuda externa y la baja de los precios agrícolas. El ministro de Economía Bernardo Grinspun intentó aplicar una clásica política keynesiana orientada a fortalecer el mercado interno, mediante el aumento de salarios y el control de las tarifas de los servicios públicos. Nunca logró poner en caja la economía. Se fue a principios del 85, con una inflación del 30% mensual y su sucesor salvó las papas con el Plan Austral que le permitió ganar las elecciones de ese año.

A mediados de mayo del 84, el gobierno de Alfonsín presentó el Programa Alimentario Nacional, que distribuía alimentos a cinco millones de personas, que algunos llegaron a comparar luego con el Plan Jefes y Jefas de Hogar.

El sindicalismo tuvo en jaque al gobierno de Alfonsín a lo largo de toda su gestión. En febrero de 1984 la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley sobre Reordenamiento Sindical, que promovía la creación de nuevas uniones gremiales, pero que despertó la reacción adversa de las dos CGT. El proyecto terminó naufragando en el Senado, y fue la gran derrota legislativa de la gestión alfonsinista.

El primer año de Carlos Menem se adelantó seis meses, los que cedió su antecesor agobiado por la crisis y una hiperinflación galopante. El riojano llegó al poder con las promesas de "salariazo" y la "revolución productiva", y tiempo después terminó confesando que si decía lo que iba a hacer realmente no lo votaba nadie. Los precios experimentaron durante el mes de julio de 1989 en el que asumió una suba del 197%, mientras que los salarios quedaban relegados con reacomodamientos de entre el 110 y el 160%. Los precios de las tarifas de servicios, rezagados frente a la escalada de precios, subieron la friolera de un 700%.

Menem sorprendió de entrada con un giro ideológico imprevisto, que lo mostró abrazándose a la UCeDé: nombró a Alvaro Alsogaray asesor presidencial a cargo del tema deuda externa y más tarde a su hija María Julia al frente de la privatización de ENTEL, una de las privatizaciones que impulsó el gobierno menemista en sus primeros meses de gestión. Pero más sorprendente aún fue el acuerdo con el grupo Bunge & Born, por el cual se hizo cargo de la economía Miguel Roig, quien falleció antes de cumplir una semana como ministro y lo sucedió Néstor Rapanelli, quien aplicó una devaluación de casi el 100% y decidió un ajuste fiscal, plan que Menem definió como "economía popular de mercado".

La alianza estratégica con Bunge & Born duró seis meses y concluyó en el marco de una nueva espiral inflacionaria. Tras ese fracaso, Menem puso a su comprovinciano Antonio Erman González al frente de la economía, y el 28 de diciembre de 1989 impulsó el Plan Bonex, un canje compulsivo de los depósitos a plazo fijo por títulos públicos. La confiscación alcanzó al 60% de la base monetaria, provocando una fuerte recesión. González no pudo contener la inflación, cosa que sí hizo la Convertibilidad que impuso Domingo Cavallo en 1991. Las inversiones, recuerdan los memoriosos, recién llegaron después de dos años de Menem en el poder, cuando ya había ganado las primeras elecciones que enfrentó.


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Para cuando asumió Fernando de la Rúa, en 1999, la Convertibilidad estaba agotada, pero el radical había ganado con la promesa de mantenerla y se propuso cumplir. En su primer mes intentó aliviar las cargas del sistema jubilatorio sobre el Estado, reduciendo la Prestación Compensatoria a quienes ganaran más de 640 pesos. En febrero del año 2000, el gobierno de De la Rúa impulsó el proyecto de reforma laboral, aprobado el 26 de abril en el Senado. Hugo Moyano ya había hablado para entonces de la existencia de una "Banelco" a cargo del ministro de Trabajo Alberto Flamarique para aflojar voluntades en la Cámara alta.

De la Rúa no había cumplido 10 meses en el poder, cuando se quedó sin vice: el 6 de octubre de 2000 el vicepresidente Carlos "Chacho" Alvarez renunció a su cargo por las coimas del Senado. El gobierno de De la Rúa jamás se pudo recuperar de esa crisis.

Eduardo Duhalde fue así otro presidente que asumió con una pesada herencia. En su discurso inaugural, el 1º de enero de 2002, pronunció su recordada frase: "El que depositó dólares, recibirá dólares", promesa que no pudo cumplir.

Paralelamente dispuso la salida de la Ley de Convertibilidad, con la consecuente devaluación del peso en un 50%. A su vez, aplicó la Ley de Emergencia Económica por la cual se pesificaron los contratos privados y públicos, ahorros bancarios y fondos provisionales. Se congelaron las tarifas de los servicios públicos privatizados.

A los cinco meses de gestión, el PBI había caído un 10,7%, el desempleo se disparaba al 21,5% y las reservas del BCRA no superaban los diez mil millones de dólares. El dólar coqueteaba con los cuatro pesos, la pobreza rozaba el 50% y la indigencia el 27%. Para entonces, más precisamente a fines de abril, Jorge Remes Lenicov había dejado de ser ministro de Economía, reemplazándolo Roberto Lavagna. Al primero se le reconoce el mérito de haber hecho el "trabajo sucio".

El 26 de junio de 2002 se produjeron los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en Avellaneda. El hecho asustó tanto al presidente Duhalde, que decidió acortar su mandato.

La economía había dejado de caer en marzo de 2002 y en abril comenzó a crecer, la inflación se mantuvo bajo control y no hubo ningún estallido social.

Así fue que Néstor Kirchner recibió un país en pleno "rebote" económico, y por eso se convirtió en la excepción que la regla de que los presidentes siempre tienen un primer año malo. El primer año del santacruceño no lo fue, más bien todo lo contrario, al punto tal que pudo mantener los superávits gemelos hasta que despidió a Roberto Lavagna, en 2005.

En lo institucional siempre se le reivindicó la recomposición de la Corte Suprema que logró concretar.

Pero el modelo comenzaba a dar señales de agotamiento al concluir el mandato de Kirchner. Su esposa Cristina se encontró al asumir con un grave problema energético. Por eso, el último día hábil de 2007 puso en marcha un plan de emergencia de ahorro de energía que consistía en atrasar la hora oficial 60 minutos, al tiempo que se iniciaba el reparto de lámparas de bajo consumo.

Cristina había llegado con la misión de darle a su gestión una pátina de mayor institucionalidad, pero de entrada nomás ese objetivo comenzó a trastabillar cuando estalló el caso Antonini Wilson, el venezolano que traía un maletín con casi 800 mil dólares que después atribuirían a la campaña de CFK.

Pero lo peor llegaría con el conflicto que se conocería como la guerra con el campo, que se extendió por 127 días. Estalló en el verano, cuando Cristina Kirchner firmó a instancias de Martín Lousteau la resolución 125, que establecía un nuevo esquema de retenciones móviles para las exportaciones de soja, girasol, trigo y maíz, cuya tasa variaría en función de los precios internacionales de esos granos. Se iniciaron a partir de marzo bloqueos en puertos y rutas por parte de productores rurales que rechazaban las medidas. Lousteau renunció el 25 de abril, en plena pelea con el campo, que se extendió hasta el voto no positivo de Julio Cobos, el 17 de julio de 2008.

Al comenzar su segunda presidencia, Cristina dio señales de racionalidad. Su equipo económico comandado por su futuro vice, Amado Boudou, y su sucesor Hernán Lorenzino, comenzaron a dar pasos concretos hacia una vuelta a los mercados de capitales y se dio inicio a la "sintonía fina", como se denominó al retiro de subsidios. Pero ya antes de iniciar el segundo mandato, el 28 de octubre -tras ganar las elecciones por el 54%-, instalaban el cepo cambiario ante la fuerte caída de las reservas. La elaboración del esquema de reducción de subsidios siguió avanzando y para eso se universalizó la implementación de la tarjeta SUBE.

Sin embargo sobrevino la tragedia de Once, el 22 de febrero de 2012, que dejó un saldo de 51 muertos, y la decisión de reacondicionar las tarifas de transporte se dejó de lado.

En su reaparición pública tras el silencio que sucedió a la tragedia, la Presidenta emitió su emblemático: "Vamos por todo". Cambió la agenda y se le apuntó a YPF. Cristina comenzó a preparar el terreno al advertir sobre la manera como impactaba en la balanza comercial el fuerte gasto en energía. Necesitaba cuanto antes recuperar la iniciativa, afectada no solo por la tragedia del tren Sarmiento, sino también por el escándalo del caso Ciccone, respecto al cual había decidido alinear a su gobierno en la defensa de su vicepresidente, Amado Boudou.

Retomó la iniciativa cuando anunció la expropiación de YPF. El kirchnerismo se embarcó en otra epopeya para sumar al relato oficial y se convenció de que con ello podría revertir también las cuentas exhaustas por el rojo energético. Pero para entonces eran muchos los frentes abiertos por el cristinismo, que ya había instalado en la vereda de enfrente a Hugo Moyano. Mientras tanto el escándalo con el vicepresidente Boudou había arrastrado al procurador general de la Nación, Esteban Righi, en cuyo puesto Cristina propuso a Daniel Reposo, cuya postulación se derritió en el Senado por su currículum endeble. Al cumplirse los seis meses del mandato, Cristina debió retirar su pliego ante la falta de votos para promoverlo. En su lugar nombró a Alejandra Gils Carbó.

Como se ve, todos los presidentes menos uno tuvieron un primer año azaroso. Un consuelo para que el actual pueda esperar un futuro más venturoso, que exceda los límites semestrales.
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