Una entidad de consumidores denunció que en la Ciudad de Buenos Aires hay 500 edificios con el suministro de gas cortado por Metrogas por graves deficiencias en la instalación, pero que “los inmuebles con irregularidades serían muchos más”. Así lo aseguró a este diario Ricardo Tondo, titular del Centro de Transparencia Inmobiliaria (CATI), que señaló que “las deficiencias son muy graves, a tal punto que ponen en riesgo la seguridad de las personas que viven en esos edificios”. Según Tondo, estos 500 edificios con el gas cortado sólo son la punta del iceberg del problema. “La falta de controles por parte del ente regulador (ENARGAS) y de la comuna porteña oculta una realidad, que además los consorcistas y administradores con su silencio toleran”, dijo a este diario. Según detalló el especialista se trata de fallas en las instalaciones de los edificios y de las unidades individuales generadas por la falta de adaptación a la reglamentación en vigencia desde la privatización del servicio, en el año 1992. “En el Centro Argentino de Transparencia Inmobiliaria (CATI) tenemos registrados unos 500 edificios, sólo en el área de la Ciudad de Buenos Aires, que sufren o han sufrido cortes de suministro por parte de Metrogas”, dijo Tondo. “Lo más grave es que muchos de esos edificios a los que se les ha cortado el gas han obtenido luego la rehabilitación parcial sin resolver los problemas y más grave aún es que muchos han evitado los cortes gracias a las dádivas de los administradores”, señaló el especialista.
Cientos de denuncias
Entre las denuncias recibidas, Tondo destacó la de un edificio en Chacarita que tiene cortado el suministro de gas desde hace 12 meses y otro en la calle Guido, en Recoleta, que además sufrió un incendio por un cortocircuito producto de la sobrecarga eléctrica. “En Austria y Laprida hay una torre de departamentos que tienen los calefones en los baños, algo que está fuera de reglamento por el peligro que representa por la producción de monóxido de carbono”, señaló Tondo que definió a estos inmuebles como “edificios tóxicos”. Según el titular del CATI, la situación se reproduce en todo el país y es particularmente grave en la costa atlántica donde hay menos controles y las habilitaciones son más fáciles de conseguir.. En febrero del año pasado en un departamento de Pinamar explotó un calefón afectando gravemente a una pareja joven que pasaba sus vacaciones y que sufrió horribles quemaduras que les produjo la muerte. La familia de las víctimas denunció luego que el accidente fue el resultado de la deficiente instalación de gas y la falta de controles.
Como caja de Pandora
En los años 90 cuando se entregó el servicio de gas domiciliario a los privados se aprobó una normativa con nuevas especificaciones de seguridad. La ley estableció un plazo de 10 años para que los consorcios adaptaran sus instalaciones a las nuevas normas, algo que no todos hicieron. “Para no entrar en gastos los consorcios dejaron las cosas como estaban y en algunos casos hubo arreglos con los inspectores para que no se suspendiera el servicio. El resultado es que está todo pegado con alambre en una situación que involucra por igual a propietarios inquilinos y rentistas”, consideró Tondo. En este sentido el especialista advirtió sobre el riesgo de alquilar o adquirir inmuebles con vicios en las instalaciones de gas ya que “en esos casos el comprador o el inquilino resultan perjudicados cuando se abre la caja de Pandora”. “Por eso es recomendable revisar exhaustivamente las instalaciones de gas y electricidad antes de hacerse cargo de la propiedad”, dijo Tondo que aconsejó requerir los servicios de un gasista matriculado para que extienda un certificado contemporáneo a la firma del contrato.

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