Los extranjeros representan solo el 1% de los jóvenes de entre 16 y 17 que están imputados por la Justicia Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, según reveló un informe elaborado por el Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA) de la Defensoría del Pueblo bonaerense.

“En momentos de crisis, muchos sectores políticos optan por reduccionismos que no constituyen una solución a problemas tan graves y complejos como la inseguridad y el narcotráfico, y hasta pueden agravar aún más la situación”, explicó Walter Martello, quien está a cargo del mencionado Observatorio.

El dirigente expresó que “reducir las políticas de Estado a cuestiones ligadas al lugar de nacimiento, o a la nacionalidad que figura en un documento de identidad, puede derivar en una sistemática violación de derechos. Y podría afectar principalmente a niños, niñas y adolescentes”.

En territorio bonaerense, los datos oficiales muestran que los ciudadanos extranjeros representan solo el 1% de los jóvenes de entre 16 y 17 que están imputados por la Justicia Penal Juvenil.

En ese sentido, sobre un total de 2.434 jóvenes, el 99% de aquellos que durante el año 2017 formaban parte del Registro de Procesos del Niño eran de nacionalidad argentina. Y destacó que medidas similares a las que ahora se intentan instalar en la Argentina comenzaron a instrumentarse en Estados Unidos, generando una grave situación humanitaria. Para el Defensor del Pueblo Adjunto es indispensable ponerle un freno a la estigmatización, la discriminación y la exclusión de las personas migrantes causadas por la asociación automática entre migración y delito.

“Los impactos de las medidas que apuntan a endurecer la política migratoria son enormes porque muchas veces intensifican los prejuicios, la segregación y los conflictos sociales. Y hasta pueden derivar en un aumento de la violencia. Sus efectos más profundos se sienten en grupos específicos, como las y los niños, niñas y adolescentes”, agregó Martello.

Por otra parte, Martello consideró que es imposible combatir un flagelo global, como el narcotráfico, “sin trabajar conjuntamente con los gobiernos de otros países, especialmente con las naciones limítrofes”.

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