Por orden del juez federal Luis Armella, se montó un operativo en el edificio de la comuna que conduce el intendente Jorge Ferraresi. Calculan que las maniobras fueron de alrededor de 300 millones de pesos.

Efectivos de Prefectura allanaron la Municipalidad de Avellaneda en el marco de una investigación por supuestos desvíos de fondos de hasta 300 millones de pesos, que apunta por hechos de corrupción a funcionarios bajo la órbita del intendente Jorge Ferraresi, desde donde califican al suceso como “una maniobra política”.

El allanamiento, ordenado por el juzgado federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, tuvo lugar en el Departamento de Asuntos Legales del edificio comunal, para buscar pruebas sobre presuntas maniobras con cooperativas del plan Argentina Trabaja entre 2013 y 2015, que habrían ocasionado una defraudación de unos 300 millones de pesos al erario estatal.

Tras el operativo, desde la Secretaría Privada y el área de Legales no emitieron un comunicado oficial sobre el caso y los funcionarios se retiraron temprano. Sin embargo, fuentes cercanas a Ferraresi señalaron a Télam que “es una maniobra política, porque todo es un invento”.

Según el informe del juzgado “el objetivo fue encontrar documentación que acredite presuntas maniobras ilegales de empleados de la intendencia en el marco de una investigación por desvíos de fondos provenientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Provincia”.

Así, tras el operativo a cargo de agentes del Departamento de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Prefectura Naval Argentina, se secuestraron contratos que firmó la comuna con cooperativas para realizar obras a través del programa Argentina Trabaja, bajo la sospecha de que terminaron en manos privadas, que estarían emparentadas con funcionarios municipales y de la cartera de Desarrollo Social que por entonces comandaba Alicia Kirchner.

También, se investiga la participación de la administración del ex gobernador Daniel Scioli mediante el programa Soluciones Ya, así como la relación de todas las citadas dependencias con la Federación de Cooperativas de Trabajo Nuevos Aires.

En un modus operandi similar a las causas que involucran a la organización Tupac Amaru de Milagro Sala, la Justicia sospecha que funcionarios de la administración pública o allegados eran los que se quedaban con las obras y el dinero bajo la pantalla de las cooperativas. En ese sentido, trascendió que entre las constructoras privadas se encontraría la de un ex vicepresidente de Racing Club.

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