Tras su testimonio (se presentó en forma voluntaria en Comodoro Py como “arrepentido”), el ex dueño de la constructora IECSA quedó en libertad, lo mismo que el empresario Sánchez Caballero.

El ex dueño de la constructora IECSA y primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, declaró ayer ante el juez federal Claudio Bonadio que realizó pagos ilegales al gobierno kirchnerista bajo “presión” del ex secretario Roberto Baratta y se sumó al grupo de empresarios “arrepentidos” que quedaron en libertad. Calcaterra se presentó voluntariamente en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar como “imputado colaborador” en la causa por los cuadernos con detalles del presunto pago de sobornos por la obra pública al gobierno anterior: dijo que efectivamente ordenó desembolsos en negro pero no a modo de “retornos” por las obras concedidas a su empresa sino en medio de “aprietes” de Baratta para financiar las campañas electorales del kirchnerismo en 2013 y 2015. Tras su testimonio, Calcaterra dejó los Tribunales en libertad, lo mismo que ocurrió con el ex CEO de IECSA Javier Sánchez Caballero, detenido desde el miércoles y este lunes excarcelado también bajo calidad de “arrepentido”.

“Yo le daba la plata a Sánchez Caballero, él pagaba por orden mía”, dijo Calcaterra en su declaración ante Bonadio y, si bien avaló los domicilios anotados en los cuadernos del chofer Oscar Centeno como lugares de pago, sostuvo que los montos eran inferiores a los allí registrados. Durante la jornada, además, declararon en el mismo sentido otros dos empresarios que figuran en los cuadernos del chofer, Alejandro Ivanissevich de Emgasud y Manuel Santos Uribelarrea de MSU, mientras que el juez Bonadio ordenó la detención de un tercero que se negó a dar su testimonio en el Juzgado. Se trata del empresario Rodolfo Poblete, del Grupo Romero, una de las personas a las que el magistrado le iba a tomar indagatoria este martes en los tribunales de Comodoro Py, pero que aún no tenía pedido de prisión preventiva.

Ivanissevich y Uribelarrea, en tanto (ver aparte), también declararon que los aportes para la campaña del FPV se los había pedido Baratta, ex mano derecha del ex ministro Julio De Vido en Planificación Federal y quien se encuentra detenido en esta causa, indicaron fuentes judiciales. Según detalló Uribelarrea, en 2015 Baratta le reclamó 100 mil dólares y él los pagó en tres cuotas, una antes de las primarias y las otros dos previas a las generales: además, dijo haberse sentido “presionado” para realizar ese pago, algo de lo que también ratificó en su indagatoria Ivanissevich.

El único prófugo en la causa es Oscar Thomas, quien fuera director del Ente Binacional Yacyretá y uno de los funcionarios de confianza del ex ministro De Vido, y quien mediante su abogado, José Manuel Ubeira, intenta conseguir ahora la exención de prisión. Mientras continúa la ronda de declaraciones, Centeno volverá a presentarse ante Bonadio en los próximos días para deslindar algunas dudas de los investigadores, a los que ya se sumó el fiscal federal Carlos Rívolo por decisión de la Procuración General de la Nación, pudo saber NA.

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