El fuerte aumento de los costos y la depreciación de los aranceles complica la continuidad de clínicas, geriátricos, instituciones psiquiátricas y prestadores de diagnóstico médico ambulatorio, denunciaron representantes del sector que reclamaron una urgente recomposición de los valores.

Desde CONAES -Consejo de Entidades de Salud- vienen alertando sobre “el impacto negativo que están soportando los prestadores independientes, dados los fuertes aumentos de sus costos operativos, de la presión fiscal y de la justa actualización de los salarios de los trabajadores del sector”.

La entidad destacó que la actividad se sostiene con ingresos que dependen de valores arancelarios rígidos, definidos básicamente por los propios financiadores.

“La devaluación de la moneda nacional agravó sensiblemente la situación, toda vez que el equipamiento y los insumos utilizados actualizan sus precios con el valor del dólar”, señaló CONAES.

La entidad advirtió que el sector no está en condiciones de soportar una nueva suba de sus costos, dado que la crisis producida por la continua depreciación arancelaria sigue profundizándose.

“Los mayores fondos que reciben las obras sociales y prepagas -aumentos de recaudación y suba de cuotas-, no se trasladan adecuadamente a los aranceles que pagan a sus prestadores, sobre todo aquellos pequeños y medianos”, denunciaron los prestadores.

En este marco, CONAES destacó la situación de las instituciones geriátricas que la integran.

“Se trata de pequeñas empresas que prestan servicios al PAMI, recibiendo por dicha prestación un valor diario de $700, circunstancia que hace imposible cumplir con los requerimientos que hacen a una digna prestación, transformándolas así en financiadores de este Instituto”, expresaron.

Ante la situación, CONAES reclamó “la urgente adopción de medidas concretas: regulación de los plazos de pago por parte de las obras sociales y prepagas - hoy cobran sus prestaciones a 60, 90 y hasta más de 120 días de retraso”.

Asimismo peticionaron la conformación de una mesa de diálogo permanente entre el Estado Nacional y los actores del sector salud; la instrumentación de un régimen que permita aplicar los créditos fiscales de IVA no computables a la cancelación de contribuciones patronales, entre otras medidas.

Finalmente la entidad alertó sobre la gravedad de la situación para la continuidad de las empresas que representa, y destacó la necesidad de sostener la actividad de esta extensa red de prestadores, por razones económicas, sociales, y fundamentalmente por su impacto sobre la salud de la población argentina.

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